Al acecho del cobre.

La historia del cobre está íntimamente ligada al crecimiento económico del país. Sus ricos yacimientos, únicos en el mundo, desde siempre despertaron el apetito voraz de los grandes capitales extranjeros – especialmente estadounidenses – que con la generosa colaboración de políticos y juristas criollos se apoderaron de esta riqueza natural en su propio beneficio. Hitos clave de este emprendimiento fueron la mantención por décadas de un régimen tributario favorable para estos inversionistas y la congelación del precio del metal durante la Segunda Guerra Mundial presentada como la contribución de Chile a la causa de la democracia.

Fue en la década de los años sesenta del siglo pasado cuando el entonces senador Radomiro Tomic abordó el problema de fondo, sacándolo del terreno de las frases y los eslóganes y llevándolo a propuestas concretas factibles en beneficio del país. Las empresas estadounidenses, Andes Copper Mining y Kennecott, que explotaban las minas de Chuquicamata, El Salvador, Potrerillos y El Teniente – y que tenían una fuerte incidencia en medios comunicación de la época (especialmente en Radio Minería) – se vieron obligadas a aceptar un régimen tributario que las comprometía a realizar importantes inversiones en el área, aumentando la recaudación fiscal. La tarea impulsada por el parlamentario  se mantuvo en el tiempo (clásica es su intervención en el Congreso publicada como un folleto titulado “El cobre de Chile es chileno”) proceso que culminó al poco tiempo de asumir el poder el Presidente Frei Montalba con la “chilenización” de las empresas (participación del Estado en su propiedad) y más tarde, bajo el gobierno de Salvador Allende, con la nacionalización total de las compañías extranjeras mediante una reforma constitucional aprobada por unanimidad , proceso que como es sabido no estuvo exento de problemas.

La dictadura militar mantuvo la situación pero, junto con declarar la propiedad del Estado sobre todos los recursos mineros, abrió, a través de la letra chica, la posibilidad de que estos fueran concesionados a privados, lo que permitió el acceso de particulares a la explotación de este y otros recursos. Al mismo tiempo, y en una de las resoluciones técnicamente más irracional, dispuso que el 10% del valor de las ventas (no de las utilidades) se debía destinar al financiamiento de las Fuerzas Armadas, lo que se mantuvo hasta la década pasada. 

En el transcurso de este medio siglo, “la viga maestra” de la economía nacional (Frei Montalba) o “el sueldo de Chile” (Allende) aportó ingentes recursos al erario nacional contribuyendo al financiamiento fiscal para financiar generalmente gastos corrientes. Sin embargo, los sucesivos gobiernos de estos cincuenta años incurrieron en una política cegatona, con mirada de cortísimo plazo, al disponer el retiro de un porcentaje creciente de las utilidades de Codelco en beneficio fiscal, descuidando el financiamiento de la modernización tecnológica de la cuprífera más grande del mundo y, lo que es peor, lógica en nuevos proyectos. Según datos disponibles, en el mandato gubernativo anterior prácticamente el 100% de las utilidades fueron a parar al bolsillo fiscal.

Simultáneamente con la crisis coyuntural que generó lo ya señalado, se inició una soterrada campaña comunicacional y empresarial para criticar la mala gestión de la empresa estatal.  En reciente seminario organizado por la auditora Deloitte, la PUC y Cadem, para tratar el tema de “Los desafíos de Codelco y de la Minería chilena”, el presidente del directorio de la compañía estatal Máximo Pacheco Matte, fue sorprendido con la presentación de una presunta encuesta realizada a 50 líderes empresariales chilenos que habrían coincidido “en desconfiar de la gestión del gobierno corporativo” de Codelco.

Pacheco fue terminante en su respuesta: a) Se equivocan los que piensan que esta es una empresa que se gobierna como una repartición pública; b) El prestigio internacional de Codelco es la prueba fehaciente de que su gestión responde a los criterios más avanzados de gestión; c) La sola frase, sin fundamento alguno, provoca daño a Chile; d) ¿Por qué no se realiza por la misma empresa la misma medición respecto a bancos, salmoneras y eléctricas?

Según Cadem, un 81 % de los encuestados está de acuerdo en que la empresa estatal sea cofinanciada (¿y cogestionada?) por los privados. lo que devela el afán privatizador encubierto y expresado ya desembozadamente por los organizadores de este tan particular “seminario de estudio”. 

La historia ha demostrado que ciertos sectores de la sociedad (liberales, conservadores, del siglo pasado) trabajan sin disimulo en pro de los intereses de los grupos dominantes a los cuales representan, y que, para ellos, el bien común y el interés público son entelequias inaccesibles.

Sería ingenuo pensar que después de este “incidente académico las aguas volverán a su cauce ya conocido. Lo mejor es pensar que lo sucedido no es más que un “globo sonda” destinado a ir preparando el ambiente para la aventura privatizadora. Si el país entero no está permanentemente alerta, el gran golpe de los señores del dinero no podrá ser detenido.

Y cuando nos demos cuenta, será tarde.