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Editorial: Un problema supremo

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

Aunque muchos pudieran considerar que el otorgamiento de beneficios penitenciarios  a siete (hasta ahora) reos rematados que se encuentran condenados por delitos de lesa humanidad y que cumplían sus penas en la cárcel  de Punta Peuco, es un problema que preocupa solamente a ciertos grupos políticos que se mueven por motivaciones de odiosidad y venganza, a todas luces la situación es muy grave.

Nada de lo que se haga o pueda discutirse  en esta materia puede escapar de un contexto que reúne elementos políticos, históricos, jurídicos y morales, ya que estos antecedentes configuran un marco referencial  inescapable.

Aunque muchas personas pueden discutir hasta el día de hoy la conveniencia e incluso la legitimidad del golpe de Estado de 1973, los diecisiete años de dictadura militar conforman,  a todas luces, un cuadro de abusos intolerable en una sociedad civilizada. Desde los fusilados de Lota de octubre de 1973, pasando por los ejecutados conforme a la “ley de la fuga”, los cadáveres de los campesinos enterrados en los siniestros hornos de Lonquén, los degollados, los criminales atentados en contra de Prats, Letelier, Leighton entre otros, las decenas de  cuerpos lanzados al mar atados a pedazos de rieles, los miles de torturados, y muchos otros hechos comprobados y por comprobar, marcan los hitos más negros de la historia patria que mancillarán para siempre a las fuerzas armadas y carabineros.

Las responsabilidades se extienden también a los centenares de civiles que hoy proclaman, con una buena dosis de cinismo, que nunca supieron lo que estaba ocurriendo y que el propio presidente Piñera calificó como “cómplices pasivos”.

Hacer memoria es molesto para muchos  pero absolutamente necesario para que las nuevas generaciones nunca olviden lo que sucedió. Cuando en Alemania miles de escolares guiados por sus profesores  son llevados a visitar Auschwitz y muchos otros campos de exterminio, lo hacen no para remover las heridas dejadas por el nazismo sino para entregar una lección de vida que compromete a los propios abuelos o bisabuelos de esos estudiantes.

En el obligado análisis de la historia, y esto no es posible silenciarlo, la Corte Suprema de Justicia e innumerables tribunales cohonestaron lo sucedido y se prestaron para encubrir durante años  lo que era innegable. Muchos años más tarde, el coraje de los ministros Adolfo Bañados y José Cánovas, entre muchos otros, logró abrir una puerta por donde se infiltraron los rayos de la Justicia.

Poco a poco, en un océano  de ocultamientos y obstáculos, pudieron conocerse los hechos e identificarse a algunos de sus autores.  Confinados en cárceles especiales, empezaron a cumplir sus sentencias. Curiosamente, muchas de las familias de quienes no tuvieron en su momento piedad alguna para con sus víctimas empezaron a clamar por beneficios para ellos.

Al efectuar un análisis de la situación actual, resulta comprensible, humano y justificado,  que los reos afectados por enfermedades terminales o que presenten cuadros de Alzheimer,  puedan ser excarcelados. Pero, conforme al Tratado de Roma, del cual Chile forma parte, resulta inaceptable que en los otros casos, se les otorguen beneficios extrapenitenciarios a  los autores de delitos de lesa humanidad.

La actitud asumida por la Sala Penal de la Corte Suprema tras  la jubilación del ministro Milton Juica, es de una gravedad extraordinaria  particularmente si se tiene en consideración que el Poder Judicial chileno poco a poco había estado construyendo en materia de derechos humanos, con dificultades por supuesto,  una imagen de seriedad y consecuencia propia de una sociedad democrática.

El aludido Estatuto de Roma, que Chile ratificara en 2009, establece que para la consideración  excepcional  de los delitos de lesa  humanidad es necesario que concurran los elementos de colaboración con la investigación y arrepentimiento. Sin embargo, en los casos hasta ahora considerados por el máximo tribunal, los informes de Gendarmería señalan categóricamente que los reos presentan “bajo nivel de empatía”, “conciencia del delito ausente”, “no reconocen el delito que cometieron”, “niegan su participación” y atribuyen su encarcelamiento a ”una venganza política”, actitud sistemática y uniforme que por supuesto sobrepasa largamente los elementos de “buena conducta” o de colaboración con los trabajos del recinto contribuyendo a “recoger la basura”. El propio diputado UDI Jaime Bellolio, en declaraciones a Radio Sonar se hizo eco de la situación declarando: “En este caso no se justifica darles libertad a los condenados de Punta Peuco porque no han mostrado ni arrepentimiento ni han aportado a que haya más verdad”.

Pero, hay aquí un problema supremo. La decisión del Tribunal, como se ha señalado, traspasa la clara línea roja que separa los “delitos comunes”, en que individuos particulares violan la ley, de los “delitos de lesa humanidad”  que son cometidos por los propios  “agentes del Estado”, es decir por individuos que usando el monopolio de la fuerza y de las armas (que por principio está reservado a la autoridad constituida en razón de la necesidad de proteger   a las personas),  atropellar precisamente a los ciudadanos bajo cuyo mandato actúan.

La Sala Penal de la Corte Suprema ha mancillado una tradición que estaba en proceso de reconstrucción y así quedará grabado a fuego en su historia.

La Sala Penal de la Corte Suprema  ha dicho tácitamente,  pero sin dejar espacio para interpretaciones, que no reconoce  frontera alguna entre el delincuente común y el agente del Estado que secuestra, tortura y asesina. Y esto es malo, muy malo, para el desarrollo de una sociedad democrática y para la formación valórica de las generaciones que vendrán después de nosotros.

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