Los pueblos tienen los gobiernos que merecen... mientras son manipulados, pero pueden rectificar, cuando esos pueblos logran conciencia en sí!!!
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Oye, Chile…¿Qué te está pasando?

Por supuesto, los días no tienen color. Sin embargo, nadie podrá discutir que las últimas semanas han sido negras, absolutamente negras, no solo para el actual Gobierno sino que para toda la sociedad chilena.
El mal llamado “conflicto mapuche”, que desde su misma denominación anticipa una estigmatización del pueblo originario numéricamente más importante del país, ha dejado de ser un tema relevante para posicionarse como un “problema clave” que incidirá en la evolución política, social y cultural del país.

Una trayectoria más que centenaria, que registra como antecedente remoto la guerra de la conquista, y que tiene como hitos el sometimiento y la “pacificación” de la Araucanía; la dolosa usurpación de las tierras que pertenecieron históricamente a los antepasados de este pueblo; la adquisición “formalmente legal” de estos territorios por parte de los grandes consorcios forestales; el desprecio por la identidad, la cultura y las costumbres de la etnia mapuche; configuran el paisaje de un problema de marca mayor.

La historia reciente, contada a partir de la recuperación de la democracia, está definida por dos etapas.

Una, la conformaron los cinco gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría en que inicialmente (Gobierno de Aylwin) se buscó enfrentar el problema mediante un enfoque absolutamente unilateral a través de la creación de un fondo de adquisición de tierras y su traspaso a las comunidades indígenas, acción que permitía descomprimir el conflicto pero que, obviamente, estaba destinada a tener efectos muy limitados tanto por la ingente cantidad de recursos requeridos para una política masiva como por la sencilla razón de que en ningún caso se estaban abordando aristas esenciales del problema. El primer gobierno de Sebastián Piñera prosiguió en esta misma línea con los matices propios de las características ideológicas de la Alianza por Chile.

El segundo gobierno del presidente Piñera dio inicio a una nueva etapa caracterizada por la puesta en marcha de un plan de desarrollo económico-social para la Región de la Araucanía, enfoque que parecía lógico si se consideraba que esta zona presentaba elevadísimos índices de pobreza. La propuesta, sin embargo, tenía notorias debilidades: Territorialmente excluía a la provincia de Arauco al tiempo que se trabajaba “desde arriba” sin ni un atisbo de participación de las comunidades involucradas. Pero lo peor, sin duda, es que se persistía en eludir los aspectos de fondo de un conflicto de por sí complejo, sin que se abordaran nuevamente las aristas políticas, sociales y culturales latentes pero esenciales.

A esa altura del partido, el Presidente cometió un error garrafal e incomprensible: Posar en una sorprendente foto a la cabeza de un comando armado, de fuerzas especiales de Carabineros entrenadas en Colombia el que de inmediato fue bautizado como el “Comando Jungla”. En su afán de conquistar la adhesión de ciertos sectores importantes de la coalición oficialista, destruyó en un santiamén todo el trabajo minucioso desarrollado durante un semestre por su ministro Alfredo Moreno. Las confianzas desaparecieron y “el Comando” creyó entender que se iniciaba una guerra de guerrillas en la cual estas fuerzas tenían “licencia para matar”.

A partir de ese entonces, los hechos se desataron sin control. En la pesquisa de un delito común (nunca suficientemente aclarado) un comunero mapuche, Camilo Catrillanca, es asesinado por la espalda. La institucionalidad de la policía uniformada monta todo un operativo de desinformación y encubrimiento, niega la existencia de ciertas pruebas, destruye otras, instruye a sus funcionarios implicados para que mientan concertadamente, generando la mayor crisis de que se tenga memoria. El alto mando policial es descabezado en pocos días y graves escándalos anteriores, como el “pacogate” o la operación “Huracán”, parecen juegos de niños frente a la nueva realidad.

El Cuerpo de Carabineros de Chile, apreciado por la ciudadanía como la institución más confiable del país, en pocas horas pierde todos sus créditos. Las deficiencias en la formación de su personal (falta de cultura democrática y de respeto a los derechos humanos), la existencia de grupos internos de poder, la ineficiencia de su gestión, son llagas, entre otras, que empiezan a supurar y que deben ser tratadas intensivamente.

Las “policías” constituyen elementos irremplazables para el sustento y adecuado funcionamiento de un Estado democrático. Los diversos sectores de la sociedad están llamados a trabajar para reconstruir una institucionalidad enormemente dañada. La civilidad debe contribuir a esta tarea impregnando su formación y su acción cotidiana de valores éticos indispensables, para lo cual es fundamental el respeto a la ley y a las convicciones republicanas.

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