EDITORIAL. Tras una declaración consensuada.

El Presidente de la República, en un arrebato de optimismo, manifestó, hace ya dos meses, su deseo de que la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado estuviese marcada por una declaración conjunta de todos los sectores de la sociedad asumiendo cada uno sus propias responsabilidades en el hecho más trágico de nuestra vida independiente para así convenir un camino consensuado de futuro.

¿Es ello posible?

 En teoría sí pero no en la vivencia práctica, en la realidad social, política, cultural del país.

Ante todo, para un atinado análisis del problema, debe tenerse presente que desde el mismo 4 de septiembre de 1973, la derecha chilena se movilizó para impedir el acceso de Salvador Allende al poder, sin reparar en la naturaleza de los medios a utilizar. El inmediato viaje del propietario de El Mercurio a Washington para reunirse con Richard Nixon, Henry Kissinger y funcionarios de la CIA y el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider, constituyeron los hitos más relevantes de una operación en la que se conjugaron sectores empresariales chilenos con grupos de interés estadounidenses, tanto políticos como económicos.         

Paralelamente, debe considerarse el hecho indesmentible de que el acceso de la Unidad Popular a la presidencia del país no fue a consecuencia de un triunfo electoral sino de un acuerdo político de reconocimiento de la primera mayoría relativa, lo que permite constatar que el nuevo gobierno era de minoría ciudadana.

A partir de la asunción al poder de Salvador Allende, las aguas corrieron por diferentes cauces. Por una parte, la nacionalización del cobre – aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional – marcó un hito histórico al tiempo que suscitaba mayores problemas con los EE.UU., en tanto que la expansión desenfrenada del consumo interno desató una tasa de inflación que llegó al 236% anual.

Paralelamente, los grupos extremistas de derecha, especialmente a través del movimiento Patria y Libertad capitaneado por el abogado Pablo Rodríguez Grez, iniciaban una escalada de acciones de corte terrorista con el fin de alimentar la crisis dañando el abastecimiento de productos esenciales.

En el seno de las fuerzas oficialistas se fue generando una notoria división entre los partidarios de “consolidar lo avanzado” (posición sustentada por los partidos Comunista y Radical) y quienes sostenían la tesis de “avanzar sin transar” sostenida por el Partido Socialista, el MIR y el MAPU. Las tomas de fábricas y predios agrícolas, las huelgas políticas, se multiplicaron sin pausa y el Ejecutivo se mostró incapaz de controlar a sus propios partidarios promotores de acciones de hecho que afectaban gravemente la gobernabilidad. En buenas cuentas, el extremismo de izquierda – como ha sucedido tantas otras veces – fue absolutamente funcional a las tendencias golpistas de derecha y contribuyó a crear las condiciones ideales para la intervención militar.

Un elemento de juicio que no puede ser soslayado es que el golpe de Estado no puede ser separado de la sistemática violación de los derechos humanos registrada durante el largo período de la dictadura. A partir del mismo 11 de septiembre de 1973, el nuevo régimen implantó un mecanismo de represión que se tradujo en el encarcelamiento de miles de personas, el exilio masivo, la aplicación de torturas generalizadas y el asesinato inmisericorde de ciudadanos cuyos cuerpos, en gran número, fueron lanzados al mar.

Lo antes dicho aporta elementos de juicio indesmentibles para una reflexión profunda acerca de lo acontecido. La mera pretensión de achacar responsabilidades y culpabilidades exclusivamente a los uniformados oculta una parte importante de la vedad. En su entorno, funcionó una verdadera red de “cómplices pasivos” que hizo posible que sucediera lo que sucedió y que, posteriormente, usufructuó de los réditos políticos y económicos.

 En tales circunstancias, se hace casi imposible que pueda existir un consenso mínimo dentro de la sociedad, toda vez que permanecen abiertas numerosas heridas y no existe, por parte de los actores del drama, un sincero arrepentimiento que haga creíbles las declaraciones solemnes del “nunca más”