La ciudadanía debe estar altamente participativa y comprometida con el proceso constituyente.

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Nociones básicas sobre los “family office”

Generalmente, al leer los suplementos económicos y financieros de los grandes diarios o las revistas especializadas, los lectores se encuentran con el uso reiterado de la expresión gringa “family office”. Por supuesto, muchos desconocen qué es lo que eso significa pero tienden a entenderlo como “negocios de familia”.

Si se indaga algo más sobre el tema, se puede determinar que se trata de casos en que un grupo familiar que es dueño de un gran patrimonio, ya sea en activos financieros tales como acciones, bonos, depósitos, o en activos no financieros como empresas productivas, inmuebles, etc., decide organizar todo como si fuera una sola gran empresa o corporación para realizar un manejo conjunto de sus bienes. Se trata, en buenas cuentas, de hacer una gestión íntegra de ese patrimonio de manera profesional como si fuera una sola unidad, maximizando su rentabilidad, preservándolo e incrementándolo en beneficio de las nuevas generaciones.

Los expertos han destacado entre los fines de estos family office el dar a las grandes fortunas una estructura y una organización adecuada, distribuir funciones y responsabilidades entre los miembros de la tribu, evaluar los nuevos emprendimientos, disminuir costos, ejercer funciones de supervisión y control, contratar asesorías globales y hacer una planificación sucesoria y hereditaria.

Los family office constituyen una de las expresiones más típicas del capitalismo ya que no solo impiden que las grandes fortunas se disgreguen sino que llevan naturalmente a una concentración creciente de la riqueza. En Chile, los casos son múltiples estando entre los más conocidos los de las familias Matte, Luksic, Angellini, Paulman y Piñera.

Por supuesto, esta estructuración, asesorada por los más importantes estudios profesionales, va mucho más allá del cumplimiento de los fines antes mencionados y en el día a día se arma con el propósito inocultable de eludir impuestos. El actual Presidente, de acuerdo a lo que fluye de los informes de la revista Forbes, no solo mantiene la mayor parte de su patrimonio en los famosos “paraísos fiscales” (pese a que en su discurso ha condenado esta práctica) sino que al interior del país ha armado un tinglado complejo en que su fortuna aparece distribuida entre su cónyuge, sus cuatro hijos y sus numerosos nietos. Es bueno recordar que, cuando en medio de la crisis del 18 de octubre de 2019 abandonó raudo La Moneda para ir a servirse una pizza de cumpleaños con sus nietos a Vitacura, sus maledicentes opositores dijeron que en verdad no se trataba de un cumpleaños sino de una “junta de accionistas” familiar.

Es curioso (algunos dicen “indignante”) que en estos tiempos, en que existe un consenso generalizado acerca de la imperiosa necesidad de aumentar la recaudación tributaria para financiar las grandes tareas sociales y económicas que impone el enfrentamiento de la pandemia y sus secuelas, el consorcio de las grandes fortunas del país, no haya abierto la boca para pronunciarse ni sobre el eventual impuesto a los mayores patrimonios  ni sobre las exenciones y beneficios impositivos que les han beneficiado por décadas. Conviene recordar que en los EE.UU., 90 de las mayores riquezas de ese país, suscribieron en 2020 un manifiesto pidiendo al Gobierno que les aumente su carga tributaria, actitud que resulta insólita para los “milmillonarios” (en dólares) chilenos.

Sorprendentemente, el tema comentado termina teniendo relación con la actividad política. La mayor parte de los partidos más tradicionales, vive una crisis de magnitud. No se trata solo de la verdadera debacle electoral sufrida en las elecciones del 15 y 16 de mayo, sino de la pérdida absoluta de los valores fundamentales que justifican y explican la existencia de estas colectividades que pretenden representar a los ciudadanos en una democracia.

Todas las encuestas de opinión coinciden en asignar a “los partidos”, las más negativas tasas de evaluación. Diversos analistas han estado concordes en que este juicio lapidario está fundado en la sensación que tiene la gente, en todas partes, en cuanto a que estas entidades han perdido su democracia interna, su preocupación por los problemas de la comunidad y se han ido transformando en parcelas de poder al servicio de determinados grupos de poder o de intereses personales o familiares.

Un breve repaso de la realidad, permite constatar cómo determinados sujetos han ido apoderándose de las estructuras de los partidos, de su aparataje electoral y, sin asco, procuran acomodar a su familia en diversos cargos. Los alcaldes pretenden ser parlamentarios, los diputados buscan la senaduría, unos y otros persiguen perpetuarse en los cargos e ir instalando a su familia paulatinamente, las elites capitalinas se distribuyen el territorio como si fuera un fundo. Es como si de pronto hubieran constatado que se puede vivir muy bien de la política, gozando de los buenos privilegios que la legislación otorga.

La ciudadanía debe ir más allá de la opinión negativa en encuestas y estudios de opinión y exigir normativas electorales que hagan posible abrir las puertas a un proceso de renovación constante dela representación ciudadana.   Porque,  a fin de cuentas, la actividad política se ha ido transformando en una desvergonzada “family office”.

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