«La ética, la moral, las personas, la solidaridad, la justicia social y el medio ambiente, y una economía a escala humana, deben estar en primer lugar de los programas de quienes pretenden gobernarnos»

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Editorial. Agua que no has de beber…

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

El proceso constituyente enfrenta un camino bastante ripioso que puede llevar a los convencionales a la adopción de decisiones que deriven en situaciones de fuertes conflictos si no se actúa con sensatez.

En efecto, si bien una abrumadora mayoría expresó en su momento su categórica voluntad de trabajar en pro de la elaboración de una nueva Carta Fundamental sería absurdo y abusivo entender que los 155 convencionales electos disponen de facultades omnímodas para hacer y deshacer a su amaño en esta materia, más aún si por sí y ante sí pretenden arrogarse atribuciones que sobrepasan el marco del mandato que les ha sido confiado y, con carencia absoluta del más elemental sentido común, se sienten con el derecho de asumir que cuánto ellos digan y manifiesten es la expresión exacta del querer ciudadano. Se ignora, así, la complejidad de visiones que se presentan en el seno de toda comunidad humana buscando hacer prevalecer cerrados fanatismos ideológicos.

El riesgo indiscutible se encuentra en que el proyecto de una nueva Constitución pierda su sentido de “casa común” bajo cuyo alero puedan plantearse y dilucidarse los desafíos y respuestas que surgen en el día a día, y se arrastre al país a un callejón sin salida que bien podría darse en un rechazo del trabajo de la convención a través del “plebiscito de salida”.

En una Convención entrampada con frecuencia en episodios de ideologismo carentes de la racionalidad que exige una sociedad democrática, se tiende a extraviar el camino abandonando la tarea fundamental mandatada por la ciudadanía.

Anteriormente hemos hecho presente que este proceso requiere remover los “nudos” institucionales y jurídicos que la dictadura consagró, como cínicamente lo escribió el más relevante de sus cerebros, para que, cualesquiera fueran las fuerzas políticas que alcanzaran el poder no tuvieran otra alternativa que someterse a lo que quedó debidamente amarrado.

Uno de estos nudos, en que se sustenta el modelo neoliberal y se consolida una sociedad de privilegios, es el relativo a la protección del derecho de propiedad, considerado por los redactores del año 80, como la base sustantiva de todas las libertades individuales. El entramado levantado a partir de ese punto se mueve sinuosamente desde definiciones preliminares tales como la de consagrar su “función social” o el “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” del Estado sobre los yacimientos mineros” o la declaración del agua como “bien nacional de uso público”, para pasar luego, en contradicción con todo lo anterior, a una normativa práctica que, en los hechos reniega de lo antedicho.

El tema planteado abre las puertas a un profundo análisis pero, si se le mira desde el punto de vista de los derechos fundamentales de las personas, es precisamente en el derecho del acceso al agua potable dónde es posible encontrar un aspecto crucial del problema, vital por razones obvias.

El agua, ese “bien nacional de uso público”, que por su naturaleza es escaso e indispensable para la subsistencia humana y de innumerables seres vivos, por arte de birlibirloque es objeto de apropiación privada, perpetua, comercializable, heredable, sujeto por tanto a la explotación lucrativa y al abuso. El Estado, en una situación burda, injustificada e incomprensible, presionado por la demanda de comunidades humanas rurales y también urbanas apremiadas por una carencia insoportable, se ha visto obligado a año a año a comprar a los “privados”, pagando cuantiosas sumas, un bien que por su naturaleza es de propiedad común de todos los habitantes.

A los “privados” no les ha bastado con este dadivoso regalo. Día a día se han hecho públicos los casos individuales y societarios de usurpación de aguas mediante desvío de cauces de esteros y ríos, explotación clandestina de napas subterráneas, plantaciones indiscriminadas de árboles que absorben y secan el recurso, en que se han visto involucrados conocidos personajes públicos.

En tanto, los grupos humanos deben recibir un abastecimiento racionado, incierto, y, a todas luces, insuficiente, que les haga posible el mero “derecho a la vida”.

La realidad plantea desafíos fuertes que deben ser enfrentados.

El tiempo nos dirá si como nación hemos sido capaces de construir respuestas.

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