La breva pelada.

René Fuentealba Prado, abogado.

Hemos señalado reiteradamente que los partidos políticos son fundamentales para el funcionamiento de una buena democracia y para el desarrollo de la vida republicana. Afirmar que “nos carga la política” no sólo es una inepcia sino también una irresponsabilidad. La “Política”, así, con mayúscula, tiene que ver con la conducción y el manejo de la “polis”, de la “ciudad”, más exactamente,  en los tiempos en que vivimos, de la “comunidad” de la que formamos parte. Critiquemos “a los partidos”, no le dejemos pasar ni una “a los políticos”, pero, por nuestro lado, cumplamos con  nuestro deber y obligación  de participar.

Los escándalos relativos a los oscuros e inaceptables mecanismos de financiación de la actividad fueron, sin duda, de gran utilidad pública. Al mismo tiempo que afloraba la trama delictiva que enlazaba a empresas y poderosos grupos de interés con parlamentarios, ministros y funcionarios de alto nivel, también  descubrió que muchas personas de aquéllas que  combatieron denodadamente a la dictadura ahora no se cuestionaban el requerir recursos a quienes fueron parte de su tinglado y construyeron sus fortunas a partir de ahí. El cohecho es parte aún no dilucidada plenamente de este preocupante panorama de corrupción.

Podrán argüirse muchas explicaciones y justificaciones pero el veredicto moral de la ciudadanía parece claro y definitivo: ¡ culpables !

Las propuestas tendientes a avanzar en un saneamiento de la política fueron, en general, bien recibidas. Sin embargo, en el Parlamento encontraron indisimulados obstáculos hasta el extremo que un senador, fuera de sus casillas, criticó a Eduardo Engel señalando que se creía un “Catón de la moral”.

Uno de los tópicos abordados por la “Comisión Engel” (Consejo Asesor Presidencial contra la Corrupción) fue el relativo al financiamiento público, esto es con recursos del Estado, de la acción política. Sabiendo lo impopular de la propuesta, como contrapartida se logró regular por ley su funcionamiento (algunas colectividades descubrieron ahora lo que era la democracia interna), se prohibió el financiamiento empresarial y se dispuso la limpieza de los inflados padrones de militantes.

Agrupaciones que se ufanaban de contar con cifras cercanas a los 100.000 inscritos, se encontraron frente a la tarea de tener que refichar sólo a 18.250 personas para poder seguir existiendo como partidos legales, acceder a financiamiento estatal y presentar candidatos. Al 1 de febrero, dentro de la Nueva Mayoría,  sólo el Partido Socialista (26.000) y la Democracia Cristiana (15.000) parecieran estar solucionando  su problema, en tanto que el Partido Radical (14.000) puede lograrlo. Otros, como el Partido por la Democracia (9.000) y las colectividades de Chilevamos, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente (10.000 cada uno) ven complicado alcanzar la meta antes del 14 de abril.

En esta carrera contra el tiempo, las presiones para facilitar los reempadronamientos, arrecian. Los partidos emergentes han denunciado el doble estándar conque el Servicio Electoral regula a éstos y a las colectividades tradicionales. El organismo se defiende argumentando que se limita a aplicar lo que dispone la ley.

La pregunta del millón es la siguiente: ¿Cuáles son las razones que llevan a que personas que por años adhirieron a un determinado Partido, no quieran ahora reconocer filas formalmente?

Aunque suene un poco poético, el problema fundamental estriba lisa y llanamente “en el desencanto ciudadano”.

Lamentablemente, los partidos aún no atinan y no logran comprender y asumir los tiempos en que vivimos. A pesar del descrédito que se refleja paladinamente  en cuanto estudio de opinión se conoce, a pesar de un abstencionismo impresionante y preocupante, sus burocracias dirigentes sólo atinan a clamar por modificaciones legales o interpretativas que les allanen el camino y les permitan asumir una legitimidad de papel.

Mientras parlamentarios y,  también,  ministros, subsecretarios y altos funcionarios (que alcanzaron su cargos por requerimiento de sus partidos)   retozan usufructuando de sus no tan merecidas vacaciones (lamentablemente postergadas por los incendios), la pasiva  subsistencia de las colectividades continúa.

Colectividades que otrora tuvieron una intensa vida interior con una fuerte imbricación con el mundo social, ámbito en el cual se vivía la democracia participativa interna, en la actualidad vegetan al amparo de las oficinas parlamentarias. Más que cuadros de formación ciudadana,  los partidos han derivado en grupos de interés al servicio de quienes más presionan, abandonando un compromiso explícito con el bien común de la sociedad.

Como en las viejas tragedias griegas, todos saben lo que con el tiempo (mañana o pasado mañana) va a ocurrir si no somos capaces de torcer el rumbo y asumir los  efectos que de ello deriven. Cuando el peligro acecha, y el régimen democrático y republicano está siendo paulatinamente carcomido, resulta indignante ver como  algunos partidos recurren cada vez con mayor frecuencia a figuras de la farándula y a humoristas, para poner a salvo su bagaje electoral. El diluvio posterior no les importa. El daño que se le hace al país tampoco. Las consecuencias de privar de  toda seriedad al  proceso de conducción del país no es algo que preocupe a las castas dirigentes.

A los ojos de la gente, resulta intolerable que se clame por nuevos plazos legales o por procedimientos vulnerables. Los partidos, lo que necesitan  es ponerse a trabajar. Movilizar a sus militantes y motivar no con palabras sino con testimonios  de vida. La tarea es más difícil que pelar una breva. Pero es posible.