EDITORIAL. Importancia del verbo “ciar”.

El verbo mencionado en el título de este comentario editorial, es uno de los más extraños que aparecen en el Diccionario de la Real Academia, no solo por su brevedad sino fundamentalmente por su difícil conjugación. De poco uso en el lenguaje consuetudinario, solo aparece en los crucigramas.

¿Qué significa “ciar”?

El citado Diccionario lo explica brevemente: “Andar hacia atrás, retroceder”, “abandonar un empeño o negocio”, “remar hacia atrás”.

Es muy probable que en las próximas semanas, “ciar” se ponga de moda, ya que una de las cuestiones más debatidas en torno al plebiscito constitucional del 17 de Diciembre próximo será si el texto propuesto a la decisión de la ciudadanía implica un avance en materia de impulsión de los derechos sociales y en cuanto a caminar hacia una sociedad más equitativa y solidaria, o, por el contrario, es un camino de regresión y retroceso que consolida clasismo y privilegios, que agrava la fractura de la convivencia comunitaria.

Si procuramos ser prácticos y atenernos a la realidad, pareciera obvio que la inmensa mayoría de los sufragantes no leerá el documento que se somete a su consideración. Su extensión (otra vez nos encontramos ante una de las cartas fundamentales más extensa del planeta) hace imposible una discusión ordenada y fundada, pudiendo entonces deducir que los votantes emitirán su opinión conforme a microcápsulas, generalmente manipuladas por los grandes medios de comunicación, orientadas a la creación de sensaciones y a la exacerbación de temores e incertidumbres.

Un importante número de chilenos, que a lo largo de su vida se han tenido que enfrentar, voluntaria u obligatoriamente, a bancos. isapres, AFPs, grandes empresas del retail, compañías de seguros, empresas comercializadoras de vehículos, etc., se han encontrado sorpresivamente con que las maravillas que les fueron ofertadas no son tales, ya que al final de los contratos “de adhesión” (en que las cláusulas ya impresas son determinadas por la parte más poderosa) aparece la tan famosa letra chica que de hecho borra sustantivamente lo que se había ofrecido a la contraparte más débil.

Una situación similar se presenta ahora en el proyecto de nueva Constitución.

Tras la solemne declaración en cuanto a que Chile se constituye como “un Estado social y democrático de derechos”, el aterrizaje de tal idea se diluye absolutamente en las disposiciones siguientes que matan el carácter social y solidario de la comunidad nacional y buscan consolidar un individualismo que paradojalmente no alcanza para todos sino que solo busca resguardar y perpetuar los intereses de los sectores dominantes.

La mayoría republicana del Consejo Constitucional se ha dado el gusto de consagrar en la propuesta aspectos clave de lo que eventualmente sería su programa de gobierno, partiendo por una indisimulada reforma tributaria que libera del impuesto territorial a las comunas del privilegio (en directo perjuicio del Fondo Común Municipal) y que permite a los dueños de las grandes fortunas rebajar de sus rentas tributables todos sus gastos personales. ¿Cómo se cubrirá el déficit fiscal que se generará? Obviamente a través de tributos indirectos que gravarán a los sectores más pobres.

Ya se ha hecho presente que la “Constitución Republicana” impediría la implementación en el país de un seguro único estatal de salud como el que de aplica exitosamente en Canadá y Reino Unido; impediría una educación pública de excelencia como la de Finlandia; impediría, también, establecer un sistema de pensiones que considerara un pilar de reparto como en Alemania y un pilar de solidaridad intergeneracional común en diversos países de la OCDE.

La “Constitución Republicana”, elaborada entre cuatro paredes en algunas reservadas oficinas de Vitacura, ofrece una amplia libertad de elección en los campos de la salud y de la educación, alternativa inalcanzable para la inmensa mayoría de la población. El agua, bien escaso e imprescindible, se mantiene en el marco de la propiedad privada, en tanto que se prescinde de la acción del Estado para la protección del medio ambiente.

Por el momento, es difícil hacer un análisis exhaustivo del proyecto, pero resulta incuestionable que el marco que define significa un claro retroceso tanto en materia de derechos personales y sociales como en cuanto a la salvaguardia de bienes y valores comunes y públicos.

Nuestro país sufre una prolongada crisis de equidad y solidaridad. Es ingenuo pensar que la reafirmación de antivalores en los términos propuestos, nos pueda llevar hacia una mejor vida comunitaria. De ahí la importancia de la decisión que tomemos.