«Incomprensible que uno de los temas más importantes y trascendentes del país, esté en manos del organismo del estado más desprestigiado y peor evaluado durante años: nuestro nunca bien ponderado parlamento y partidos políticos.»

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12 de septiembre 2022/Santiago El Presidente del cebado Álvaro Elizalde junto al Presidente de la cámara de diputados Raúl Soto se reúnen con timoneles y jefes de bancada de partidos por diálogos para nuevo proceso constituyente. FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

Criterios para una nueva instancia constituyente

Emilio Oñate Vera

Decano Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN.

Teniendo en cuenta la discusión político-jurídica por la que atraviesa el país, parece adecuado considerar algunos de los siguientes criterios:

Las reglas del juego que determinarán el funcionamiento de la nueva instancia constitucional -esto es el reglamento para su funcionamiento- debería elaborarse antes de la elección de quienes redactarán el nuevo texto.

También parece prudente conformar una instancia constituyente más reducida. Una alternativa podría ser con 50 integrantes para equipararlo al número actual de Senadores o el doble de ello, es decir 100, si el mecanismo de elección es por listas cerradas, lo que facilitaría que las colectividades políticas estructuraran dichas listas, siempre paritarias, con independientes y especialistas en las temáticas propias de una Constitución.

En relación con el plazo para la elaboración de la propuesta del nuevo texto, estimo indispensable que sea más breve, 6 a 8 meses, teniendo especialmente en cuenta que en el año 2024 tenemos elección municipal y en 2025 elección parlamentaria y presidencial. Por consiguiente, el espacio para elegir la instancia constituyente y para que esta entregue una propuesta, la que debe ineludiblemente ser ratificada vía plebiscito con voto obligatorio por la ciudadanía, es el 2023 y no después.

Muy ligado a la cuestión de los plazos, también parece adecuado considerar varias de las cuestiones tratadas en el texto constitucional anterior, así como la propuesta presentada en las postrimerías del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y también recoger elementos propios de la tradición constitucional chilena; es decir, proponer un texto que más que refundar permita tener un mejor diseño institucional que reconozca y reconfigure los derechos fundamentales, para lo cual el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho resulta indispensable.

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