Editorial: En cuestión de principios…

Han pasado más de siete décadas desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara en París la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El tiempo transcurrido desde entonces puede ser considerado como más que suficiente para que la civilización contemporánea incorpore estos principios fundamentales a la amplia gama de valores que implican el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos.

Lamentablemente, la experiencia de estos tres cuartos de siglo no puede ser juzgada como positiva ya que las  violaciones de los Derechos Humanos que se han observado durante este tiempo están muy lejos de responder a situaciones excepcionales. Por el contrario, han constituido acciones deliberadas de los Estados tendientes a consolidar proyectos políticos autoritarios o derechamente totalitarios.

Si se quisiera hacer un registro de lo sucedido, la Unión Soviética, la República Popular China, diversas naciones islámicas, aparecerían en las primeras páginas. No podrían quedar afuera los Estados Unidos, cabeza del “mundo libre”, país que sistemáticamente ha violado los derechos de las personas tanto dentro de su territorio como en las guerras de agresión que ha protagonizado o en la instalación de dictaduras en diversos lugares del mundo y, en particular, en América Latina. En estos días, India, la mayor democracia de nuestro tiempo, camina hacia la configuración de una sociedad integrista en la que se pretende uniformar hasta el pensamiento religioso.

Nuestro país no puede ser excluido de este desalentador panorama. La huella de la dictadura ha quedado grabada a fuego en nuestra sociedad y las llagas físicas de las ejecuciones, de las torturas, de los detenidos desaparecidos, son heridas abiertas que no logran cicatrizar.

Entonces, la pregunta que surge es: ¿Tenemos conciencia, plena conciencia, de lo que sucedió? La categórica aseveración del “Nunca más” formulada por un ex Comandante en Jefe del Ejército, responde al menos formalmente a esta cuestión. Sin embargo, no se puede ignorar que un importante sector de la población (que incluye a muchos que rezan a Jesucristo) continúa justificando y aceptando lo que sin duda fue la expresión de un crimen sistemático.

Cada vez que renace la polémica sobre este tema, encontramos, por una parte, la cínica explicación de que estos delitos de lesa humanidad deben analizarse “en función del contexto de la época” (argumento conforme al cual se busca relativizar penal y moralmente el actuar de quienes ejercían el poder sin control en esa época) y, por otra parte, la actitud de personas aledañas a las víctimas que no se hacen problema alguno en justificar esta misma clase de delitos cuando ellos se cometen más allá de nuestras fronteras por individuos que les son políticamente afines o (lo que es peor aún) se muestran dispuestos a pasar por encima de los principios básicos de la dignidad humana si se trata de superar al adversario político.

El actual Presidente no deja de sorprender con su ambigua actitud en este terreno. Desde aquel tiempo en que remeció el escenario al condenar audazmente a los que calificó como “cómplices pasivos de la dictadura” generando una indignación mayúscula en sus propias filas, hasta el Piñera II que se niega a aceptar las evidencias expresadas en los sucesivos informes de Amnesty International, de Human Rights Watch  o del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay un abismo que obliga a reflexionar sobre la sinceridad de sus palabras.

El canciller Teodoro Ribera aparece como el lógico exégeta del pensamiento oficial. Y sus expresiones son preocupantes cuando exasperado responde a la prensa: “de una vez por todas, no podemos estar preocupados de un informe más o un informe menos. Ya llevamos cuatro informes.”, olvidando que el último documento fue solicitado por el propio Gobierno.

Cabe preguntarse entonces: ¿Es que nuestras autoridades aún no valoran la gravedad de lo que ha sucedido en estos dos meses? Tenemos a lo menos un par de docenas de víctimas fatales, un par de centenas de mutilaciones oculares, un número aún impreciso de atropellos sexuales al interior de recintos policiales. ¿Y   nos vamos a quedar como país sin tomar las medidas drásticas que conduzcan a impedir nuevos casos o a determinar las responsabilidades penales que correspondan?

Aunque a muchos actores la frase no les diga absolutamente nada, la cuestión de los derechos humanos es una cuestión de principios.

O estamos como nación dispuestos a jugarnos al cien por ciento por la defensa irrestricta de la escala de valores que permite que se haga carne de la vida en comunidad el respeto irrestricto a la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, o estamos por adecuar esa escala a nuestros intereses conforme a las circunstancias que se nos vayan presentando.

Hace ya buen rato que sería necesario aclarar las cosas.