Nuestra hoja de ruta

Las elecciones del 15 y 16 de mayo han configurado una nueva realidad para el país. Los datos duros que saltan a la vista son elocuentes. En breve síntesis pueden anotarse algunos hechos: Concreción de la paridad de género lográndose una equivalencia mujeres / hombres en la elección de convencionales – constituyentes; Incorporación formal de representantes de los pueblos originarios; Derrota de los partidos históricos y de algunas colectividades emergentes de extrema derecha; Irrupción de un elevado número de candidaturas independientes propiamente tales más independientes que postularon al alero de partidos pero que no actúan bajo su disciplina; Fracaso de la derecha tradicional (actual combinación oficialista) que ve desaparecer su opción de atrincherarse en un tercio de la futura Convención para impedir cambios fundamentales reclamados mayoritariamente por la ciudadanía.

Esta alteración sustantiva del panorama nacional ha generado diversas inquietudes pero la cuestión debe ser analizada con racionalidad.

Es evidente, y es bueno que la comunidad nacional lo reconozca y asuma, que los resultados electorales a la vista reflejan en forma mucho más exacta la heterogénea composición del país. Sectores hasta ahora marginados de toda incidencia en el manejo del poder y en el usufructo de los beneficios del poder, marcaron en esta oportunidad presencia significativa y es obvio que esta presencia llegó para quedarse. Relevante resulta constatar que la abundancia del dinero para financiar candidaturas ya no asegura resultados favorables a los intereses de los donantes y que la incidencia de los medios de comunicación tradicionales acostumbrados a manipular informaciones y a desarrollar campañas destinadas a generar determinadas sensaciones y temores en la ciudadanía, es prácticamente nula.

Sin embargo, sería ingenuo creer que lo que hoy aparece ante nuestros ojos es algo consolidado. Como sucede en todos los campos de la vida en sociedad, las actitudes de las personas son cambiantes y los cambios responden a los desafíos y problemas que a diario nos plantea la vida en común. Tal como se afirma que en política las derrotas nunca son definitivas, tampoco las victorias lo son.

Y, por lo tanto, si queremos efectuar un enfoque prospectivo del futuro, es nuestra obligación tener la mente fría para sopesar algunas circunstancias que incidirán en lo que está por venir.

Dando por descontados las dificultades, conflictos y desencuentros que, sin duda, se presentarán en la instalación y desarrollo de la Convención Constitucional como es propio de todo encuentro entre personas que piensan en forma disímil o antagónica, el problema se da al cuestionarse la capacidad que tendrán los constituyentes para salir de la coyuntura, de la inmediatez, alzar la vista y mirar hacia el futuro, para lo cual es necesario tener presente algunos datos de los cuales no es posible prescindir.

Lo primero que debe tenerse presente es el hecho de que en los comicios recientes, solo sufragó un 42,5% de los ciudadanos habilitados lo que significa que prácticamente 8.570.000 personas no concurrieron a las urnas. Al restablecerse el voto obligatorio, la participación tanto en las elecciones presidenciales y parlamentarias como en el “plebiscito de salida”, se incrementará a lo menos en unos 3,5 millones de votos. En consecuencia, desde un punto de vista lógico resulta impropio que los elegidos en los comicios se atribuyan la representación exclusiva “del pueblo” ya que objetivamente más de la mitad de la ciudadanía, cualesquiera que sean las razones, no les ha otorgado un mandato. También debe tenerse presente que, aun estando en funciones la Convención, se procederá a elegir a fines de año tanto al Presidente de la República como a la gran mayoría del Parlamento siendo su representación, aunque diversa, tan legítima como la anterior.

Ambos antecedentes fundamentales deben ser considerados a la hora de hacer efectivo el trabajo constitucional lo que obliga a efectuar un permanente diálogo con el fin de gestar un cuerpo jurídico que encauce racionalmente la vida en comunidad para el largo plazo.

Siendo clara en las líneas fundamentales la voluntad de la ciudadanía, no resulta aceptable que aquéllos que sufrieron el enjuiciamiento negativo del modelo de exclusión y privilegios, pretendan preservarlo. Si se quiere construir una democracia real que marque positivamente nuestro camino como nación, tan inaceptable es la actitud de quienes pretenden “rodear” la actividad constituyente para forzar la imposición de sus criterios mediante la presión vocinglera y el amedrentamiento, como la de quienes pretendan hacer este rodeo a través de la indisimulada presión del aparataje comunicacional que controlan los señores del poder.

Chile tiene derecho a una gestación limpia de la nueva carta fundamental de forma que, al eliminar los nudos que hasta ahora han obstaculizado la concreción de una vida en común marcada por principios de equidad, participación, justicia y solidaridad, seamos capaces de reconocer en los hechos la dignidad humana con todo lo que ello implica.

Pretender exacerbar los conflictos constituye un riesgo de dimensiones incalculables y, definitivamente, no es eso lo que Chile quiere.