EDITORIAL. Los primeros dos meses.

El nuevo gobierno de José A. Kast está sujeto, al igual que los mandatos de sus antecesores, a una regla casi implacable de la política: Las nuevas autoridades tienen un plazo máximo de sesenta días para asentarse en sus cargos y para justificar sus errores y su inacción, culpando con vehemencia a quienes les precedieron en sus funciones. A partir del vencimiento de ese plazo, la ciudadanía les exigirá el cumplimiento del abanico de promesas desplegado  durante la campaña electoral, sean ellas realizables o no.

De ahí que sea necesario estar siempre atentos, tanto respecto de lo que se haga como de lo que se deje de hacer, ya que todo paso que se dé puede ser clarificador respecto a los caminos a través de los cuales se avanzará.

Una primera preocupación se presenta en el plano financiero. El candidato Kast comprometió una reducción del gasto público por unos 6.000 millones de dólares, sin que nunca lograra aclarar como lo haría. Su  ahora ministro de Hacienda Jorge Quiroz optó por la solución más fácil y menos compleja al disponer una reducción uniforme del presupuesto de TODOS  los ministerios, lo que resulta incomprensible respecto, por ejemplo, a Salud y Educación.

En el plano de las relaciones exteriores, la indefinición respecto a la postulación de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas es un problema difícil de resolver con importantes consecuencias tanto en imagen del nuevo gobierno como en la integridad de la coalición parlamentaria que lo apoya. Peor aún: la declaración suscrita con la misión de EE.UU. a la transmisión del mando, respecto a la protección de recursos estratégicos (cobre, litio, oro, plata, tierras raras….) constituye una inaceptable abdicación de la soberanía nacional en exclusivo beneficio  del país del Norte, sin que ello tenga que ver con la naturaleza propia de “un gobernó de emergencia”.

Paralelamente, ya se han insinuado reformas en materia de derechos sociales (jornada de 40 horas, régimen de pensiones…) lo  que está provocando inquietud entre las organizaciones sindicales, afectando el desarrollo de la vida familiar.

En resumen, no hay por ahora decisiones que respondan a demandas “de emergencia” pero sí amenazas que pueden comprometer el desarrollo político futuro. Kast debiera tener claro que gran parte del apoyo electoral obtenido en diciembre no implica una adhesión programática, razón por la cual se debe evitar la apertura de múltiples frentes, muchas veces en beneficio del sector empresarial.