Un problema de marca mayor

La pandemia global, además de sus trágicas e incontrolables secuelas que se extienden día a día a nuevos territorios, ha traído consecuencias impensadas en todos los ámbitos de la vida de las diversas sociedades. El problema dejó de ser de carácter meramente sanitario para pasar, en etapas sucesivas, a afectar no solo la institucionalidad de los países sino su propia cultura y valores.

El régimen político de la República Popular China (cuna del corona-virus) ha enfrentado con cierto éxito el control de la infección (pese a tratarse de la nación más poblada del planeta) gracias a un sistema político de claros sesgos autoritarios lo que ha hecho posible imponer disciplina social y poner en movimiento un Estado poderoso que opera con eficiencia y reasigna fácilmente recursos.  En importantes países de Occidente (Italia, España, Reino Unido, especialmente) la crisis ha mostrado las falencias y debilidades de los Estados los que no han tenido buena respuesta ni en organización ni en inmediatez. Por su lado, los Estados Unidos en poco más de un mes han pasado a encabezar la nómina de las naciones con mayor número de decesos (en su mayor parte correspondientes a los grupos más marginados y vulnerables) y pese a su gigantesco poderío económico han mostrado que la carencia de sistemas públicos de salud impide enfrentar la pandemia, lo que ha derivado en más de veinte millones de desocupados.

El caso chileno es difícil de analizar. Las ambiguas y titubeantes medidas en materia de cuarentenas, cordones sanitarios, restricciones de funcionamiento de actividades, han creado un clima de incertidumbre en la población que desconcierta. Si a ello se suman los sucesivos anuncios falsos en materia de equipamientos (ventiladores, tests, mascarillas, vacunas) tanto por parte del Presidente como del ministro del ramo) se genera un clima de laxitud claramente dañino porque afecta la credibilidad de la autoridad.

El Gobierno, ahora, aparece más interesado en favorecer la normalización de actividades económicas a como dé lugar y ello implica un riesgo sanitario cuyos alcances son difíciles de prever.

Como la agenda pública y comunicacional ha estado copada por el “corona virus”, el Ejecutivo ha abandonado la gestión de otros problemas que hasta febrero constituían prioridades importantes. El apaciguamiento del estallido social en las nuevas condiciones que vive el país era una oportunidad única para avanzar en dar respuestas efectivas a las fuertes inquietudes ciudadanas pero no ha ocurrido así. Por ejemplo, tres temas fuertes (conflicto territorial mapuche, sequía, proceso constituyente) han sido dejados de lado en la esperanza de que la crisis sanitaria le dé bonos favorables a La Moneda.

El proceso de reforma constitucional de seguro va a tener que ser recalendarizado y en la medida en que la ciudadanía perciba que lo que se busca es diluirlo para ganar posiciones favorables a la Derecha, poco a poco se va a ir generando un alto nivel de tensión incontrolable.

Uno de los puntos más relevantes de la discusión es el relativo al Tribunal Constitucional, entidad que en su existencia post dictadura no ha logrado ganar nivel alguno de respeto. Su uso por los sectores de Derecha como “tercera cámara” para impedir la aprobación de ciertas normas legales, ha afectado duramente su imagen.

El conflicto territorial mapuche se mantiene fuera de control y se ha desbocado totalmente haciéndose pública la existencia de grupos fuertemente armados que han llegado a concretar el uso de autobombas en puentes del sur de la provincia de Arauco y a amenazar a quienes, aunque pertenezcan a su misma etnia, trabajan para empresas forestales.

La sequía es un tema prácticamente olvidado en las pautas políticas y noticiosas. A medida que pasan los días, sus consecuencias van siendo más y más graves. El duro mundo rural ve morir a sus animales de hambre y sed y el panorama para las próximas semanas es angustiante sin se perciban acciones importantes para abordarlo.

En la semana, su nueva presidenta, María Luisa Brahm, sorprendió a tirios y troyanos al denunciar públicamente lo que consideró graves casos de corrupción al interior del TC. Informó que numerosos casos sometidos a la decisión del organismo, especialmente en causas de derechos humanos, fueron sistemáticamente postergados en su conocimiento por parte de sus antecesores hasta por plazos superiores a ocho meses. Denunció también haber conocido contratos de ´prestación de servicios profesionales en los cuales los abogados interesados cobraban honorarios según el tiempo en que podían retrasar el conocimiento de las causas. Estas conductas, obviamente, no habrían podido concretarse son la concomitancia de los anteriores presidentes o de algunos ministros o de funcionarios relevantes.