El juego de las acusaciones.

La Constitución Política vigente en su artículo 52 considera, entre las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, la de declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de los Ministros de Estado. Explícitamente señala que las causales que deben servir de fundamento a la acusación son las de “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación”, “infringir la Constitución o las leyes”, “haber dejado éstas sin ejecución” o “por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”.

Los diputados del Partido Republicano han anunciado que el lunes 14 de agosto interpondrán una acusación constitucional en contra del Ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. En esta etapa política que vive el país, en que las colectividades de oposición juegan a cual es más dura en su accionar contra el Gobierno, la UDI (que sufre día a día con la embestida de la extrema derecha por un lado que tradicionalmente consideraban como propio) de inmediato se sumó al anuncio. Luego lo hizo Renovación Nacional y, para no quedarse fuera del juego, se agregaron Evópoli y el Partido Social Cristiano.

Lo dicho, ha configurado una curiosa situación.

El Partido Republicano ha tomado la batuta en el frente opositor pese a que su representación parlamentaria es mínima en comparación con las de UDI y RN. La emergente colectividad de J.A. Kast es la que dicta las reglas e impone las conductas del sector.

Sorpresivamente, el vienes 11 por la tarde, el ministro amenazado presentó la renuncia voluntaria a su cargo reconociendo que su presencia en el gabinete estaba causando serios problemas de gobernabilidad al utilizarse su nombre como excusa para frenar todo avance legislativo en materias tan importantes para los ciudadanos como lo son el régimen de pensiones o el pacto fiscal en materia tributaria.

De inmediato, la bancada republicana promotora de la acusación anunció su no presentación dejando en el aire a sus aliados.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Tenía la acusación algún sustento jurídico serio? Indudablemente que no. Basta leer el texto transcrito en las primeras líneas para darse cuenta de que su interposición carecía de fundamentos serios y que solo buscaba asestar un golpe fuerte al Presidente.

Los acusadores (y la prensa obsecuente siempre lista para estos efectos) pretendieron forzar el escándalo de los “convenios” para que sus esquirlas causaran el mayor daño posible al Gobierno haciendo presente reiteradamente que algunos de los hechores iniciales compartían militancia política con Jackson pero sin que pudiera probarse algún tipo de relación.

En varias columnas de opinión sobre la materia, se ha pretendido justificar la acusación recordando que la coalición gobernante apoyó invariablemente los procedimientos similares emprendidos en contra de los secretarios de Estado del mandato de Piñera, utilizando el citado artículo 52 de la Constitución como herramienta de trabajo contra el gobernante. Es posible que en algunos casos haya sido así pero es indudable que el país no puede seguir soportando la conducta de una elite política que persiste en continuar en una guerra de guerrillas permanente que la hace distanciarse de los agudos problemas del Chile real cuyas víctimas son niños, mujeres, adultos mayores, enfermos, que claman por la atención y solución a sus demandas.