El gobierno de los filósofos

El gris otoño y la dura realidad invitan a traer algunos recuerdos y a hacer algunas reflexiones.

Era el año 1984. El 23 de agosto, Mario Lagos Rodríguez y Nelson Herrera Riveros, ambos militantes del MIR, fueron llamados a descender del taxibus en que viajaban. Los agentes de la CNI los pusieron manos arriba y los ejecutaron a sangre fría, a las 11 de la mañana, frente a numerosos testigos, en el populoso barrio de Lorenzo Arenas de Concepción *. El crimen suscitó una condena generalizada y la voz cantante la llevó el entonces arzobispo José Manuel Santos Ascarza quien exigió de las autoridades nacionales y regionales una profunda investigación. Sobre el homicidio se trabó una pública polémica entre Santos y el entonces Seremi de Obras Públicas. Este personaje, abrumado por la contundente argumentación contraria, escribió en el diario “El Sur”: “Dejo hasta aquí la discusión. No tengo tiempo para filosofar”. El obispo, como buen vasco, quiso, por su parte, decir la última palabra y contestó: “Filosofar significa pensar. Y es lamentable que una autoridad confiese públicamente que no tiene tiempo para pensar”.

En la antigua Grecia, el filósofo Platón (discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles) hizo en su obra “La República” un análisis crítico de los diversos sistemas políticos conocidos y propuestos, concluyendo que para las naciones el mejor régimen de gobierno era la “sofocracia”, estos es “el gobierno de los sabios”, idea que procuró plasmar en Sicilia a través de los “filósofos – reyes”, sin mayor éxito.

Es discutible que sea una buena idea la de entregar la conducción de una comunidad a los filósofos ya que probablemente estos sabios tiendan a sumirse en razonamientos y disquisiciones interminables y, a fin de cuentas, no sean eficaces en la implementación de soluciones que siempre tienen cierta urgencia.

Lo dicho en ningún caso excluye la exigencia de “pensar” y es precisamente en ese punto dónde pueden detectarse los mayores déficits de nuestra clase política. Un buen punto de partida para quienes están encargados de cuidar el bien de la comunidad es lograr tener conciencia de que todos nuestros actos, de que todas nuestras decisiones, tienen consecuencias. Y, por supuesto, mientras más amplio sea el campo que cubren las políticas y determinaciones de la autoridad mayor será el efecto que ellas tendrán a futuro.

Por supuesto, no todo es de responsabilidad de los integrantes de la “seudo elite” que nos gobierna. Ellos, con sus ambiciones, sus limitaciones de capacidad y de formación, su egoísmo, son así y es poco lo que al respecto podamos hacer. Pero, también en lo que pasa actualmente y en la construcción del futuro, hay una enorme responsabilidad ciudadana. La democracia nos da la oportunidad periódica de seleccionar a los sujetos a los cuales confiamos el poder y la forma liviana en que enfrentamos su elección nos va a afectar para más adelante. Es bastante frecuente que muchas personas, pese a su queja permanente por el actual estado de cosas, no reflexionen seriamente y, al momento de “marcar”, opten por un rostro de la farándula o por quien nos regaló una canasta familiar o por alguien que simplemente “nos cae bien”. Si a ello se suma la creciente manipulación de la opinión pública que realizan los medios de comunicación (en especial, la televisión abierta) o la simplificación polarizada de los problemas sociales que se propaga a través de las llamadas “redes sociales”, realmente estaremos cada vez más complicados.

Existe un viejo criterio de discernimiento que debiera sernos útil al momento de adoptar decisiones de envergadura que comprometen no solo nuestro destino personal y familiar sino también el de toda la sociedad. La fórmula es más que clara: VER – JUZGAR – ACTUAR.

Lo dicho se traduce en procurar lograr una acertada visión crítica de la realidad, en un enjuiciamiento de sus inequidades e injusticias y en la adopción de las decisiones programáticas que permitan avanzar progresivamente para su superación.

Como lo han señalado destacados personeros, el país, para salir de la grave crisis generalizada en que está y poder superar así la angustiante fractura política, económica, social y cultural que experimenta, necesita alcanzar un nuevo pacto social fundado en la eliminación de los abusos y privilegios y en la  instauración de un cuadro de relaciones humanas y sociales fundado en principios de equidad y solidaridad. Bueno sería que definiéramos desde ya el país que queremos, que racionalmente cuantificáramos el costo necesario para alcanzar determinadas metas y determináramos las fuentes de financiamiento. Así podríamos reemprender nuestro camino.