El orgullo en exceso, como forma de vida, da paso a la arrogancia, esta es , sin lugar a dudas un elemento contaminante en las relaciones humanas y en las comunicaciones. ...pero además, ¡¡¡ contribuyen a la soledad y generan enajenación social!!!
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Editorial: Pesos más, pesos menos

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

Un ex precandidato presidencial y un ex diputado del Frente Amplio (Alberto Mayol y Renato Garín, respectivamente), desataron una sorpresiva tormenta al denunciar que no era cierta la afirmación de que los parlamentarios de Revolución Democrática hayan estado hasta ahora  donando la mitad de sus sueldos. Dijo el sociólogo: “En política, la mentira y la omisión son compañeras de ruta. Giorgio es talentoso en ello pero deberá cuidarse de su propio talento. Pasarle la plata al propio partido es legal pero no es cierto que sea una donación. De hecho, es una inversión política”. Por su lado, el diputado Garín precisó: “No es cierto que donen la mitad de su sueldo. El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones”. El aludido Giorgio Jackson, respondió confirmando los hechos y puntualizando que efectivamente estaban aportando a un fondo común para financiar su proyecto político y así no caer en los pecados de otros que han obtenido financiamiento ilegal del Grupo Penta, de Soquimich o de las pesqueras.

En otro plano se dio a conocer,  lo citamos solamente como ejemplo, que el diputado radical social demócrata por Maule, Alexis Sepúlveda, mantiene 20 asesores territoriales financiados con el presupuesto del Congreso Nacional.

Es probable que los hechos relatados constituyan solo la punta de un iceberg que bajo la superficie del agua esconde una realidad que todo el mundo intuye pero que nadie se atreve a encarar. Si bien es válido condenar legal y moralmente que empresas privadas, asociaciones gremiales o grupos de interés financien a los partidos, seleccionen a sus candidatos y lleguen a la osadía de pautear su labor legislativa llevando la corrupción a niveles inimaginables, resulta también inaceptable que quienes han llegado al Parlamento utilicen descaradamente los recursos que el Estado pone a su disposición para un adecuado cumplimiento de su función pública, buscando asegurarse su perpetuación en un apetecido cargo de representación popular.

Hay algunos elementos relevantes de análisis que deben tenerse en consideración.

Lo primero que salta a la vista es que en la actualidad el Estado financia a los partidos políticos con cargo al Presupuesto Nacional para asegurar el adecuado cumplimiento de las tareas que la ley les señala. Nada impide que sus militantes, entre ellos los parlamentarios, contribuyan a un financiamiento adicional dentro de los límites legales. Ahora bien, cuando se constata que senadores y diputados están en condiciones de aportar mes a mes la mitad de su sueldo al partido (tres millones y medio, aproximadamente) también se demuestra palmariamente que esta remuneración está absolutamente sobredimensionada como lo demostró en su momento un estudio comparativo realizado por la propia Biblioteca del Congreso. Lo señalado, además de ser un abuso, merece un reproche moral toda vez que no se condice con las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los chilenos.

Si a lo dicho se suma el hecho de que el acceso a las llamadas “asignaciones parlamentarias” constituye un forado, también de financiamiento fiscal, que duplica la dieta de los congresales, el problema puede considerarse más grave aún. Estos beneficios, que en una base mínima pueden estimarse como justificados (una secretaria, un chofer….), son abusivamente utilizados. Los recursos no van a un mejor desempeño de la tarea legislativa (con mayor documentación, más amplios antecedentes, estudios más profundos…) sino a sustentar una cohorte de secuaces que cumplen como activistas electorales del incumbente.

En el debate sobre esta materia se ha dicho que toda la normativa relativa a remuneraciones e ingresos generales de los representantes debe resolverse en definitiva en el eventual proceso constituyente, ello no significa sino eludir una decisión impostergable. Una democracia que está claramente en crisis, requiere resolver ahora mismo casos como estos para recuperar con prontitud un mínimo de respetabilidad ciudadana.

Se trata, ante todo, de evitar que estos representantes de la ciudadanía se constituyan en una nueva clase privilegiada que tiende a consolidarse y perpetuarse ad infinitum incluso pensando que su cargo es propiedad familiar y, por lo tanto, hereditario.

Pero, también, de abrir las puertas a una permanente renovación de la política posibilitando el acceso de más mujeres, más dirigentes sociales, más jóvenes, en suma, más personas imbuidas de los problemas cotidianos de la gente.

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