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¿Canasta limpia o canasta sucia?

El pasado domingo 17 de mayo., el Presidente de la República anunció, por cadena nacional, que el Gobierno entregaría 2.500.000 canastas a los sectores más vulnerables del país, pretendiendo cubrir de esta forma las necesidades más básicas del 70% de las familias chilenas.

Se trata obviamente de una noticia positiva pero que tiene muchos “peros”.

Ante todo, debe recordarse que desde hace varias semanas las organizaciones sociales han levantado su voz alertando sobre la tragedia que implica el hecho de que una enorme cantidad de familias, a causa de la pandemia y sus secuelas, han dejado de tener ingresos mínimos de subsistencia. Al sector de los trabajadores informales que realizan a diario labores que les permiten obtener recursos con los cuales alimentar a sus grupos familiares (comercio ambulante, cuidadores de autos, entre otros), se han ido sumando millares de personas que han perdido sus trabajos tales como empleadas de casa particular u obreros cuyos empleadores os han acogido al “plan de empleo seguro” que les permite comerse ahora los ahorros de sus fondos de cesantía. A tales organizaciones se han sumado, por supuesto, los sectores de oposición y varios dirigentes de la coalición de gobierno que han mostrado constantemente sensibilidad social.  Sus voces no fueron escuchadas, se les calificó de populistas y hasta una de sus voceras más destacadas, la inefable “Pepa” Hoffman declaró que entregarles ayuda de este tipo no procedía pues esta gente se acostumbraría a vivir a costa del Estado.

El otro “pero” era evidente. Resulta prácticamente imposible que el Estado, aunque pretenda actuar a través de órganos de administración local como son los Municipios, atendiera a una cifra de población tan elevada con la prontitud y eficiencia que el caso reclama. La sola generación de las órdenes de compra, la disponibilidad de abastecimiento por parte de los proveedores (especialmente en los pueblos chicos), el bodegaje, la definición de los destinatarios, el proceso de transporte y entrega, son problemas que notoriamente no se han tenido en cuenta. Los discursos en la TV y la realidad son cosas muy, pero muy distintas.

Otro aspecto a considerar es el relativo “al día después”. Oficialmente se ha estimado que las canastas (o más bien “cajas”) “están previstas para satisfacer necesidades de alimentación por un lapso de siete días” según informó “El  Mercurio”(21.05.2020, afirmación que al parecer sería errónea)  y, por lo tanto, habrá que repetir el ejercicio cuántas veces sea necesario durante “ene” tiempo.

Es indiscutible que el proceso será muy lento y que, además de los eventuales receptores de la ayuda, los mayores ganadores de esta operación, serán las grandes cadenas supermercadistas. Como se ha dicho hasta el cansancio, el comercio local conformado por una enorme red de pequeños establecimientos, de “boliches” de barrio, sufrirá las consecuencias al tiempo que se impedirá la indispensable reactivación de la actividad desde la base territoral misma. La ansiedad del Presidente ha generado un problema difícil de manejar y ahora su “segundo piso” quiere sustituir las canastas por vales de mercaderías, aunque Larroulet prefiere denominarlos vouchers.

Como vivimos en tiempos de “libre competencia”, al Ejecutivo le ha salido gente al camino. A las “ollas comunes” barriales y vecinales que han empezado a proliferar a diestra y siniestra al amparo de juntas de vecinos y municipios se han sumado numerosos parlamentarios de diversos sectores que han emprendido sus propias acciones asistenciales.

Frank Sauerbaum (RN); Felipe Harboe (PPD); los DC Matías Walker y Miguel Ángel Calisto; y Juan Antonio Coloma Jr., Sergio Gahona, los hermanos Enrique y Jacqueline van Rysselberghe (de seguro, habrá muchos más por ahí) se han dedicado a repartir cajas de víveres. Olvidando la frase bíblica que dice “que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha”, cada una de estas cajas lleva estampado el nombre y cargo del parlamentario donante.

El Servicio Electoral ya ha iniciado una investigación tendiente a clarificar si estos supuestos donativos significan gastos electorales fuera de los plazos autorizados por la ley. Los generosos aportantes han señalado que todo esto ellos lo hacen con recursos propios, lo que no es cierto. Como se comentó en este medio en la semana anterior (a propósito de las “donaciones” de los parlamentarios de Revolución Democrática a un fondo personal destinado a financiar sus propias campañas futuras) esto está demostrando que el elevadísimo nivel de las “dietas”  les permite darse estos gustitos con cargo no a su bolsillo sino a recursos públicos financiados por todos los contribuyentes.

Más allá de todo, sin embargo, el tema envuelve (aunque esta dama y estos caballeros seguramente jamás lo reconocerán) un aspecto moral relevante. Se trata ni más ni menos que de aprovecharse de un estado de necesidad con fines publicitarios y electorales. En buenas cuentas, a pesar de ser todos ellos representantes ciudadanos, son personas que viven su propio mundo, su realidad elitaria, que persiguen propósitos de interés individual pero que nunca lograrán una real conexión con las angustias y esperanzas de los pobres.

El desprestigio que sufre el Parlamento y el malestar social generalizado ratifican los sentimientos de la gente.

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