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De vuelta al Colegio

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

En los primeros días de junio, se realizaron las votaciones destinadas a renovar a 9 de los 18 Consejeros Nacionales del Colegio de Abogados de Chile. Se inscribieron al efecto cuatro listas de candidatos: “Libertades Públicas”, “Todos y todas”, “De vuelta al Colegio”, todas críticas a la actual mayoría institucional, y la autodefinida como “gremialista” de tendencia afín a dicha mayoría.

Este acto interno de una “asociación gremial” de profesionales, logró una connotación bastante inusitada toda vez que en los prolegómenos del proceso se generó un fuerte movimiento interno destinado a establecer modificaciones al reglamento electoral para motivar la participación de las mujeres abogadas, sector históricamente subrepresentado en la entidad. El resultado final fue nítidamente favorable a la iniciativa al extremo que las mujeres alcanzaron más cargos de los que les correspondía conforme a las cuotas de género determinadas.

Sin embargo, al constituirse la nueva directiva fue reelegido como Presidente el abogado Arturo Alessandri Cohn con el voto favorable de consejeros a los cuales no les había correspondido renovarse en la oportunidad. La mayoría “gremialista” desconoció, así, una manifestación de voluntad indiscutible e indiscutida privilegiando el statu quo por sobre los vientos de renovación. Tras un período de crisis, Alessandri renunció, asumió la nueva consejera Leonor Etcheberry por un año y el gremialista Héctor Humeres por el año siguiente.

Los hechos relatados, que bien pudieran considerarse como simplemente anecdóticos, abren la puerta para entrar en un análisis bastante más profundo.

El Colegio de Abogados de Chile fue la primera expresión de asociatividad profesional en el país con antecedentes que se remontan al año 1862. Formalmente, fue creado por la ley 4.409 de 8 de septiembre de 1928, norma que estableció la “colegiatura obligatoria” entregándole la tuición ética del ejercicio de la abogacía. A esta entidad “de derecho público” se sumaron, más tarde, nuevas organizaciones tales como el Colegio Médico, el Colegio de Profesores, el Colegio de Ingenieros, entre otros. Por Decreto-Ley 349 de 1973, la dictadura intervino estas organizaciones de profesionales y de técnicos, designó desde arriba sus directivas y en 1979, al crear por Decreto-Ley 2.757  las llamadas “asociaciones gremiales” (A.G.), las asimiló  a éstas,  transformándolas en agrupaciones de carácter voluntario dedicadas a la defensa de intereses particulares y sin ningún rol de carácter público. Se consagró legalmente, de esta forma, una de las premisas ideológicas esenciales del neoliberalismo: la promoción del individualismo como forma de vida y de relación social.

Luego de la recuperación de la democracia, quienes llegaron al poder mostraron una actitud absolutamente negligente en este campo sin que, a lo largo de casi tres décadas marcadas por diversos colores políticos, se haya avanzado un ápice en este terreno. Un proyecto de ley del año 2009, destinado en líneas generales a redefinir el rol público de estos Colegios, a proteger las respectivas profesiones, a determinar los correspondientes códigos de ética, dotándolos de Potestades Reglamentaria y Disciplinaria, duerme el sueño de los justos en algún anaquel polvoriento del Congreso Nacional. Por otra parte, la proposición alternativa de entregar la tuición ética de las profesiones a los Tribunales de Justicia no tiene viabilidad alguna toda vez que muchas faltas no tienen el carácter de delito y, por lo demás, es de público conocimiento que estos se encuentran absolutamente sobresaturados.

Pero lo central del problema radica en la pretensión cargada de ideologismo neoliberal que busca evitar que organizaciones de la sociedad civil jueguen un rol importante en la definición y aplicación de políticas públicas. La prueba más palpable al respecto la brindó editorialmente el diario “El Mercurio” (11.08.2019) cuando editorialmente sostuvo que los Colegios profesionales deben “empeñarse en mejorar los estándares de desempeño” de sus miembros pero que no les corresponde “tomar partido por opciones determinadas y contingentes de política pública, entre otras razones, porque sus asociados no lo han mandatado para eso”.

Al decano (por antigüedad) de la prensa nacional, por supuesto no le acomodan entidades que promuevan el debate fundamentado pero libre sobre temas de interés nacional ya que su opción permanente ha sido la de presentar las posiciones de sus “expertos” como constitutivas de la verdad. Pero, cualquiera persona con dos dedos de frente tiene el legítimo derecho a preguntarse: ¿Es que los abogados no tienen nada que decir sobre la forma en que se genera el Poder Judicial en una república democrática? ¿Es que deben guardar silencio en materia de derechos humanos? ¿Es que no deben inmiscuirse en las discusiones sobre una nueva Constitución? ¿Es que no les corresponde instar por una reforma a fondo del Código Penal y por nuevas políticas de tratamiento del delito y la delincuencia? En otro plano, la Cámara Chilena de la Construcción, que es obviamente un grupo de interés económico y financiero, ha estado promoviendo con majadería un proyecto de un metro subterráneo para el Gran Concepción, llegando incluso a convocar un concurso de diseño de sus futuras estaciones. ¿Acaso los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros no deben tener una voz en esta materia que no sea simplemente la de acoplarse a la idea? ¿Se han estudiado y evaluado soluciones alternativas que impliquen una gestión racional del transporte? 

El tema de los colegios profesionales es complejo. Cada arista tiene sus bemoles. Pero, es imprescindible abordarlo pronto si es que el país no quiere que las decisiones de hoy  las tomen los “hombres de negocios” y que los costos consiguientes, en algunos años más,  deba asumirlos el Estado y la comunidad mientras ellos gozan de sus utilidades en remotos paraísos fiscales.

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