La rebelión de las comunas (I)

La redacción de una nueva Constitución con amplia participación ciudadana, constituye una oportunidad única para el país al abrir la posibilidad de efectuar reformas básicas tanto de fondo como instrumentales siendo estas últimas una condición sine qua non para que se hagan efectivos realmente los derechos de los ciudadanos.

Aunque a primera vista ello no es tan visible, todo indica que el centralismo (más aún en un país cuya contextura geográfica es tan alargada) es uno de los grandes obstáculos para la equidad. La crisis de la pandemia dejó claro que el Gobierno quedó absolutamente sobrepasado por los hechos y que tras un semestre entero de farra irresponsable debió asumir que por simple tozudez no había utilizado a los Municipios y a las redes primarias de atención de salud que les son dependientes, para el enfrentamiento de la infección.

En comentario anterior (01.02.2021), expusimos tres casos que mostraban palmariamente como la concentración del poder político (recursos económicos, culturales, sanitarios, comunicacionales, etc.) afectaban la vida concreta de las personas.

Ahora, tenemos a nuestra disposición el estudio “Radiografía de la Ruralidad en Chile”, dado a conocer por Sebastián Salinas, fundador de la empresa social Balloon Latam.

Algunos datos duros del país, que deben tenerse presentes:

• Tiene 346 comunas de las cuales 263 son predominantemente rurales.
• 83% de su territorio es rural y 25,5% de su población (4,8 millones de personas) habitan en la ruralidad.
• El 22,1% del Producto Interno Bruto se genera en el mundo rural.
• 39% de los hogares de comunas rurales tienen una calidad de vida no aceptable.
• 47,2% de población rural no tiene acceso a redes públicas de agua potable.
• La tasa de pobreza del mundo rural es de 16,5% versus el 7,4% del mundo urbano.
• El 65% de los trabajos rurales son informales versus el 30% a nivel urbano.
• Solo un 38,2% de la población rural tiene acceso a un establecimiento cercano de salud.
• Solo un 54% de la población tiene acceso a un establecimiento educacional cercano.

Vale la pena recordar que hasta 1967 (gobierno de Frei Montalva) a los trabajadores rurales sujetos al régimen del inquilinaje se les retribuía mediante “regalías” (derecho a usar una pequeña porción de suelo y a criar en ella algunos animales domésticos) y no en dinero efectivo, y no se les pagaban los días de lluvia de tal forma que, si durante un mes entero llovía, el inquilino no recibía no siquiera su ínfimo salario.

En 1891, se dictó la “ley de comuna autónoma” de acuerdo a iniciativa del diputado conservador Manuel José Irarrázaval Larraín. La idea era que los municipios gestionaran los territorios asignados con independencia del Ejecutivo. Si bien formalmente esto representó un avance, en la práctica no tuvo mayor significación toda vez que los gobiernos comunales continuaron dependiendo financieramente del Poder Central. Esta situación se mantuvo sin mayores variaciones hasta la época de la dictadura, temporada en la cual los gobiernos locales adquirieron prácticamente el carácter de servicios públicos, con neta dependencia del Ejecutivo, con alcaldes designados por el Ministerio del Interior y con financiamiento controlado desde arriba. La “red de municipios”, como se constataría más tarde, fue utilizada para montar una “red político – electoral” que permitió el desarrollo y consolidación de las colectividades de derecha actualmente gobernantes.

Tras 1990, los municipios fueron cooptados por los partidos políticos desatendiéndose con frecuencia la voluntad ciudadana local para priorizar la cuadratura de una plantilla concebida y negociada a nivel de las directivas metropolitanas. Desde entonces, primó muchas veces el “principio” de que “quien tiene, mantiene” lo que en la práctica se ha traducido en la privación del derecho esencial de la ciudadanía a elegir su autoridad local.

¿Es posible avanzar en una reforma a fondo del régimen municipal chileno?

Este es un tema que amerita una discusión profunda ya que es obvio que muchas de las alteraciones tocan intereses creados cuyos titulares no parecen dispuestos a ceder espacios. El punto de partida, implica una nueva visión estructural de país, orientada fundamentalmente a concretar una dispersión territorial del poder. En una democracia efectiva, es indispensable que los ciudadanos, que constituyen el origen del poder (ya que en reconocer esto radica la esencia de la soberanía popular), tengan participación lo más directa posible en el abordaje de sus carencias y problemas, evitando que este derecho fundamental sea intermediado por actores cuya aproximación a las realidades sociales es remota y meramente formal.