Las cosas que hay que pensar.

El plebiscito de salida del 4 de septiembre constituye un punto de inflexión en la vida política nacional. Es común que las personas hagan gestos de desagrado hacia “la política” y “los políticos” sin considerar que el desarrollo de esta actividad involucra casi todos los aspectos de la vida en comunidad y, por lo tanto, afecta, para bien o para mal, a cada uno de nosotros.

Los opinantes y los opinólogos tienden a demostrar que en los ciudadanos chilenos se ha producido una clara contradicción entre la masa de votantes que en el “plebiscito de ingreso” se pronunció a favor de la necesidad de elaborar una nueva Constitución en una proporción abrumadora de 4 a 1 y la masa de ciudadanos que ahora, en una proporción de 3 a 2 ha rechazado el plato que se le ofrecía tras un año de trabajo de la Convención Constituyente e incluso están apareciendo los promotores de una nueva consulta inicial, personas éstas que, obviamente, lo que buscan  es detener todo  proceso de reformas sustanciales.

A todas luces, constituye una falacia afirmar que a la gente lo que le interesa son otros problemas que tienen que ver con su realidad inmediata y no el tema constitucional, argumento frecuentemente utilizado para eludir la necesidad de cambios estructurales en nuestra sociedad y así mantener un statu quo que favorece los privilegios de los sectores que han sido dominantes durante infinidad de años.

Nuestro país se encuentra hoy en una compleja encrucijada que va más allá de los problemas mismos que las grandes mayorías nacionales conocen y sienten ya que su enfrentamiento en buena forma requiere definir previamente caminos que conduzcan al fin perseguido y que sean racionales y viables.

De ahí la necesidad de separar aguas para que vayan por conductos distintos la demanda de una nueva carta fundamental, que racionalmente requerirá un tiempo determinado, nunca menor de un año, y la gestión de gobierno que deberá responder con la máxima inmediatez posible a tareas concretas que están en la primera línea.

La experiencia del fracaso – no es posible calificarlo de otro modo – de la Convención Constituyente, es un dato de la causa que no puede ser desconocido. Para evitar incurrir en los mismos errores ya vividos, es imprescindible un trabajo metodológico previo que, primero rescate los significativos avances que contenía el texto rechazado en materias tales como la consagración explícita del país como un “Estado social y democrático de derechos”, el relevamiento del Estado como un actor fundamental del desarrollo, el reconocimiento de los derechos humanos personales y sociales, la paridad y el respeto a la dignidad y a la cultura de los primeros pueblos del territorio, la protección del medio ambiente y la salvaguardia de los recursos naturales que están destinados a estar al servicio de la nación toda. En los campos que claramente han demostrado ser conflictivos, si no es posible alcanzar consensos amplios deben definirse las alternativas en juego para que una nueva entidad representativa y en último término la ciudadanía directamente se pronuncie. A nuestro juicio, este procedimiento debe seguirse a través de la institucionalidad vigente ya que la peregrina tesis levantada por algunos de entregar la deliberación constitucional a “los movimientos sociales” resulta demagógica, populista e inconducente. En este proceso debe tenerse claro, de una vez por todas que se trata de llegar a una Constitución amplia y flexible y no de elaborar un programa de gobierno.

Por otro lado, el Gobierno del presidente Boric debe hacerse cargo de la realidad de cara al país. Lo primero, es reconocer que su mandato es un mandato de minoría, ya que la diferencia entre la votación alcanzada entre la primera y la segunda vueltas – veinte puntos – corresponde en parte sustantiva a quienes lo eligieron como una opción de mal menor frente al candidato de la extrema derecha. Las cifras de la elección parlamentaria simultánea así lo demuestran y, por consiguiente, en los siete semestres que se tienen por delante, abocarse en lo grueso a tareas que merecen atención prioritaria: Seguridad y orden público, vivienda, salud, educación y seguridad social.

Un ordenamiento estratégico le resulta indispensable ya que una simplificación programática, debidamente comunicada al país, quedará grabada en la conciencia ciudadana más allá de las acciones de mera administración.