«La ética, la moral, las personas, la solidaridad, la justicia social y el medio ambiente, y una economía a escala humana, deben estar en primer lugar de los programas de quienes pretenden gobernarnos»

Actualmente nos leen en: Francia, Italia, España, Canadá, E.E.U.U., Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Chile.

Pero Bruto es un hombre honorable.

Hace un par de semanas, comentamos “el caso Torrealba”. Una funcionaria de la Municipalidad de Vitacura, amiga de la hija del sempiterno alcalde de  la comuna más rica de Chile, atemorizada por el vendaval que se avecinaba y de seguro aconsejada por su abogado con el fin de preconstituir una atenuante importante, se autoinculpaba ante la Justicia y declaraba que todos los meses un funcionario de las corporaciones privadas que el Municipio subvencionaba generosamente, le hacía entrega de un sobre con 5.000.000 de pesos en efectivo para el edil. El caso está en proceso de investigación y, por ahora, como dicen tan sueltos de cuerpo los altos dirigentes políticos de su sector, a Torrealba lo favorece “el principio de inocencia”.

Mas, una desgracia no viene nunca sola.

Ahora, el martes 14 de septiembre, el canal de televisión La Red en su ´programa “Mentiras Verdaderas”, hizo pública una investigación realizada por la ONG “América Transparente” que, al parecer y sin perjuicio del respeto que debe tenerse por el ya citado “principio de inocencia” en materia criminal, devela aristas desconocidas de  las gestión local en las “comunas del privilegio”.

Se hace público, así, que el Municipio de Las Condes, a través de su Corporación Cultural, ha traspasado más de DOS MIL MILLONES DE PESOS vía sueldos o boletas de honorarios, a altos dirigentes políticos, especialmente de la UDI.

Gonzalo Werner Müller Osorio, abogado, aparece como el mayor implicado. Él es el marido de la diputada UDI María José Hoffman. Acusado en su momento por la emisión de18 boletas de honorarios “truchas” a SQM por 125 millones, es director del Centro de Políticas Públicas de la U. del Desarrollo, estratega de la fracasada tercera campaña de Joaquín Lavín a la presidencia, panelista estable de Radio Agricultura e invitado predilecto de diversos programas televisivos. Con Lavín de alcalde, fue contratado por 2,5 millones mensuales “por asesoría en desarrollo de nuevos proyectos” (¿?) más otros 3,5 millones por mes para “el desarrollo de estrategias sobre políticas públicas comunales” (¿?), cifras que le permiten cuadrar el ingreso familiar con lo que recibe de la UDD, de Radio Agricultura y la dieta de su mujer parlamentaria.

Hay otros personajes interesantes, según la ONG. Uno, el abogado Simón Yévenes quien recibía $3.868.000 directamente de la Corporación Cultural lo que se sumaba a los $4.975.000.- que le pagaba la UDI cada treinta días por ejercer sus labores como vicepresidente del partido. Otros, son los casos de John Barra Inostroza, director de Administración y Finanzas que era remunerado con $8.039.500.- (y un contrato más modesto para su hijo), y del director de la Corporación Francisco Court Silva, con $ 8.410.000.-, cifra superior al sueldo del propio alcalde Lavín (y un contrato de 2,3 millones para su hijo animador digital). Las ramas se extienden a hijos de Jueces de Policía Local de la comuna, a cónyuges y parientes de alcaldes o ex alcaldes afines, de otras comunas, etc.

Los sectores de derecha, tradicionalmente se han caracterizado por tener en sus filas a reconocidos economistas, doctorados en la U. de Chicago y otros planteles estadounidenses de excelencia. Entonces, cabe la pregunta ¿Cómo es posible que en diez años se haya subvencionado a la Corporación Cultural, ente de carácter privado, sin fines de lucro, no sujeto a fiscalización de la Contraloría,  con más de 50.000 millones de pesos,  abriendo las puertas a un despilfarro de recursos públicos sin límites y sin control?

Las respuestas posibles son pocas: a) Incompetencia absoluta de las autoridades locales para gestionar la comuna sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo; b) Sustracción de cuantiosas sumas en beneficio personal por vías aparentemente legales: c) Extracción de recursos municipales para el financiamiento “del Partido” a partir del momento en que se complicó el financiamiento generoso que se recibía desde las grandes empresas; d) Todas las anteriores.

Felizmente, nada de esto está probado y, repetimos, debe primar “el principio de inocencia”. A lo mejor se determina que no hay delito, que no hay partícipes ni cómplices pasivos, que se trata de simples malentendidos y que todo es legal (lo que no necesariamente quiere decir que sea lícito).

Si nos hemos equivocado al reproducir estos datos, desde ya pedimos perdón. Lo que pasa, es que los hechos relatados nos llamaron la atención.

Es muy difícil que en todo este maremágnum haya delitos. Después de todo, se trata de gente honorable.      

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