Problema de Lucas

Una preocupación prioritaria, para el Gobierno y para todo el país, es la reactivación económica. Los meses de pandemia, con sus secuelas de cierre de miles de empresas industriales y comerciales y con cifras enormes de desocupación, han llevado a una crisis solo comparable con la sufrida en la década de los 80 y con el crash de 1931.

Paradojalmente, la tan criticada reforma constitucional que permitió el retiro del 10% de los fondos previsionales inyectando una cantidad cercana a los 10.000 millones de dólares al circuito, ha implicado un auxilio keynesiano que no provino de la autoridad económica sino del gasto y consumo privado.

El 12 de agosto, el Ministro de Economía Lucas Palacios (con tal nombre debió haber estado a cargo de Hacienda) dio a conocer el catastro de las 220 iniciativas que priorizará el Ejecutivo para inyectar mayor dinamismo a la actividad nacional. De estos, 138 son proyectos privados por US $24.500 MM que irían a los sectores de energía (69 con inversión de US$ 10,760 MM; minería 16 con US $ 9.120 MM; inmobiliario con US$ 1.769 MM). Con esto, entre las etapas de construcción y operación se crearían 115.000 puestos de trabajo.

Una rápida revisión del listado publicado por la prensa (El Mercurio 13.08.20), permite constatar que muchos de estos tienen como fecha “de operación y puesta en marcha” el año 2020 y el primer semestre de 2021 y varios se iniciaron a partir de 2002 (sí, dos mil dos) por lo que su incidencia en materia de ocupación ya se ha dado. La inversión se localiza en el área metropolitana y en las zonas mineras de Antofagasta y Atacama. Ñuble, Aysén y Magallanes no reciben ningún proyecto y Arica, O’Higgins, Maule, Los Ríos, Los Lagos, casi nada. Para Bíobío se consideran 10 proyectos de los cuales 7 corresponden a parques de energía eólica, un inmobiliario (Las Ulloas) y la ampliación de Celulosa Arauco iniciada en 2019 y que según sus propietarios estaría operando en seis meses más..

El 16 de agosto, el Presidente, protegido por un casco industrial, anunció un plan de inversiones (eslogan del caso: “Paso a paso, Chile se recupera”) por US $ 34.000.- millones, lo que permitiría la creación de 250.000 puestos trabajo, tarea apoyada por la agilización de la iniciativa “empresa en un día”, para avanzar en la recuperación del 1,8 millones de puestos de trabajo perdidos durante la crisis. Horas más tarde, la Pontificia Universidad Católica de Chile precisaba que la pérdida de empleos ascendía nada menos que a 2,3 millones de personas.

De acuerdo al diario Las Últimas Noticias (17.08.2020), el paquete considera 2.544 proyectos que van desde la reposición de semáforos hasta, por supuesto, nuevas líneas de Metro. En la recopilación de prensa, no aparece nada significativo para la Región de la Araucanía, lo que puede deberse o a un castigo para esta conflictiva zona o a que en carpeta aparte está el “Plan Araucanía”.

El “Plan Araucanía”, fue anunciado con bombos y platillos el 24 de septiembre de 2018, a cargo del Ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno (reemplazado, luego, por Sebastián Sichel y éste, a su vez, reemplazado por Karla Rubilar). En el Cerro Ñielol, ante 200 representantes de la comunidad, el Presidente comprometió, además, “cambios a nivel político”, puntualizando en el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, la dictación de una ley de cuotas para participación parlamentaria más la generación de instancias de diálogo, agregando: “Sabemos que habrá algunos escépticos que van a decir que esto no es posible”.

La Araucanía es la region que concentra mayores bolsones de pobreza. Al cumplirse un año del anuncio presidencial, el diario La Tercera (14.09.2019) presentó un balance: “Simplemente, nos han abandonado”. El dirigente gremial José Aravena declaraba: “Nosotros los camioneros le dijimos fuerte y claro: “Presidente, alguien le robó el programa porque no hemos visto cumplirse esas promesas”. “El presidente tomó nota y se comprometió a otra reunión. Y hasta el día de hoy, nada”. Hugo Alcamán, del Encuentro Nacional Mapuche afirmaba: “De catorce medidas comprometidas (para con el pueblo mapuche), ni una”.  Gloria Naveillán, vocera de los agricultores comentó: “Hasta ahora ni siquiera tenemos claro de qué se trata todo esto en la práctica”.

Evidentemente, el grave incumplimiento de las promesas presidenciales cuando ya han transcurrido dos años desde el bombástico anuncio, genera creciente desconfianza, factor que contribuye a incrementar las tensiones sociales y políticas en esa zona.  

El programa “Paso a Paso, Chile se recupera” tiene entre sus puntos más destacados el anuncio de una desburocratización para superar las barreras que obstaculizan la concreción de los proyectos. La medida dice referencia directamente con la Dirección General de Aguas, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Servicio de Evaluación Ambiental.  ¿Se mantendrá la exigencia de cumplimiento de normas sanitarias y ambientales. ¿O se presionará para que los servicios tengan manga ancha para acelerar el paso?