Editorial. La madre de todas las batallas.

Resulta duro decirlo, pero no solo el destino del Gobierno de Gabreil Boric sino probablemente el destino del país se juegan en el campo de la seguridad, el orden público, el narcotráfico y la delincuencia, facetas todas que pueden ser cobijadas bajo el mismo paraguas como expresiones vivas de una sociedad violenta.

Si bien el tema aparentemente concita la preocupación de toda la gente, las responsabilidades sobre la materia recaen, a juicio de la gran mayoría sobre los hombros de las autoridades. Sin embargo, es ridícula la forma en que cada quien pretende soslayar sus obligaciones y busca culpar a otros de lo que está pasando.

En la semana, el hasta ahora silente ex Presidente de la República Sebastián Piñera, ha roto su afasia para asumir un discurso simplón y denunciar que a los ciudadanos no les preocupa el tema constitucional sino el tema de la violencia arriba mencionado. Este tipo de argumentos ha sido utilizado reiteradamente por sectores que pretenden eludir la concreción de reformas indispensables que el país reclama con insistencia, con la argucia de que nunca es el momento oportuno para llevarlas a cabo.

La cuestión planteada es enrevesada ya que requiere un tratamiento global expresado en diversos aspectos que van concatenados los unos con los otros. Así, no basta para definir y aplicar una política criminal con acudir a la implantación de mayores penalidades si no se abordan aspectos colaterales que constituyen factores criminógenos evidentes.

Todas las investigaciones psicosociales coinciden en determinar que el eventual delincuente en gran parte de los casos actúa bajo la convicción de que no será atrapado, razón por la cual la elevación de las penas asignadas a los infractores de ley no los atemoriza. La privación de libertad en la realidad chilena implica introducir al responsable de un delito en cárceles hacinadas que terminan siendo propicias para establecer redes criminales y son consideradas “universidades del delito”.

Especial es el caso de las mujeres, las que en un número elevado son aprehendidas y condenadas por microtráfico de drogas y cuyo encarcelamiento deriva en el abandono del hogar con la consiguiente derivación de sus hijos hacia delitos de creciente gravedad.

Este fenómeno social, de alta gravedad, no ha sido suficientemente estudiado y abordado, apareciendo entre los medios de comunicación social, en especial la televisión, como un espectáculo que se repite hasta el cansancio a todas horas generando temor y angustia en la población que termina en encerrase en sus hogares y abandonando el uso de los espacios públicos.

Los sucesivos gobiernos han sido débiles e inconstantes en el manejo del problema, actitud que junto con incidir en el aumento de la delincuencia ha llevado a los infractores de ley a operar con creciente audacia y a ampliar el “giro” de sus negocios.

La constante actitud de sectores políticos antagónicos de acusarse mutuamente, resulta intolerable para una población que está hastiada de la situación que comentamos. El solo hecho de imaginar a una madre que permanece atormentada día tras día por los riesgos que corren sus hijos al ir al colegio o incluso al interior del propio establecimiento, refleja que no nos encontramos ante un juego político menor.

Hoy por hoy resulta imprescindible constituir un “grupo integrado de tarea” que sea capaz de aterrizar una política de Estado que supere el estrecho y oportunista marco de los partidos y de los gobiernos y sepa comprometer a toda la comunidad en un trabajo colectivo que no puede postergarse. La desidia nos puede llevar a una situación descontrolada. Ejemplos como los de El Salvador o Filipinas son útiles para entender a dónde podemos laterrizar.