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La rebelión de las comunas (II)

En la primera parte de este comentario (LVC 08.02.2021, ver aquí), hicimos una breve reseña de la evolución histórica que ha tenido el régimen comunal chileno, poniendo énfasis en algunos aspectos que consideramos vitales, tales como la autonomía de los municipios, y la grosera inequidad existente en cuanto a disponibilidad de recursos entre las cuatro o cinco comunas privilegiadas de Santiago Oriente y la inmensa mayoría de los gobiernos locales del país, relación que se acerca a 6 o 7 veces a 1.

En materia de autonomía, es incuestionable la dependencia que los municipios más pequeños tienen respecto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, entidad muy apetecida por los partidos gobernantes ya que a través de ella se distribuyen cuantiosos recursos en favor de alcaldías de tendencias afines. Por otra parte, el financiamiento de proyectos de cierta importancia depende de la postulación de estos ante los Consejos Regionales. Estos organismos colegiados manejan presupuestos muy acotados definidos desde la capital, generándose una competencia por la obtención de recursos, carrera en la que por supuesto los municipios de mayor envergadura, que cuentan con plantas profesionales y técnicas más abundantes y de mejor nivel corren con evidente ventaja.

La inequidad referida anteriormente tiene explicaciones claras. Además de los masivos ingresos generados por concepto de contribuciones de bienes raíces y de permisos de circulación, un importante número de empresas de carácter financiero y especulativo tienen su domicilio legal en tales comunas y, lo que es peor aún, las grandes empresas productivas (mineras y forestales, entre otras) mantienen sus faenas operativas a lo largo del país pero tributan en los sectores de privilegioss.

En consecuencia, resulta indispensable reenfocar la recaudación de los ingresos para lograr su acopio en un real fondo común municipal procediendo luego a su redistribución a través del país con criterios claros y objetivos según las condiciones generales de cada localidad.

No resulta aceptable en una democracia efectiva que existan en el país habitantes carentes de agua potable, de electricidad o con graves problemas de acceso incluso físico a la educación y a la salud mientras se invierten miles de millones de dólares en obras destinadas a fluidificar la circulación vehicular capitalina en una secuencia que, como ha quedado sobradamente demostrado, jamás tendrá fin.

Un “estatuto marco” para los gobiernos locales debe considerar medidas tendientes a promover la asociatividad intercomunal y a proveer a cada municipio de la asistencia técnica indispensable para el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos. Las universidades regionales con orientación pública bien podrían cumplir con eficacia esta tarea particularmente en materia de elaboración de planos reguladores y de programas de fomento productivo y desarrollo local en general.

En buenas cuentas, se trata cambiar la calidad de vida de los ciudadanos dentro de plazos razonables, generando las condiciones indispensables para que las nuevas generaciones tengan interés en permanecer y desarrollarse en sus localidades de origen y no tengan la emigración como única perspectiva de futuro. El fomento de la cultura, del deporte y del esparcimiento constituye el medio adecuado para una vida comunitaria.

Un desarrollo local a escala humana hace posible la participación de las personas tanto en la definición como en el cumplimiento de las soluciones a los problemas que el día a día va planteando a una sociedad que experimenta nuevos desafíos.

Un tema complejo es, sin duda, la indispensable revisión de la institucionalidad municipal.  A nuestro juicio, debe irse a una despolitización efectiva de los gobiernos locales para que dejen de ser considerados como parcelas partidarias o como escalones útiles para hacer carrera política. La equidad social y la integración solo serán posibles si se tiene la capacidad para impulsarlas a partir del Chile real que conforman más de tres centenares de municipios y se les reconoce su derecho a una autonomía política y financiera.

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