¿Qué terreno estamos pisando?

La asunción del nuevo gobierno se da en el contexto de una situación económica nacional que necesita ser analizada fríamente. El panorama de por sí es más que complicado y, por lo tanto, es necesario, imprescindible, hablar al país con la verdad.

Nuestra economía se ha visto claramente afectada por factores de carácter interno, en especial la “pandemia” con toda su secuela de consecuencias (pérdida de puestos de trabajo, enorme gasto de recursos por parte del Estado para abordar la contingencia sanitaria, fuerte desaceleración de la actividad…), y por factores externos que van desde la emergencia climática con su incidencia global en la producción de y abastecimiento de alimentos, a la crisis energética (petróleo, gas y energía en general) y en los últimos dos meses al conflicto bélico Rusia – Ucrania.

El termómetro para intentar medir la magnitud del problema termina siendo el de los indicadores de inflación. Chile después de treinta años de una bastante satisfactoria estabilidad de precios, se está viendo entrampado en una peligrosa espiral. Los expertos casi unánimemente coindicen en señalar que casi un 20% de nuestra nueva cifra del Índice de Precios al Consumidor es “importado”, es decir se debe a factores externos, en tanto que el 80% restante del aumento del costo de la vida obedece a factores internos.

Por supuesto, la sequía ha influido en el encarecimiento de algunos productos tales como frutas, verduras, lácteos, que históricamente experimentaban en esta época bajas estacionales, hecho que este año fue de menor significancia pero eso no es suficiente para explicar todo.

El hecho concreto es que la economía chilena ha recibido en los últimos doce meses la inyección de una desorbitada cantidad de recursos – se estima en 80.000 millones de dólares – cifra procedente en parte baja de las transferencias del Estado (bonos, IFE ) y en parte alta de los sucesivos retiros masivos de los fondos previsionales de los trabajadores que se mantenían bajo la administración de las tan cuestionadas AEFEPEs.

Un principio elemental nos enseña que si una sociedad mantiene un stock relativamente estable de bienes y servicios y al mismo tiempo incrementa la masa monetaria circulante, todo se traducirá en una elevación generalizada de precios-

Los tres retiros concretados hasta ahora han llevado a un alza del costo de la vida de 1,9% en marzo y de 9,4% en doce meses, pronosticándose para julio o agosto que se alcance cerca de un 11 o 12% en un año, siendo probable que, de acuerdo a las medidas tomadas por el Banco Central, en el último cuatrimestre se produzca un paulatino descenso.

¿Quiénes son las víctimas de esta situación? Evidentemente los grupos sociales más vulnerables que van desde sectores de pobreza hasta la amplia gama de lo que reconocemos como clase media.  Si bien el primer retiro pudo verse como justificable ante la inepcia del gobierno de la época, es indiscutible que los retiros posteriores favorecieron crecientemente al rango de mayores ingresos. El hecho insólito de que Chile haya sido el único país del mundo en que los consumidores hacen cola para comprar autos nuevos, así lo sigue demostrando: 122.000 unidades en el primer trimestre del 2022.

Ha llegado el momento de que la ciudadanía ponga los pies en la tierra. Para tal efecto, es obligación del Gobierno hablar al pueblo con la verdad. Las explicaciones tendientes a señalar que los problemas se arrastran desde el mandatario anterior, simplemente no sirven. Tampoco la sugerencia de medidas irracionales como las de fijar los precios o suprimir el IVA a ciertos artículos que finalmente se traducen en la creación de un mercado negro paralelo o en que la supresión del impuesto no se traspase a precios al consumidor.

Satisfacer las demandas sociales implica disponer de ingentes recursos que el Estado no tiene: El endeudamiento externo cuesta caro (5.000 millones de dólares anuales en puros intereses); una reforma tributaria no generará mayores ingresos para el Fisco antes de tres años; el alto precio del cobre no durará eternamente y las eventuales mayores utilidades se consumen o en pagar intereses o en la adquisición de insumos indispensables como los combustibles.

En este complejo panorama, la premisa inicial a tener en cuenta es que el país de hoy es más pobre que el de ayer, cualesquiera que sean las causas o de quienquiera que sean las responsabilidades. Ese es el dato objetivo. Plantear políticas de apoyo de alcance universal que no son sustentables en el tiempo, no es más que un acto demagógico que más temprano que tarde nos pasará le cuenta. Un gobierno serio no puede dejarse arrastrar ni por el clamor vociferante de la calle o de las redes sociales ni por parlamentarios de menor cuantía incapaces de ajustar sus ideas populistas a una realidad candente.

El país no puede permitirse el lujo de volver a tener un gobierno que no gobierna. En el campo de la economía, la tarea del momento, de cara a la gente, es priorizar explicando a la ciudadanía en base a qué criterios se prioriza. A nuestro juicio, todo programa de ayuda social debe ser focalizado al máximo para que la protección pública llegue solo a quienes más lo necesitan y cuya subsistencia está en riesgo. Y en el ámbito de las grandes políticas públicas, deben eliminarse todos los gastos superfluos con el fin de crear un fondo especial destinado a financiar programas de emergencia de vivienda pues resulta moralmente inaceptable que un país que se ha ufanado de estar al borde del desarrollo tenga alrededor de 600.000 familias subsistiendo en campamentos carentes de servicios básicos, en tugurios urbanos y rurales, en carpas que avergonzarían a toda nación civilizada.