Editorial. Uno de tantos problemas.

El Congreso Nacional ha pretendido encauzar la discusión del país frente al tema de una nueva Constitución. La reforma habilitada después de arduas discusiones viene a ofrecer la posibilidad del reemplazo del proyecto emanado de la Convención y que fuera ampliamente rechazado por la ciudadanía en el último plebiscito.

Inútil resulta a esta altura de la vida buscar las razones por las cuales todos los sectores de la sociedad votaron “rechazo”, ya que claramente el resultado final fue definido por el cuestionamiento general del trabajo de la Convención apreciado negativamente por diversas razones que anteriormente hemos destacado.

El nuevo proceso considera un punto final, calendarizado para diciembre de 2023, luego de cumplidas diversas etapas. En los próximos días – más precisamente el 6 de marzo – se instalarán la “Comisión Experta” y el “Comité Técnico de Admisibilidad” (ambos organismos ya definidos) en tanto que 7 de mayo deberán elegirse los miembros del “Consejo Constitucional” a través de un mecanismo similar al que se aplica para la elección del Senado de la República.

El intrincado mecanismo diseñado a nivel de las elites parlamentarias y de partidos, no es de fácil comprensión para el electorado no especializado y presenta, además, el grave problema de carencia de una adecuada representatividad ya que los grandes conglomerados urbanos se ven claramente perjudicados en cuanto al valor de cada sufragio en favor de regiones de baja población.

En la palestra pública, ya están presentes dos temas gruesos que deberán ser abordados.

Uno, que por ahora no es del caso analizar, es el relativo al concepto de “Estado Social de Derecho”, ya que el nuevo Consejo necesariamente deberá clarificar y puntualizar los alcances de tal definición evitando que su consagración en el texto configure un inalcanzable “programa de gobierno” y que se entienda que los derechos reclamados pueden ser reclamados y exigidos judicialmente lo que resulta a todas luces impracticable.

El otro tema que ya se encuentra en el debate público es el referente al régimen político de gobierno, lo que ya se ha planteado por diversos actores tanto políticos como economistas.

En concreto, se surgiere que el actual régimen, calificado a nivel académico como de “presidencialismo reforzado”, sea sustituido por un “sistema parlamentario” como los que están actualmente presentes en las diversas democracias europeas.

El punto de partida de esta iniciativa se encuentra en la actual crisis de gobernabilidad, la que se presenta por el hecho de que el Poder Ejecutivo carece de una mayoría parlamentaria que lo sustente. No se trata solo de una situación puntual y contingente, ya que el vasto fraccionamiento de las fuerzas parlamentarias y la elección de diputados y senadores en comicios realizados en paralelo con la primera vuelta presidencial sin relación directa con el balotaje definitivo, garantiza la perpetuación indefinida de esta situación.

Más allá de las tesis elaboradas por teóricos en un escritorio universitario, es absolutamente ilusorio imaginar siquiera que los ciudadanos acepten de buenas a primeras que la elección del Jefe del Estado (o del Jefe de Gobierno) sea hecha por una cámara legislativa privando a la comunidad de un derecho histórico que la gran mayoría considera irrenunciable. Otra cosa distinta es que se considere la implementación de normas que restrinjan el presidencialismo exacerbado y que posibiliten una mayoría legislativa que haga más eficiente y eficaz la labor ejecutiva.

El tiempo que media entre la puesta en marcha del nuevo proceso y el plebiscito ratificatorio de salida es escaso: poco más de cinco meses. Ello hace necesario promover un amplio debate para lograr que las decisiones que se adopten sean maduras y fundadas y cuenten con respaldo ciudadano.