«Si la justicia existe, tiene   que ser para todos; nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia»

Paul Auster

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Empresa privada versus Sector Público.

El conflicto ideológico entre quienes sostienen que el desarrollo debe ser promovido por el Estado y quienes, por el contrario, depositan su confianza en la acción de la empresa privada realizada en el ámbito del libre mercado, es una cuestión de larga data no solo en Chile sino en la mayor parte de las naciones.

En nuestro país, el diario El Mercurio ha sido históricamente el más tenaz defensor de la segunda alternativa especialmente a partir de la imposición del actual modelo por parte de la dictadura. Paralelamente, por supuesto, ha sido implacable en denunciar las actuaciones del sector público que son consideradas erróneas o simplemente dolosas.

El ejemplo más claro se encuentra en el llamado “caso Convenios”, en que salió a la luz un complejo entramado ideado para obtener financiamiento político con recursos del Estado. Durante meses, quizás más de un año, se persiguieron periodísticamente los hechos denunciando “fundaciones” involucradas, hechores individuales y grupales, relaciones personales y familiares, lazos partidarios, etc.

La prensa cumplió su deber cuestionando a quienes ejercían el poder. La única duda que quedó pendiente era en cuanto a si su labor estaba motivada por la búsqueda de la verdad usando todos los mecanismos de publicidad y transparencia disponibles, o si sus esfuerzos respondían a espurios intereses políticos. 

Pero, en el frente del “sector privado” también se cuecen habas.

El jueves 6 de mayo, la Fiscalía Nacional Económica hizo público su requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra dos grandes empresas acusadas de colusión pactada en 2019, concierto ilegal que se mantuvo vigente por lo menos has 2021.

Se trata en el caso de las empresas INDURA (controlada por Air Products) y LINDE, actoras relevantes del mercado de gases industriales y hospitalarios con un 77%, las que, en el café Tavelli de Las Condes, concordaron un reparto de los clientes a atender mediante “un pacto de caballeros” hecho con “paz y amor” (sic). Los ejecutivos presentes eran Marcelo Torres de INDURA y Sergio Novelli y David de Linde. La Fiscalía pide aplicar una multa de 31,3 millones de dólares a Indura y sus ejecutivos, liberando a Linde por haber efectuado una “delación compensada”.

La acción delictual afectó a sectores forestal, minero, acuícola, constructivo, siderúrgico y alimenticio. Pero, lo más importante, en plena pandemia al sector hospitalario en medio de una crisis sanitaria particularmente grave.

Sin perjuicio de relevar los hechos relatados, debemos estar atentos a la forma en que la prensa nacional, siga la trayectoria del delito. Hay tantas cosas por aclarar (quiénes son las personas naturales dueñas de las empresas involucradas, quiénes conforman sus directorios, sabían de esto los directores) no resulta aceptable permanecer impasible sobre aspectos que deben ser investigados y sobre los cuales se cuenta con los antecedentes.

Peor aún, estos caballeros, además de delinquir, habrían cometido un atentado mayúsculo  contra la salud de las personas, con una conducta claramente inmoral aunque se haya actuado “con paz y amor”.

Por el momento, parece que el sector privado va superando al sector público.

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1 Comentario en Empresa privada versus Sector Público.

  1. Buen punto de Esteban Lobos. Concuerdo con la conclusión final: el sector privado «la lleva» y supera al sector público, que se ve como un mero copista de los malos ejemplos de los del bando «dueños de Chile».

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