«¿Cómo de imaginas el Chile de 20 o 30 años más? ¿Cómo te imaginas el país que dejarás a tus hijos y a tus nietos?»

 

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La ley y el orden.

“La ley y el orden” fue el título de una vieja y popular serie policial estadounidense. Esas palabras nos han parecido adecuadas para encabezar este comentario.

¿De qué estamos hablando?

Algunos datos:

La comuna de Los Álamos está situada en la provincia de Arauco, a medio camino entre Curanilahue y Cañete. Su superficie es de 600 km2 y su población es de 21.035 habitantes, 51% hombres y 49% mujeres. Cuenta con tres pequeños centros urbanos: Los Álamos, sede de su municipio, Cerro Alto y Tres Pinos. Sus habitantes son en parte importante de ascendencia lafquenche y su alcaldía y concejo comunal, después de haber estado inicialmente en manos de personeros cercanos al sector de la centro-izquierda hoy están controlados por la UDI. Además del área de servicios (salud, educación, entes públicos, la economía de la comuna está centrada en tres áreas: agricultura de subsistencia, forestal y minera (carbón explotado vía pirquenes).

Los Álamos, con altos niveles de pobreza, de la noche a la mañana hizo noticia de alcance nacional. Desde las primeras horas del día sábado 28 de abril, vecinos del lugar, residentes en el sector Villa Los Ríos, observaron alarmados el tránsito de siete camionetas con un grupo de unos cuarenta encapuchados que premunidos de armas de fuego efectuaban disparos al aire. Entre las 8.20 y las 10.20 los sujetos concretaron su accionar. El resultado: 33 vehículos atacados a balazos e incendiados. Los camiones y maquinaria pertenecían a empresas forestales y de áridos. Las familias del lugar vieron en grave riesgo sus vidas, dada la proximidad de los sucesos.

Los hechos descritos son los más intensos ocurridos en un solo día en los últimos veinticinco años en la llamada “macro zona sur”. Estos ponen en juego la capacidad de gobernabilidad del nuevo Gobierno.

La determinación de las causas y actores es aún imprecisa. Las diversas hipótesis de trabajo van desde las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, hasta la delincuencia común ligada especialmente al robo de madera, el afán de control territorial de grupos vinculados al narcotráfico, pasando por acciones atribuidas a agentes de seguridad cesantes desde el fin de la dictadura. Ningún argumento por ahora es desechable, no siendo posible descartar una conjunción de todos estos factores para sobrepasar a las policías mediante un accionar coordinado y simultáneo que les permite asegurarse impunidad.

Políticamente, el asunto tiene múltiples aristas. Diversas agrupaciones políticas que forman parte de la actual coalición de gobierno, mostraron desde el principio de los tiempos bastante tolerancia e incluso complacencia con hechos urbanos o rurales de naturaleza similares a los antes descritos, incurriendo en la torpe ambigüedad de asimilar la legítima protesta social propia de una democracia con la vía claramente delincuencial.

Por otro lado, no es posible olvidar que la alta votación lograda en diciembre por la candidatura de extrema derecha no corresponde precisamente a expresiones fascistas o neofascistas sino a importantes sectores medios de la población que tenían temores, pero que al mismo tiempo simpatizaban con los cambios pero reclamaban que estos se hicieran dentro del orden y la legalidad.

El presidente Boric enfrenta ahora una delicada encrucijada. La ciudadanía rechaza y condena los hechos de violencia rayanos en el terrorismo que se han ido haciendo cada día más frecuentes y exige que se les aborde aplicando la fuerza de la ley. Por su parte, actuar con mano firme implica pagar los costos que significa el descuelgue de gente de sus propias filas y el ataque inmisericorde de los militantes de las redes sociales.  

A nuestro juicio, un Estado no puede subsistir y un Gobierno no puede ejercer las funciones y los compromisos asumidos, si la convivencia cívica es sobrepasada a diario por minorías que auto-asumen su derecho a la violencia.

Reincidir en la conducta de “un gobierno que no gobierna” como el de su antecesor, es un peligro que la comunidad nacional no tolerará. Por eso, es necesario que la autoridad explicite sus propósitos para manejar el problema, manifieste su voluntad de trabar un diálogo maduro sobre las demandas y reclamaciones correspondientes, y haga presente al país su voluntad de hacer prevalecer el derecho de la sociedad a la paz social. Con pleno respeto y salvaguardia de los derechos humanos y en el marco de la normativa vigente, debe reencauzarse la conducta de quienes fueron elegidos precisamente para gobernar.      

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