«Aquellos o aquellas que creen que la política se desarrolla través del espectáculo o del escándalo o que la ven como una empresa familiar hereditaria, están traicionando a la ciudadanía que espera de sus líderes capacidad y generosidad para dar solución efectiva sus problemas.»

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EDITORIAL. Los malos alumnos repiten.

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

La Convención Constitucional tuvo un fin de fiesta bastante macabro. Luego de un año de arduo trabajo, la mayoría dominante logró aprobar un texto que implicaba una verdadera refundación de la institucionalidad chilena y que consagraba más de un centenar de derechos sociales y políticos  imponiendo al Estado la obligación de hacerlos efectivos sin molestarse en indicar el “cómo”.

En verdad, no se trataba de una mayoría homogénea sino de una suma de pequeñas minorías identitarias que se coordinaban para establecer sus intereses en la Carta Fundamental, para construir el camino necesario para exigir a los responsables de la gestión pública su más inmediata concreción.  Salud, educación, vivienda, seguridad social y pensiones, protección del medio ambiente, seguridad pública, derechos de los seres sintientes, etcétera, dejaban de ser problemas, demandas y desafíos para ser realidades en el mundo “de bilz y pap”.

Pero las cosas no son tan simples. Los baches en el sendero fueron múltiples, las muestras de fanatismo delirante asustaron a la gente y, finalmente, el rechazo fue contundente.

Fue necesario empezar de nuevo. Para tal efecto, la clase política diseñó un mecanismo que, teniendo cierta racionalidad, pecaba de escasa presencia ciudadana. Las elecciones de Consejeros constituyentes dieron una significativa mayoría a las candidaturas republicanas, de una extrema derecha que se manifestaba contraria a un nuevo texto fundamental, y a la derecha tradicional que hasta entonces se mostraba como más abierta a discutir y dialogar sobre temas conflictivos.

Teniendo presente el trabajo de la Comisión Experta, el Consejo electo se dedicó a analizar el material puesto a su disposición. Y el grupo dominante hizo presente de inmediato sus verdaderas intenciones. Su vocero Luis Silva, sin tapujo alguno, declaró: “Si nosotros somos mayoría, ¿por qué cresta tenemos que negociar con la minoría?” Y, en los hechos, su actitud quedó plasmada más allá de toda duda al presentar más de 400 enmiendas (¡cuatrocientas!) al texto de los expertos, en un afán indisimulado de imponer una visión sesgada y partisana repitiendo el esquema de conducta manifestado por los sectores dominantes de la fracasada Convención.

Si miramos bien las cosas, en uno y otro caso está presente un notorio espíritu totalitario que busca excluir sibilinamente a todos aquellos que piensan de una manera diferente a la nuestra.

La intención manifiesta es la de consagrar constitucionalmente ciertas definiciones sobre cuestiones absolutamente debatibles para establecer un muro que en su momento el legislador no podrá traspasar.

En buenas cuentas, la pretensión de convertir convicciones particulares, privadas, en definiciones públicas que se imponen a todo el mundo, sin distinguir tonalidades y matices que son tan propios de la complejidad de la vida humana, constituye una amenaza que se cierne sobre la subsistencia de una sociedad democrática, abierta y pluralista.       

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