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A propósito de programas.

A once días de las elecciones casi generales, las campañas han ido evolucionando lentamente, pasando  desde una sarta persistente de ataques y descalificaciones personales de los adversarios (algunos con bastante fundamento, por lo demás) hasta un debate livianito relativo a los programas de gobierno de los ocho postulantes. Los ciudadanos asisten desconcertados  a  esta verdadera “feria de las promesas” y miran con escepticismo estos discursos bastante agresivos que consideran, al igual que en la vieja canción, como “palabras, palabras, palabras”.

El diccionario trae una decena de acepciones entre las cuales se anota una de las más usuales –“previa declaración de lo que se piensa hacer en algunas materias u ocasión” – y, sorprendentemente, otras de clara connotación sexual.

Para este breve análisis, nos quedaremos con esta “previa declaración” de intenciones  que,  como tan atinadamente indica la Real Academia, se refiere a lo “que se piensa hacer” y no “a lo que se va hacer”.

El ofertón de primavera es variado y considera, tal como una lista de supermercado, una nómina de obras públicas concebida sobre la premisa de quien “da más”. Los costos varían desde un mínimo de 12 mil millones de dólares para el cuadrienio presidencial, hasta los 20 mil millones de dólares, cifras, por supuesto, sobre lo actualmente presupuestado como gasto corriente y de inversión pública para el período.

Cuando la ciudadanía que se preocupa de estos temas, pregunta cómo se van a financiar  estas promesas, las respuestas son bastante livianas. Casi todos los candidatos señalan (salvo Artés, que en esta materia parece ser el más serio simplemente porque no dice ni pío) que una fuente de recursos considerada es una mayor recaudación tributaria como consecuencia de un mayor crecimiento de la economía. Entonces, para cuadrar las cuentas basta simplemente con elevar las perspectivas de crecimiento económico. Lo curioso es que algunos prometen bajar los impuestos a las grandes fortunas. Otros financiarán su programa “con las utilidades del cobre” (para lo cual nacionalizarán las empresas privadas del rubro) pero nada dicen ante la eventualidad de que los precios internacionales del metal se mantengan a la baja; o con la explotación e industrialización del litio, pero nada dicen acerca del hecho de que dos países vecinos (Bolivia y Argentina) serán nuestros principales competidores en el mercado mundial y de que el proceso correspondiente demorará a los menos seis años; otros, anuncian que se gastarán los ahorros del país invertidos en “fondos soberanos”; los de más allá,  simplemente ocuparán los recursos  en las cuentas de ahorro previsional  acumulados según el actual sistema de capitalización individual.

Hacer una adecuada  evaluación de los “programas de gobierno” reclama una experticia que, por supuesto, nosotros no tenemos. Para dar respuesta a los eventuales cuestionamientos, los “Países Bajos” (léase Holanda) crearon un ente público, autónomo, pluralista,  integrado por expertos y académicos del más alto nivel, para que evalúen  la consistencia y viabilidad de los programas que las diversas colectividades políticas someten periódicamente al veredicto de la ciudadanía. Así trabajan los países serios que, de esta manera, exigen responsabilidad a quienes aspiran a conducir el país.

En Chile, hasta ahora ninguna de las candidatas y candidatos ha hecho precisiones de fondo y estratégicas que necesariamente deben ser consideradas. Preguntas, de línea gruesa, tales como a favor de quienes se gobernará; si se piensa en promocionar el crecimiento y la concentración de la riqueza en manos de la docena de  familias que se consideran “las dueñas del país” para que, según sea su voluntad, chorreen sus excedentes a los más desfavorecidos; cómo se actuará si una mayoría parlamentaria rechaza algunas de las medidas propuestas; qué reacción tendrán los millones de afiliados al sistema de AFPs si se pretende tocar los fondos acumulados que consideran como propios.

Hasta ahora, las diversas campañas han mostrado, en lo programático, una liviandad pavorosa. En verdad, las ofertas de primavera no servirán para inducir a nadie en pro de determinado nombre. La mayor parte de los electores ni siquiera las conoce y, si las conoce, no las cree.

Por el momento, pienso que a la gente común, que tiene una cierta conciencia cívica y social, lo que primordialmente le interesa es un equipo de gobierno caracterizado por un nuevo estilo de trabajo, marcado por la sobriedad de vida, por la eficacia en la gestión, por la búsqueda de niveles básicos de justicia y solidaridad.  A partir de ese momento, se podrá trabajar en la organización de la sociedad para ir en pro de un cambio de  estructuras férreas y conservadoras que son claramente inequitativas.

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