«No podemos resolver la crisis climática sin cambiar nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos.»

Naomi Klein.

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EDITORIAL. Lo bueno, lo malo y lo feo.

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

Cuando han transcurrido noventa días desde el categórico pronunciamiento ciudadano que rechazó el producto constitucional elaborado por la Convención, las elites políticas han logrado concordar un “acuerdo por Chile” que abre un camino de salida a una crisis que tenía entrampada a la comunidad nacional.

La gestión del proceso por parte de los partidos políticos con representación parlamentaria, ha dejado mucho que desear ya que la visión ciudadana en general es que quienes participaron en las innumerables reuniones buscaron privilegiar los intereses de sus respectivos sectores por sobre el bien común.

Las tratativas han concluido en decisiones que tienen claras deficiencias en aspectos fundamentales como el reconocimiento práctico del derecho a la participación ciudadana que debiera ser un tema prevalente en cuanto a dotar de la necesaria legitimidad que requiere una carta fundamental.

En un complejo escenario que obviamente tuvo como insumo plenamente válido la determinación en su momento de la voluntad de darnos una nueva Constitución, era indispensable buscar una salida que encauzara institucionalmente la crisis de tal forma que como país pudiéramos retomar el abordaje de las demandas más urgentes y sustanciales de la población.

Debe asumirse que las apetencia refundacionales expresadas en la extinta Convención, han sido desechadas y, por lo tanto, resulta indispensable reemprender el camino pero teniendo siempre en claro que muchos valores, conceptos y derechos ahí reconocidos y consagrados siguen teniendo validez y requieren ser salvaguardados.

Como lo hemos expresado en oportunidades anteriores, necesitamos una nueva Constitución que sea clara y transparente, comprensible para la generalidad de la ciudadanía, de tal forma que cada integrante tome conciencia de que en ella se expresan las reglas del juego de la convivencia nacional, reglas que todos debemos respetar.

La virtualmente fenecida Constitución del 80, pretendió, absurdamente, “dejar atado y bien atado” el destino nacional a un determinado modelo ideológicamente concebido y que ha sido sobrepasado por la realidad. Grave error se cometería si en esta encrucijada de la historia se tuviera la pretensión de imponer un modelo de signo contrario como si ello fuese el desiderátum de la sociedad.

El “acuerdo por Chile” ha encomendado el camino constituyente  a una instancia configurada por cincuenta consejeros elegidos por la ciudadanía replicando el sistema de la oportunidad anterior, solo que esta vez los cupos serán asignados en conformidad a las circunscripciones senatoriales y no a los distritos de diputados, lo que naturalmente quita representatividad efectiva toda vez que, por ejemplo, la enorme región metropolitana que reúne al 45 % de la población tendrá derecho a cinco consejeros constituyentes, o sea al 10%, en tanto que regiones con bajos rangos de electores tendrán asignados dos o tres cupos. Esto llevará, probablemente, como hasta la fecha sucede, a que muchos nombres capitalinos sean postulados por regiones a las que no pertenecen.

Adicionalmente, se ha considerado la participación de 24 “expertos” seleccionados por el actual Congreso Nacional naturalmente en proporción a su composición política. Las informaciones de prensa ya han postulado posibles nombres que corresponden principalmente a juristas capitalinos, muchos de ellos pertenecientes a universidades capitalinas de marcados rasgos proclives a tendencias más bien conservadoras.

El sendero definido aparece como de alto riesgo al no considerar la presencia del país real, social y territorialmente expresado, como si el nuevo estatuto básico fuese simplemente una elucubración meramente académica y tecnocrática y no el medio en que se desenvuelve la comunidad.

Aunque el porvenir se vislumbra a lo menos nuboso, todo dependerá de la actitud del nuevo cuerpo constituyente en cuanto sea o no capaz de interpretar, con madurez y seriedad, los sentimientos y esperanzas de una nación sumida en la incertidumbre. Ello implica abandonar las trincheras dogmáticas asumiendo que la nueva normativa está llamada a regirnos por décadas para lo cual requiere una amplia aceptación.

El peligro, aunque solo advertirlo suene catastrofista, está en que el nuevo producto pueda ser rechazado en el correspondiente plebiscito de salida, manteniendo entonces la vigencia de la Constitución cuestionada y cerrando las puertas, en consecuencia, a una renovada normativa que, a todas luces, resulta indispensable.        

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