Un sistema muy nervioso

Varios meses antes de la explosión social del 18 de octubre, las calles del país se vieron repletas de una muchedumbre, bastante enardecida pero pacífica, que se aglutinaba a la sombra de un eslogan simple, pero fácilmente comprensible: “No más AFPs”.

En tres palabras, se condensaba el descontento de la sociedad frente a un sistema de seguridad social que, tras completar un ciclo de vida superior a los 30 años, estaba entregando pensiones mínimas de mera subsistencia a quienes se les había ofrecido una esplendorosa jubilación bastante cercana al nivel de ingresos que las personas tenían a la fecha de su retiro.

El “sistema” ha sido cuestionado por haber sido impuesto prácticamente a la fuerza bajo la dictadura y por constituir un mecanismo de financiamiento relativamente barato para las grandes empresas y, por ende, para la sustentación del modelo de liberalismo extremo aplicado en el país conforme al recetario de los “chicago boys”.

Sus defensores han argumentado, en su defensa, que las escuálidas pensiones recibidas por los trabajadores se deberían a la falta de regularidad en las cotizaciones (con muchas lagunas previsionales), a un mercado laboral informal y a la carencia de una adecuada educación financiera que promueva una indispensable cultura del ahorro.

La crisis de octubre llevó al anuncio de un alza de las cotizaciones en, a lo menos, un 5%, con cargo a la parte patronal más eventuales aportes del Estado, lo que no provocó ningún cuestionamiento serio, demostrando así que era perfectamente posible ese mayor aporte y que si ello no se había concretado antes había sido simplemente porque el empresariado se había negado sistemáticamente a ello y por la falta de voluntad de los sucesivos gobiernos para imponer cambios indispensables.

Los críticos al régimen de capitalización individual han coincido en que éste solo da respuestas satisfactorias a las personas de altos ingresos con largos períodos como cotizantes; que cobra comisiones bastante elevadas sobre los saldos de ahorros independientemente de que hayan obtenido rentabilidades positivas o negativas; que los ahorrantes desconocen en absoluto los criterios de inversión de las Administradoras ya que carecen de toda participación en sus directorios; razones todas que los hace cuestionarse las razones, por ejemplo, de que en enero hayan invertido cerca de 400 millones de dólares en acciones de compañías aéreas cuyo mercado ya estaba claramente en crisis o que ahora anuncien nuevas inversiones en el rubro para acudir al salvataje de líneas que se encuentran cercanas a la bancarrota.

Desde hace algunos años se ha denunciado el cobro por parte de las AFPs a los cotizantes de las llamadas “comisiones fantasmas”, que, mirando las cosas mes a mes pueden considerarse tolerables ($23.500 para un saldo de $100.000.000.-) pero que al sistema le implica un ingreso extra de 1,5 millones de dólares al día y cerca de 500 millones de dólares al año.  Se trata de cantidades enormes que se cobran a los cotizantes sin explicación ni fundamentación documentada alguna. Con estos recursos teóricamente se remunera a los llamados “traders” o brokers” que son empresas no identificadas, locales o extranjeras,  que cumplen un trabajo de intermediación financiera muy cuestionable ya que, como es fácil observar, las inversiones de las AFPs se realizan conforme a una “política de rebaño” con mínimas diferencias de rentabilidad entre una y otra entidad. “El sistema” se ha negado contumazmente a entregar cualquiera información al respecto a sus afiliados a quienes se está privando de una fracción de sus ahorros.

Aunque este cobro puede estar legalmente permitido, todo cobro adicional a las comisiones informadas debe ser puesto en conocimiento del afiliado y debe tener una fundamentación clara y transparente. Pregunta: Si las AFPs. se niegan a entregar todo tipo de información al respecto ¿Cómo puede el afiliado estar seguro de que  no existe una relación non sancta entre estos bien remunerados intermediarios y los dueños de las Administradoras?

La pelota ha estado dando bote durante años sin respuesta. Actualmente, conforme a un estudio realizado por el abogado constitucionalista penquista y profesor de la Universidad de Chile Augusto Quintana Benavides, se ha interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección sobre la materia configurado sobre la tesis de que las AFPs con su actuación están afectando el derecho de propiedad de los cotizantes protegido por la Constitución. Los abogados Fuad Chaín y Ricardo Hormazábal en su presentación ante el Tribunal han logrado que éste ordene a los recurridos la entrega de todos los antecedentes necesarios, debidamente documentados en un plazo imperativo pero éstos, como es usual en empresas poderosas, han entregado explicaciones pero se han negado a presentar documentación que indique por qué se cobran estos valores y quiénes reciben estas sumas. De seguro, el caso se elevará a la Corte Suprema y eventualmente hasta el propio Tribunal Constitucional, por lo que el punto final se divisa lejano.

La discusión sobre el retiro de un 10% de los ahorros previsionales ha repuesto un tema vital: la falta de transparencia del sistema vigente. Las AFPs podrán enviar decenas de circulares y correos electrónicos cuestionando la iniciativa parlamentaria, podrán pagar páginas y páginas de publicidad, pero no lograrán conquistar la confianza de quienes son sus clientes obligados. Su hoja de vida quedó manchada para siempre desde el verdadera evasión tributaria que constituyó hace algunos años la creación de las AFPs “de papel” creadas para evitar el pago de tributos fiscales del orden de los 500 millones dólares.

Es difícil imaginar que este sistema ya infectado pueda mutar a ser una entidad que trabaje en pro de los intereses de sus cotizantes.