Si, pero no, dislate nacional origen del auge y perpetuación de los chiringuitos de la educación superior en Chile
Este curioso e internalizado contrasentido criollo sirve en la práctica nacional para explicar comportamientos erráticos, contradictorios e ineficientes de nuestras autoridades y legisladores y también para muchas de sus declaraciones que carecen de toda lógica y realismo. Una muestra muy burda de ello es la proliferación de bicicletas mosquito, que, teniendo una normativa muy clara para su circulación, el gobierno continúa malgastando fondos y horas de personal público, tratando de hacer cumplir una norma que prácticamente nadie respeta y el gobierno y sus instituciones no hacen respetar.
La educación superior del país padece del mismo mal, respaldada desde mi punto de vista, en el fariseísmo de la educación que es muy semejante al político, ya que se puede ver diariamente que ex autoridades de gobierno y de universidades serias del país, así como profesores de universidades tradicionales, se mueven acomodaticiamente desde el sector estatal al privado y viceversa sin que se les mueva un cabello. Parte de este grupo ha generado una clasificación espuria de las universidades chilenas, que no existe en ningún país serio del resto del mundo, en ella se clasifican nuestras universidades en selectivas y no selectivas, que no es tan grave, pero alejado de la realidad mundial de todas formas. Lo inaceptable, salvo para servir al mercado desatado de la educación superior en nuestro país, es la clasificación en universidades con investigación que serían 17 y universidades docentes, que no existen en ningún país serio del mundo, que serían 31[1].
La discusión actual seria, en Europa, respecto al tema de la investigación en la universidad, no es que ésta se haga o no, pues por norma un profesor universitario no puede enseñar lo que no ha generado y por ello la investigación es obligatoria en este nivel de enseñanza [2], aunque como en nuestro caso, en parte no se cumpla cabalmente en varias de las universidades con investigación. El cuestionamiento, semejante al que se hace a muchos profesores de las 17 universidades de investigación chilenas, que sí la realizan, es que privilegian ésta y sus artículos en revistas internacionales, por sobre la docencia pertinente. Vale recordar al respecto, el pensamiento de Ortega y Gasset en el sentido de que “la universidad debe ser, antes que universidad, ciencia”, lo que lo lleva a asegurar a continuación que la ciencia, es la dignidad de la universidad y que ésta debe estar sumergida en la actualidad de su contexto social.
Si el fundamento previo pareciera muy utópico, en Higher Education Standards Framework (Threshold Standards) 2021 de Australia, actualmente con la mayoría de sus universidades entre las 100 mejores del mundo, en su título B1.3 sobre las universidades australianas se establece clara e indiscutiblemente que “la realización de investigaciones que den lugar a nuevos conocimientos y a una labor creativa original, así como la formación en investigación, son fundamentales para que un centro de enseñanza superior sea considerado una universidad australiana” [3].
Estos antecedentes nos llevan inevitablemente a la acreditación de las universidades e instituciones de educación superior en nuestro país, que es otro tema en el cual no solo el fariseísmo de la educación ha hecho mella, además las instituciones reguladoras se han dejado llevar por éste y no están cumpliendo a cabalidad sus funciones, lo que deriva en criterios poco serios e incoherentes de acreditación institucional, de carreras y programas de postgrado. Por ello se acreditan instituciones que son meramente docentes y ciertamente no tienen que preocuparse de la dignidad que les confiere la práctica de la ciencia, pues al Ministerio de Educación, muy jibarizado y venido a menos, ni a las excesivas y poco eficientes instituciones reguladoras de la calidad de la educación superior, no parece preocuparles que la información que pasa en estas instituciones docentes, desde el libro del profesor al cuaderno del estudiante, al menos sea actualizada.
El año 1981 la dictadura militar mediante un decreto desarticuló arbitrariamente el sistema universitario vigente y estableció la completa libertad de enseñanza superior para crear universidades privadas, que rápidamente se convirtió en libertinaje y en un negocio descarado sin ninguna regulación [4]. El advenimiento del primer gobierno de la concertación, 9 años después, levantó las expectativas de al menos regular este verdadero supermercado de la educación superior, pero ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura hasta el actual, hizo nada o muy poco al respecto, peor aún, los fariseos de la educación, la mayoría de ellos de la Concertación, se hicieron parte descaradamente del negocio de la educación superior. No es el tema principal de este escrito, pero se puede leer más detallada y documentadamente en Con fines de lucro, la escandalosa historia de las universidades privadas en Chile, de María Olivia Mönckeberg, respecto a una de las mayores degradaciones sociales y morales del país.
Luego de 25 años de desregulación total y mercantilismo a ultranza en la educación superior chilena, se crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y renace con ello la esperanza de ordenamiento y calidad mínimos en el sistema, pero aparece una vez más el recurrente Si, pero no de nuestras instituciones y hubo que esperar hasta el año 2020 (14 años más) para que la acreditación institucional sea obligatoria, previo un sorteo [5], pero sólo en docencia de pregrado y gestión institucional, las instituciones pueden optar por la acreditación de investigación, dignidad de la universidad, postgrado, para lo cual es imprescindible la investigación y vinculación con el medio. Como la anomia y procacidad institucional está en el ADN nacional, el Senado aprovecha una ley sobre educación preuniversitaria para incluir desvergonzadamente un artículo que prorroga la obligatoriedad de acreditación para los Centros de Formación Técnica (CFT) estatales en ¡¡10 años!! [6]. Iniciando el año 2003 la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) seleccionó a la Universidad Austral de Chile como una de las universidades tradicionales chilenas participantes en un plan piloto que diera inicio a la acreditación nacional, trabajamos en la autoevaluación institucional desde agosto 2003 a enero 2004 (5 meses) y en agosto del 2004 la CNAP nos acreditó por 5 años en las áreas comunes de gestión institucional y docencia de pregrado y además en las áreas solicitadas de investigación (¡dignidad de la universidad!) y postgrado [7]. He buscado una explicación sensata para los 10 años que necesitarían los CFT en un trabajo bastante más simple, pues no les corresponde ni legal ni académicamente, acreditarse en investigación y postgrado y no logro encontrarla por más que me esfuerzo.
Este simulacro de regulación del supermercado de la educación chilena, como todos los ámbitos sociales del país, tiene también un lado oscuro y deprimente, pues casi paralelamente con la creación de la CNA, se autoriza la participación de acreditadoras privadas, que como de costumbre bastardean los sistemas en que participan, pues se sienten inmunes a las febles y anómicas regulaciones de las instituciones reguladoras de la educación superior. Al poco tiempo de haberse creado se pudo notar la auto acreditación de programas de pregrado dictados por las instituciones a las que pertenecían los acreditadores, ventas dolosas de acreditaciones que terminan con un director de la CNA preso, sillas musicales en que los acreditadores luego de terminado el proceso, aparecían como profesores en las instituciones acreditadas y otras barrabasadas por el estilo [8]. Una de las inmoralidades más seria, preocupante y desencantadora fue la eliminación de Akredita QA del registro de acreditadoras privadas, creada por los exrectores Manfred Max-Neef de la Universidad Austral de Chile, Luis Riveros de la Universidad de Chile, Jaime Pozo (de la U de La Serena) y Ubaldo Zúñiga (de la USACh) por sus constantes faltas a la probidad del sistema [9].
Finalmente, todas estas irregularidades y corrupciones ocasionaron el cierre de las acreditadoras privadas, lo cual no significa el término de estos abusos e inmoralidades en la acreditación de la educación superior, pues en la ley 21.091 del año 2018 sobre Educación Superior, vuelve a aparecer descaradamente la opción de “ser efectuadas por entidades evaluadoras de reconocido prestigio, registradas ante la Comisión y autorizadas y supervisadas por esta. Dichas entidades podrán ser de origen nacional o extranjero y deberán estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro”, lo que nos llevaría de vuelta a uno de los períodos más negros de la acreditación de la educación superior. Definitivamente no tenemos remedio como sociedad frente a la inmoralidad y la corrupción.
La lenidad del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y las instituciones reguladoras de la calidad que lo integran, Consejo Nacional de Educación, Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Superior, Comisión Nacional de Acreditación, Agencia de Calidad de la Educación y Superintendencia de Educación Superior, que ni se inmutan frente a tamañas irregularidades de acreditación, es una parte del problema país inaceptable y que claramente no nos lleva a mejorar la (mala) calidad de nuestra educación superior.
Al mismo tiempo observamos diariamente la decadencia de instituciones tradicionalmente serias y respetables, que tampoco se inmutan frente a estas irregularidades descaradas, como la acreditación vergonzosa y corrupta de Medicina ¡¡por un año!!, posibilitando así que la Universidad Pedro de Valdivia pudiera incorporarse al negociado bastardo del CAE, ante lo cual no se encuentran reacciones institucionales explícitas y concretas del CRUCh (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) frente a la actuación dolosa de sus ex colegas rectores Riveros, Max-Neef y Zúñiga, así como tampoco es rastreable una reacción oficial perentoria del Colegio Médico, frente a la acreditación (dolosa) por un año de la carrera que dura 7 en nuestro país. Esta novela truculenta continúa sin resolver en la Universidad del Alba (desde 2021), que en su tercer camuflaje institucional (Universidad Mariano Egaña, 1981; Universidad Pedro de Valdivia, 2006) logra este año una acreditación institucional básica por tres años y en consecuencia su carrera de Medicina recién puede acceder a la visita de pares, pendiente desde el 2020. Al respecto, sólo se comenta en los diarios y como de costumbre desde la institucionalidad, silencio sepulcral.
La calidad en la formación de profesionales de la salud en Chile fue reconocida internacionalmente y una de sus bases era la obligatoriedad indiscutible, de la práctica clínica en hospitales y postas del país, que se suspendió inexplicablemente el año 2020 por la ineptitud y falta de realismo de las autoridades sanitarias del gobierno, aduciendo los peligros de la pandemia, curiosamente para estudiantes de la Carrera de Obstetricia y Puericultura (Neonatología), ante tamaño desatino gubernamental en la formación de calidad de profesionales de la salud, sólo conocimos una declaración pública de la Red de Escuelas y Carreras de Obstetricia de Chile [10]. Las universidades respectivas, el CRUCh, el colegio profesional respectivo y el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, han guardado hasta el momento un culposo silencio al respecto. Indudable y desgraciadamente estos profesionales perdieron la oportunidad única, posiblemente irrepetible, de hacer su práctica clínica ¡en pandemia!, por la anomia e irresponsabilidad institucional del país.
Desde los años 2007 y 2010 respectivamente, estuve registrado como par evaluador institucional y postgrado de la actual CNA, siempre discrepando por las irregularidades, fui recusado un par de veces como par evaluador institucional de chiringuitos y nunca citado en postgrado, la evidencia de no ser evaluador grato y la mala calidad del sistema llevó a que me retirara definitivamente este año.
Continúo sin embargo como par evaluador institucional y postgrado en SINAES (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior) en Costa Rica desde el año 2011, pues es lejos un sistema de mejor calidad y prestigio que el nuestro, los 3 pares evaluadores institucionales y de postgrado siempre son extranjeros y en carreras profesionales 2 son extranjeros, las razones de ello son obvias y en nuestro alicaído y decadente sistema de acreditación se podrán reconocer, pero difícilmente se adoptarán institucionalmente.
Referencias
[2] https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-12613-consolidado.pdf
[3] https://www.legislation.gov.au/Details/F2022C00105
[4] https://www.redalyc.org/pdf/604/60413503.pdf
[7] https://www.cnachile.cl/res/inst/RES-INST-00034-01.pdf
[9] http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=162571
[10] https://media.elmostrador.cl/2021/07/Declaracion-Publica-OBS-Chile-12-07.pdf
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