Consejo de Guerra y el Plan Zeta que sentenció a los 4 fusilados de Lota

Entrevista a Cesar Augusto Parra Muñoz

Nace en agosto de 1942 en Yumbel, cursa su enseñanza básica en Bulnes, luego en la Escuela Brasil y en el Liceo Enrique Molina Garmendia, y  egresa de la carrera de Derecho en la Universidad de Concepción, asumiendo inmediatamente como docente. En 1972, obtiene  una beca para cursar un post grado en la Universidad de Amberes,  Bélgica, país desde donde se informa del golpe.

Destacado dirigente del Partido Radical y la Masonería penquista, llega a ser  presidente del Colegio de Abogados. Estudiante-Docente y Rector de la Universidad de Concepción, 1990 -1997.

Su breve experiencia como alcalde.

“En el año 1990,  asumo como alcalde de la ciudad, nombrado por el ex presidente Aylwin, cargo que dejé para postular a la rectoría  de la universidad.  Orgulloso de ser “un hijo de la educación pública”, soy un acérrimo defensor de este tipo de educación. En aquellos países en que la educación pública cumple su labor, eso se nota en la sociedad. Son los países con mayor grado de integración y cohesión social. En cambio, nosotros tenemos una gran separación entre tres grupos diferentes: aquellos denominados de la clase alta, la clase media y la clase baja. La vida y el desarrollo colectivo no existe, el individualismo  va siempre adelante;  es una sociedad sin reales oportunidades para todos; es no  tener una sociedad integrada y cohesionada.”

Sobre los Consejos de Guerra y el terrorismo de Estado.

“La conformación de un Consejo de Guerra está establecida en la legislación chilena desde hace muchos años. Ello es parte del Código de Justicia Militar. Este no fue un invento, pero si fue un instrumento represivo de la dictadura militar a partir del año 1973.

El Código de Justicia Militar estableció esta institución sobre dos criterios, uno, la existencia de una guerra real y dos, el que esa guerra sea entre países. No estuvo en el espíritu del legislador el que se aplicara a un conflicto político interno. Además, no había antecedentes objetivos que permitieran sostener que Chile estaba viviendo una guerra civil interna, ya que hubo un rápido aplastamiento a la oposición por parte de la dictadura militar. En consecuencia, los consejos de guerra se crearon sobre bases absolutamente ficticias e irregulares y fueron parte del terrorismo de Estado y de ninguna manera del funcionamiento de un estado de derecho que se había quebrado gravemente en el país. Arrancan de una ficción voluntarista, de que el país se encontraba en guerra y que había un enemigo interno. Por lo tanto, los buenos tenían que someter a los malos utilizando este instrumento que es la legislación penal chilena. Esos consejos estuvieron conformados por militares activos, considerando que el régimen tiene una estructura muy piramidal, traspasó el funcionamiento de las instituciones armadas al funcionamiento del Estado.    Esos jueces no reunían ninguna de las condiciones que el derecho le pide a los jueces. No eran ni imparciales y, desde luego,  no eran letrados.

Este sistema estaba integrado por militares y los abogados civiles defensores eran nombrados por el Estado. En el Código de Justicia Militar existen los auditores, esto en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, personal con grados y formación profesional, y los fiscales a cargo de investigación.

Se nombraban fiscales ad hoc, oficiales sin ninguna formación jurídica; ellos pedían la solicitud de Consejo de Guerra, presentaban la acusación ante un grupo de cinco oficiales, cada rama ejecutaba diversas causas, había separación territorial. Yo tuve la oportunidad de integrar un Consejo de Guerra en cuatro oportunidades. Gracias a la determinación del Colegio de Abogados de la ciudad, inmediatamente después del once, se dispuso abogados defensores de los prisioneros, para que velaran por hacer un mínimo juicio justo, a nivel nacional este colegio regional marcó una pauta.

En uno de esos consejos,  pude defender a un colega que estaba en la cárcel pública de la ciudad, el lugar daba cuenta de la gran cantidad de presos políticos. En esta experiencia se les exigía a los abogados defensores entregar con 48 horas la defensa impresa, lo que significaba que no podía cambiar nada de los contenidos presentados. Se podía cancelar el alegato. La dictadura se había arrogado la facultad de derogar desde los preceptos constitucionales hacia abajo.  Hubo un decreto-ley aberrante que se cita hasta el día de hoy, una perversión con toda la lógica jurídica, que establecía que cuando una  norma dictada por el régimen se enfrentaba a otra de la Constitución, esta se derogaba. La constitución solo tenía las tapas. El régimen podía hacer lo que quisiera. Respeto por el Derecho había muy poco.

Fue un período de impotencia y rabia.  Es por ello que pensé que había que hacer algo para restablecer la democracia en el país, y volver a un estado de Derecho, alcanzando un mínimo de decencia jurídica. En el año 1975,  el organismo de la  ONU encargado de los  Derechos Humanos, nombró un relator y con una parte del Colegio de Abogados sacamos una declaración en apoyo a su trabajo. También públicamente hicimos un llamado a votar NO, cumplimos con nuestro deber, denunciando que esa consulta no tenía validez.

En el  caso de los “Fusilados de Lota”, de octubre de 1973,  la acción del Consejo de Guerra marca una irregularidad extrema. No se respetaron  formas ni  jerarquías internas, ni las políticas, ni las militares. Ese fue un burdo crimen. La prueba más evidente está en que este caso se manejó como una forma más de represión, eso desde el primer momento. No solo careció de toda legitimidad, jurídica y moral. Ya se había instalado el terrorismo de Estado, este acto del fusilamiento tenía un efecto intimidatorio para el resto de la población, una clara advertencia e intimidación.”

Sobre el Plan Zeta. Un burdo montaje de la dictadura.

“Debo reconocer que nunca supe del Plan Zeta, pese a estar siempre informado. Yo me encontraba para la fecha del golpe en Francia. Por lo tanto puedo afirmar que el caso chileno, el golpe de Estado, concitó una gran atención periodística. Por meses el país estaba en las primeras planas de los principales diarios del mundo. El golpe sepultó muchas informaciones por varios meses. El diario Le Monde sacaba un promedio de 10 primeras páginas dedicadas a Chile. El tema del Plan Zeta, era insignificante. Mucha gente se reía de este invento, pero otra se lo creyó desde el inicio. Sin duda, que fue un montaje, un invento burdo, que la dictadura iba a salvar a quienes estaban en una lista. ¿Quién lo podía creer? Sin duda que a la dictadura le sirvió para justificar la represión, muertes y detenciones, por un lado y obtener el apoyo de otros. Era un elemento que la civilidad no tomaba en cuenta, pero que el régimen y la propaganda hizo un trabajo para su favor, para tener motivos.”