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Editorial: Plebiscito en tierra derecha

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

Nuestro país, a partir del primer caso de Covid- 19, ha completado  casi seis meses teniendo a la pandemia como preocupación principal, infección que claramente ha afectado prácticamente a todo el territorio nacional con consecuencias devastadoras en los planos sanitario, económico, social, educacional y familiar. Las casi 14.000 víctimas fatales detectadas como consecuencia directa o indirecta de la infección, constituyen la coronación de un proceso que ha contagiado a cientos de miles de personas.

El enjuiciamiento de la acción del Gobierno frente a esta crisis, ha suscitado un duro debate cuya intensidad notoriamente se ha aminorado luego de la asunción de Enrique París como ministro de Salud, quien ha logrado generar un clima de mayor diálogo y una presentación más transparente de las cifras estadísticas. Por otra parte, el conflicto mapuche ha despertado la atención de sectores de la sociedad que observan con preocupación el incremento de acciones de violencia ante a la nula respuesta del aparato institucional a demandas de larga data.

En noviembre pasado, tras la explosión social, la inmensa mayoría de los actores políticos, concordaron un acuerdo por la paz social que incluía un camino de reforma constitucional ya que era insostenible perseverar en la defensa de una normativa fundamental cuya legitimidad era cuestionada y desconocida al parecer por una significativa mayoría ciudadana. Sorprendentemente, algunos importantes suscriptores del pacto a poco andar manifestaron su voluntad de votar por el rechazo al proceso, actitud que, si bien está encuadrada en el ámbito convenido puede traer negativas consecuencias.

En efecto, el dilema Apruebo / Rechazo conduce necesariamente a una polarización de las posiciones impidiendo que más adelante se pueda avanzar en un diálogo constructivo que asegure la elaboración de un documento fundamental que tenga altos niveles de aceptación dentro de la sociedad. Además, y sobre todo luego de la designación por el Presidente de la República de un gabinete ministerial con fuerte énfasis de apoyo a la opción de rechazo, el plebiscito que se avecina para el próximo octubre puede derivar en un enjuiciamiento al Gobierno actual con una categórica derrota de inimaginables consecuencias políticas.

A poco más de sesenta días de distancia, el proceso, tal como lo ha venido haciendo presente el Servicio Electoral, deberá abordar una serie de problemas prácticos y políticos.

Las exigencias e indicaciones sanitarias resueltas por las autoridades del sector, de seguro seguirán en plena vigencia a la fecha del plebiscito. Ello significa que será indispensable tomar medidas en cuanto a los locales de votación y su sanitización, a la concurrencia masiva de ciudadanos a recintos complejos lo que hará inevitable el contacto físico directo e impedirá el debido distanciamiento social; en cuanto al uso de los instrumentos necesarios del caso (papelería, urnas, lápices, etc.); en cuanto a designación de vocales de mesa ya que resulta injustificado que la función solo la puedan ejercer quienes ya han sido infectados y a la fecha se suponen inmunes; en cuanto a horarios de atención pues lo sanitario sin duda enlentecerá la votación.

En el plano político propiamente tal, hay dos notorios y preocupantes problemas. Uno, lo irregular que resulta que un proceso cívico de esta naturaleza se realice bajo un estado de excepción constitucional. El otro, que aún no se legisla sobre el gasto electoral y el origen de los recursos, siendo imperativo que se fijen topes y, por supuesto, que se prohíban los aportes empresariales ya que de no hacerlo se afectará la libre voluntad ciudadana.

La regulación del tiempo disponible en la televisión abierta tendrá sus propias dificultades ya que, además de los partidos políticos (hay casos, en cuyo seno confluyen partidarios de ambas opciones) tienen derecho a acceder las organizaciones de la sociedad civil que se hayan registrado con este fin las que, siendo alrededor de doscientas solo podrán contar con algunos segundos para fundamentar sus posiciones.

Se ha criticado duramente la actitud pasiva del Ejecutivo para preocuparse por atender los requerimientos especificados anteriormente lo que podrá implicar simplemente negligencia o incompetencia o, lo que sería extremadamente grave, interés en bajar los niveles de participación para bajarle el perfil a los resultados. Los dirigentes de la heterogénea oposición tampoco han sido ágiles en impulsar las medidas del caso, al parecer confiados en que tienen asegurada la victoria.

En suma, por ningún lado hay una verdadera asunción de responsabilidades.

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