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¿Crecer o repartir?

Esteban Lobos, analista económico.

El bajo aumento experimentado por la economía chilena en los últimos años, ha llevado a replantearse “en los círculos generalmente bien informados” el viejo dilema acerca de si pueden dedicarse los esfuerzos a repartir mejor o, por el contrario, es necesario dar confianzas a los sectores empresariales y financieros para que inviertan, efectúen buenos negocios y, como consecuencia,  generen más puestos de trabajo y vayan mejorando paulatinamente las remuneraciones,

 El dilema  antes enunciado incurre en un grave error conceptual que, a lo mejor , no es  tal sino que corresponde a una respuesta ideológica químicamente pura,

En el debate público es frecuente que se  extremen las posiciones antagónicas  tanto para desfigurar las tesis adversarias como para inducir a los observantes y al público en general a definirse entre “lo bueno y lo malo”, “lo blanco y lo negro”, en una actitud bastante maniquea que no se ajusta precisamente a la realidad. El campo de las ciencias sociales y humanas, donde se sitúa, sin duda, la economía, está repleto de requerimientos, problemas y desafíos, que están plagados de áreas grises, es decir de matices que plantea la realidad concreta.

Específicamente, como dato de la causa al parecer irrebatible, en Chile existe una fuerte concentración del poder económico y financiero ligado a un grupo limitado de familias con nombre y apellido, bastante limitado., las que, no contentas con su situación privilegiada, han ido incursionando en el  campo comunicacional mediante el cual no solo persiguen “buenos negocios” sino, según los mal pensados,  influir en el terreno político. El otro dato de la causa que estaría fuera de discusión, lo aporta el bajo nivel de remuneraciones que reciben los trabajadores, la inestabilidad y precariedad de sus empleos, y la persistente mantención de una cifra de desocupación relativamente elevada.

Lo expuesto hace manifiesto un círculo vicioso puesto  que en una “economía de mercado” las oportunidades laborales y sociales en general, para las personas, están muy ligadas con sus ingresos ya que estos condicionan sus posibilidades educacionales y de salud, generándose así  un proceso en que la transmisión de la riqueza implica una perpetuación  (e incluso un acrecentamiento) del estatus vigente sin que sea posible avizorar ni siquiera una leve “democratización” de la economía. Es decir, sin la presencia de un Estado activo que,  en su papel de gerente del bien común, procure quebrar esta inercia , resulta casi imposible  que la condición económico-social de las  mayorías pueda cambiar para mejor. Otro tema, por supuesto, es el relativo a cuáles son las políticas públicas adecuadas  para alcanzar estos objetivos y cuan eficaz es el aparato público para implementarlas.

En buenas cuentas, teniendo presente todo lo anterior, el problema concreto radica en cómo crear condiciones para un  crecimiento económico alto y persistente  y, en forma simultánea,  cómo lograr que sus beneficios lleguen efectivamente a las personas reales cambiando sus condiciones de vida y su capacidad de acceso a mejores oportunidades.

Las políticas seguidas por los gobiernos en cuanto a lograr estos objetivos vía la transferencia directa de ingreso a los más pobres, vía subsidios, bonos y programas asistenciales, tienen una lógica comprensible:  asistir con urgencia a quienes (hasta por razones éticas y de dignidad humana)  lo requieren impostergablemente, y obtener obvios beneficios electorales y políticos. Pero ello no basta. Tales acciones tienen el “vicio de la transitoriedad” ya que su permanencia en el tiempo dependerá tanto de la voluntad de quienes administran el poder político como de la capacidad de la caja fiscal para sustentarlos.  Además, el asistencialismo (que cada vez se hace más difícil  revertir,  puesto que  las personas tienden a considerarlo “un derecho” y a aspirar a que se incremente) tiene en su concepción un grave pecado: denigra a las personas al considerarlas objeto de la caridad oficial  y  genera una cultura de dependencia ajena al trabajo y  a la asunción de las responsabilidades personales. A lo dicho de suma su aporte a la informalidad laboral, toda vez que muchos piden que no se les extiendan contratos para no perder los beneficios que están percibiendo.

Si se quiere abordar efectivamente el problema, son indispensables cambios estructurales que permitan consolidar nuevas formas legales que hagan posible que los beneficios del crecimiento lleguen no solo a los propietarios de las empresas sino también a todos los actores que, directa o indirectamente, intervienen en el, proceso productivo. Sin duda que la creación de modelos alternativos de carácter asociativo, cooperativo, mutual, etc., implicarían una visión diversa y desafiante constituyendo un aporte a la construcción de una economía humana con mayores niveles de justicia.

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