«La concentración de riquezas, el poder del dinero, por sobre todo, el dinero fácil, en su accionar destruye la historia, la educación, cultura , los valores de una sociedad que desee permanecer limpia y sana.»

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Tres tristes temas

Los temas políticos son innumerables. Todavía no se cierra uno, cuando emergen otros nuevos, dos o más. Después de todo, la política cubre una amplia gama de la actividad social de los seres humanos de tal forma que casi nada le es ajeno.

Por su importancia y persistencia, la pandemia del COVID 19 sigue ocupando un lugar preeminente. Las críticas acerca del manejo que las autoridades le han dado al problema son muchas. Obviamente, el problema es complejo pero, a nueve meses (lapso que dura un embarazo) surgen evidencias. El Ministro Enrique París, con el fin obvio de proteger las espaldas de su antecesor Jaime Mañalich (y eventualmente, por extensión, las del propio Presidente de la República, se negó sistemáticamente a entregar a la Fiscalía los correos de su repartición alegando que su conocimiento afectaría la privacidad de los datos personales y también la seguridad nacional. Tras la resolución de la Corte Suprema que lo obligó a poner estas comunicaciones a disposición del Ministerio Público, excluyendo solo las comunicaciones que pudiesen encontrarse en las situaciones indicadas, y ante el temor de ser procesado por desacato, París se allanó a cumplir la orden judicial.

En medio de este conflicto judicial, se hizo pública la demanda por incumplimiento de contrato más indemnización de perjuicios interpuesta por la empresa Cega Suplies en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a cargo a esa fecha de Arturo Zúñiga. La demandante reclama el pago base de 7,6 millones dólares (casi 6 mil millones de pesos) suma correspondiente a la adquisición de 100 ventiladores mecánicos Aonmed  VG 70. La orden de compra, emitida con fecha 5 de junio, requirió su entrega urgente en la Embajada chilena en Beijing. El representante Luis Schmidt hizo presente no tener instrucciones al respecto y a partir de esa fecha el Ministerio simplemente no respondió los reiterados correos de la empresa actuando con una incompetencia increíble. Es más que probable que al develarse los correos del Ministerio y la Subsecretaría salten nuevos antecedentes de una situación que causará daño importante al Estado.

Mientras tanto, las luces rojas apuntan a enero de 2021. Todo indica, y las propias autoridades así lo han reconocido, que a partir del nuevo año habrá un fuerte rebrote de la pandemia que comprometerá la salud en diversas regiones. Ya se ha hecho presente que, de producirse el rebrote, habrá un grave déficit de camas críticas disponibles en diversas regiones del país. Si bien debe reconocerse que el ministro París ha actuado racional y eficientemente, sin la soberbia y adulteración de información de que hizo gala su antecesor, es claro que ha debido soportar el hostigamiento de los ministerios de Economía y Educación y del propio presidente, todos empecinados en proclamar en el discurso la existencia de una normalidad que no tiene nada que ver con la realidad que sufren a ojos vista regiones tales como Bío Bío y Los Lagos. El desencuentro entre estas autoridades, ha generado la adopción de medidas sanitarias ambiguas y contradictorias que ya están teniendo consecuencias. Las resoluciones relativas al eclipse, las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano, han relajado la disciplina social y, lo más probable, es que nadie finalmente se haga cargo de los costos humanos del caso. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde La Granja Felipe Delpin, fue categórico: “Autorizar para la Navidad la reunión de grupos de hasta 30 personas, puede ser muy popular pero es una irresponsabilidad sin nombre”.

En cuanto a los partidos políticos, por ahora solo están las novedades de siempre. La UDI vive en silencio sus problemas internos, su candidato perpetuo sufre las secuelas de su estrepitoso fracaso en Vitacura, comuna en que su ahijado llegó tercero entre tres; RN sufre la renuncia de algunos de sus diputados y la inminente renuncia al Ministerio de Defensa de su ex presidente Mario Desbordes que se haría pública en enero luego de la pública desautorización de que fuera objeto por parte de Piñera. El otrora promisorio Frente Amplio sufre los estertores de la desintegración, dos diputados renuncian ahora a Revolución Democrática, principal partido del bloque, alegando en contra de su línea política y muchos de sus militantes manifiestan públicamente su rechazo a la instrumentalización de que son víctimas por parte de irresponsables actores o actrices.   

En el plano judicial se presentan hechos destacables. Por ejemplo, el 30 de noviembre El Mercurio publicó carta en que la periodista Patricia Espejo declaraba sentirse avergonzada y confundida al saber que en los incidentes del viernes anterior habían sido detenidos por Carabineros 56 manifestantes, de los cuales 10 registraban múltiples detenciones anteriores y aún permanecían libres. Es extraño que una profesional de su experiencia manifieste opiniones tan livianas. Aunque en dictadura todo está permitido (Espejo fue una de los 77 juramentados por Pinochet, en Chacarillas, en 1977) en una sociedad democrática deben imperar los principios básicos del Derecho Penal liberal. Entre ellos, que la simple detención no necesariamente implica autoría y condena y que las penas, en caso de que procedan, deben ser proporcionales a la gravedad del delito. Por lo demás, para ser objetivos habría que examinar caso a caso pero debiendo recordarse en todo caso que el proyecto de nuevo Código Penal lleva años durmiendo en los anaqueles de la burocracia sin que los poderes colegisladores hayan mostrado interés alguno en su avance. Resulta más barato cargarle las tintas al Poder Judicial.

En la semana, la PDI hizo pública la detención de 8 personas como posibles autores de las amenazas de muerte a la fiscal Ximena Chong. Todos son civiles, todos tienen domicilio en la comuna de Las Condes, se reconocen como integrantes del Colectivo Patria y Libertad y, según lo acreditan las cámaras de seguridad, fueron quienes participaron del operativo de encubrimiento y entrega de la carta intimidatoria en el domicilio de la fiscal. Una de las aprehendidas fue Solange Andrea Aravena Méndez, beneficiaria social del Municipio de Las Condes (2016), y amiga personal del hermano del presidente, Miguel “Negro” Piñera con quien posó abrazada en su fiesta de cumpleaños. La asociación ilícita mantenía su sede en Apoquindo, al lado del comando del “rechazo” y ahí guardaban armas de fuego, cascos militares, escudos, lo que el subsecretario de Interior, Francisco Galli, modestamente calificó como “utensilios”. Por ahora, no habrá querella del Gobierno por infracción a la Ley de Seguridad del Estado ya que se prefiere aplicarla en el conflicto mapuche.    

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