«La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias es hacer nacer la paz en el presente». Rigoberta Menchú, activista por los derechos indígenas.

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¿Quién vigila a los vigilantes?

Existe amplio consenso en cuanto a que en “estado de Derecho democrático”, el Estado tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Es obvio que si fuese considerado legítimo que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos estuviesen facultados para portar y hacer uso de armas o para hacer justicia de propia mano (autotutela) se destruirían las bases mismas de la convivencia propias de una comunidad civilizada.

De ahí que se considere normal que la ley disponga que un organismo público sea llamado a autorizar el porte de armas de fuego para cuyo efecto los solicitantes deben cumplir determinadas condiciones fijadas por la legislación. Es obvio, y todo el mundo lo sabe, que más allá de ese marco, existe un mercado paralelo de estos artefactos el que se maneja a través de las redes de la delincuencia común, la que se abastece por diversas vías (asalto a sus legítimos propietarios, fabricación artesanal, adaptación de armas de fogueo, importación clandestina).

En la actualidad, un elevado número de estas piezas circula en el mundo del narcotráfico y cae con frecuencia en manos de menores de edad que inician de esta manera su carrera delictiva.  En los últimos años, se ha detectado un alto poder de fuego en la zona del llamado “conflicto mapuche” en un ambiente en que se confunden las reclamaciones territoriales de los pueblos indígenas, con el tráfico de drogas y el reiterado robo de madera.

El pasado 5 de abril, la policía civil de la localidad de Traiguén recibió la denuncia de que al interior de una vivienda se cultivaba y comercializaba marihuana. Al constituirse los funcionarios en el lugar, procedieron a allanar el inmueble descubriendo no solo elementos correspondientes a lo delatado, sino un arsenal: un fusil de guerra FAL, una pistola Colt, un rifle calibre 22, un arsenal de cartuchos y municiones varias. Lo sorprendente del caso era que el dueño de casa, J.P.P.V.. quien inicialmente se opuso al ingreso policial, se desempeñaba como oficial de sala del propio Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén. Por lo demás, en tal carácter le era bastante fácil acceder al conocimiento y eventual sustracción de antecedentes relativos a las causas que tramitaba el tribunal. En suma, un escándalo profusamente divulgado por los medios de comunicación y cuyo final aún no se conoce.

Los hechos antes relatados fueron profusamente cubiertos tanto por la “prensa seria” como por los medios farandulescos. No podía ser para menos, ya que aparecía implicado en ellos un funcionario judicial (aunque del nivel más bajo del escalafón) y, además, se ha ido constatando un creciente aumento de la violencia criminal.

Ochenta días más tarde, fue conocido otro hecho relativo a la misma materia: Don Jorge Bermúdez. Contralor General de la República, quien se ha caracterizado por entrometerse en campos de la función pública que antes eran considerados como cotos vedados a la fiscalización del organismo, dio a conocer el minucioso informe  de auditoría aplicada a la Dirección General de Movilización Nacional, ente dependiente del Ejército de Chile, durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en relación con el cumplimiento de su facultad para otorgar permisos para portar armas y su correspondiente control a posteriori.

¿Qué descubrió el molesto señor Bermúdez?

  • Que 22.987 con antecedentes penales continúan contando con permisos vigentes para portar armas;
  • Que a 5.976 personas se les autorizó para inscribir armas a pesar de tener antecedentes penales a la fecha de realización del trámite;
  • Que 9.088 permisos aparecen otorgados “a RUT Cero”, es decir sin que se registre ni nombre ni domicilio de los beneficiados;
  • Que 1.083 permisos fueron otorgados a menores de edad, a pesar de estar ello expresamente prohibido por la ley;
  • Que 72 civiles aparecen con armas inscritas a su nombre en fechas anteriores a su nacimiento;
  • Que 182.898 inscripciones de armas continuaban vigentes al 31 de diciembre de 2018 a pesar de que sus 132,931 propietarios se encontraban ya fallecidos, sin que sus herederos hayan regularizado la situación conforme a la ley;
  • Que 316 certificaciones de aptitudes físicas y psicológicas fueron emitidas por individuos que no poseían el título profesional de médico en tanto que 129 fueron otorgadas por quienes no tenían la especialidad de psiquiatras de adultos.

Si lo dicho corresponde a la fiscalización de un año calendario ¿cuáles serán las cifras de un lustro o un decenio?

El impactante resultado de la auditoría, hasta el día de cierre de este artículo no ha sido comentado ni por la “prensa seria”, ni por los matinales ni menos, por supuesto, por el Ministro de Defensa Nacional.

Entonces ¿de qué nos quejamos?

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