La dignificación de la ciudadanía,construyendo su constitución es un buen camino a la libertad y justicia que necesitamos.
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Las cosas claras pero confusas

En la tradición latinoamericana, dos países destacaron históricamente por lo que se consideraba una elevada formación cívica de su población: Uruguay y Chile. En ambas sociedades llamaba la atención el que un amplio espectro de sus ciudadanos estuviera cabalmente informado acerca de los problemas políticos, económicos y sociales y pudiera discutir fundadamente sobre las diversas posiciones en juego. En las universidades, el debate libre aunque acalorado entre sus estudiantes contribuía a la formación de nuevos dirigentes.

Hoy, a lo menos en nuestro país, la realidad es bastante diferente. En el importante mundo estudiantil, que siempre debe ser considerado como la “generación de relevo”, puede constatarse una indiferencia masiva que se traduce en el abstencionismo y en el predominio de los eslóganes simplones o derechamente de la violencia, para imponer puntos de vista.

Los partidos, que en democracias maduras constituyeron canales de participación, hoy languidecen sumidos en sus contradicciones internas, en el personalismo de sus dirigentes y en conducciones cupulares que solo buscan defender cuotas de poder. Así, la política se ha desplazado a la farándula de los matinales televisivos que trivializa la “cosa pública” y que, debajo del poncho, oculta estrategias de los grupos dominantes para mantener el statu quo.

Por supuesto que, al día de hoy, el debate plebiscitario y constituyente concentra el interés mayoritario pero evade el abordaje de los temas concretos fundamentales. Lo único claro hasta ahora, es que la oposición coincide unánimemente en el “apruebo” pero sin asumir elementales definiciones comunes y, en el otro lado, el oficialismo se muestra quebrado entre un predominio de la opción de “rechazo” y una emergente propuesta aprobatoria concebida como estrategia para aminorar los costos de una inevitable derrota.

En este terreno, sorpresa ha causado la irrupción en el debate del Presidente de la República con un documento enviado a sus ministros (pero ampliamente difundido por los canales oficiales) señalando los “contenidos clave” que deben ser considerados en “una Constitución democrática”.

En general, se ha considerado que el texto de Piñera no es más que un refrito de la normativa vigente y que poco aporta en cuanto a las reformas fundamentales que reclama el país. Por lo demás, en muchas materias consideradas en los diez puntos del manifiesto presidencial (que incluso han podido ser abordadas en el marco de la Constitución vigente) no ha habido interés alguno por promoverlas o ha habido una contradicción de hecho con la actuación práctica del oficialismo.

Así, el punto 1 sobre el “rol del Estado” señala que este “debe ser más solidario”, frase carente de todo aterrizaje. Luego se releva el rol de la familia como “núcleo fundamental de la sociedad” sin tocar para nada el tema crucial: ¿de qué tipo de familia se está hablando? En el campo medioambiental señala que debe consagrarse “el principio del desarrollo sustentable” sin más detalles y precisiones.

A cualquier ciudadano acucioso, no pueden dejar de llamar la atención los puntos relativos a la “Separación de los Poderes del Estado” y a la autonomía de diversos organismos, a la “Responsabilidad de las Autoridades” y la “Transparencia del Estado”. Si estos aspectos se consideran importantes, uno debiera preguntarse: ¿Por qué entonces se presiona abiertamente  a la Contraloría General de la República o al Ministerio Público,  para impedir que se investiguen, conforme a la ley, los hechos y se determinen las responsabilidades de los mandos policiales o de altos funcionarios del sector Salud respectivamente?

No puede dejar de comentarse la propuesta que indica que “la Constitución debe incluir el reconocimiento de los pueblos originarios” con “su identidad, su cultura y tradiciones ancestrales”. En este campo, hay claras responsabilidades de todos los sectores pero no puede olvidarse que hace más de dos años, el propio Presidente comprometió solemnemente, en el Cerro Ñielol de Temuco, el envío de un proyecto sobre la materia iniciativa de la cual nunca más se supo.

Hay oportunidades en que los silencios hablan más que las palabras. Al referirse al derecho a la propiedad privada, se señala que “nadie puede ser privado de sus bienes y derechos, sino por una causa justificada y en virtud de una ley”, eliminándose la exigencia actual (esto es lo más revolucionario del documento) de que toda indemnización expropiatoria, salvo acuerdo, “deberá ser pagada en dinero efectivo al contado”. Por supuesto, el tema relativo a la propiedad del recurso agua, no es considerado.

Por supuesto, el texto, de poco más de seiscientas palabras, no puede ser visto sino como un afán presidencial por estar presente en una discusión que ocupará la atención del país durante los próximos dos años. Aunque sus asesores comunicacionales lo han presionado para restringir sus apariciones y para empoderar a sus ministros (hasta ahora continuamente sobrepasados por la irrupción constante del mandatario), era insostenible que estuviese ausente en un debate crucial. El documento, menospreciado incluso por la prensa adicta al oficialismo, marca algo de presencia pero no aclara nada ni orienta en nada. Solo puede ser visto como una acción fallida destinada a superar el notorio síndrome del pato cojo.

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