EL CASO PIÑERA.

Rodrigo Pulgar Castro, Doctor en Filosofía.

¿Qué se ha de pensar si alguien dice que si es necesario irá más allá de la ley? Lo primero identificar el sujeto que emite tal declaración. En principio éste puede caer en la categoría de santo o de delincuente, pues no se espera de una persona normal que trabaja, paga sus impuestos y actúa siguiendo la ley diga o afirma tal cuestión, a no ser que por un hecho que lo afecta directa o indirectamente se vea impulsado  a emitir tal declaración que, por ejemplo, encierre por ejemplo el deseo de venganza, o simplemente hacer justicia por su propio mano ante una afrenta que lo amerita a causa que la ley no tiene contemplado algún castigo proporcional; quizá  a esta persona no le baste la sanción social y moral de su comunidad, sino que espera un castigo ejemplar.

Sabemos que el santo lo es por una disposición al servicio del prójimo aguijoneada  por su fe en Dios, por ejemplo el Padre Hurtado, o en disposición mística –arrebato- para alcanzar mayor entendimiento de Dios para así comprenderse criatura (Santa Teresa de Ávila). Lo curioso que el santo o santa no se pone a discutir la ley como lo que explica su movimiento vital-religioso. Acaso llegado el punto de hacerlo, lo hace motivando al legislador a pensar y dictar una ley que mejore algo considerado injusto, vale decir, que atente contra derechos fundamentales. Pero si el que dice  aquello de ir si fuese necesario más allá de la ley es un candidato a la Presidencia de la  República, la cosa no pinta bien, pues ¿si  en la eventualidad que por votación popular se convierta en el primero de la nación y con el precedente declarado,  qué se espera del resto? El deseo de imitarlo no será una excepción, pues es modelo de acción y varios  pueden encontrar en sus palabras el argumento para sus operaciones, por cierto, no jurídicamente válidas.

Me imagino que Piñera y sus asesores admiran a Sócrates el sabio ateniense. Conocen del sacrificio del filósofo que hizo de su muerte el mayor gesto de amor a la ley, pues entendía que la norma jurídica es el resultado del acuerdo racional entre los ciudadanos, y que, por tanto, en ella descansaba la armonía social, el bienestar de una nación. De ahí que hoy podamos hablar de Estado de Derecho.

El meollo del asunto apunta al descrédito de la ley, pues ¿acaso no se encierra el descrédito al valor de la ley en la declaración de Piñera?, por tanto, explicada  en el hecho de permitirse el lujo de superarla por deseos no nítidos o, sencillamente, por no ser capaz de navegar entre dos señores: el dinero  o la entrega desinteresada. No es antojadizo pensar críticamente el asunto Piñera, pues en él no hay signos del desinterés efectivo (su riqueza aumentó mucho cuando fue presidente de la república y esto a pesar de un fideicomiso  que se  esperaba no lo permitía). Por de pronto, y en vista del bienestar común se precisa aclarar las aguas. Pero sucede lo contrario: el afán de poder no permite meditar las palabras e insistir en ellas. Lo cual es riesgoso proveniente de quién aspira a gobernar la república.

Con mucha facilidad se olvida que gobernar es un verbo que implica mucho, ya que apunta a varias dimensiones de la vida, y que en el caso de lo político tiene, por excelencia, la  exigencia de   gobernar para el bien común, cuestión posible sólo si primero se gobierna a sí mismo en sus afanes diarios a fin de no caer en el deseo de gobernar el bien común para su provecho particular y el de los suyos.

Es bueno considerar esa cláusula a la cual el que gobierna una nación debe obedecer, esto es: ya no es él el primero son los otros los que importan primero, y  en particular los que ven cada día más lejano el bienestar, los que no encuentran aún el ser tratados con justicia.