«La ciudadanía tiene el deber y el derecho de cuidar la democracia, salir al paso de cualquier posibilidad de extremos que pongan en peligro las libertades públicas. Digamos nó a la amenaza de fascismo en Chile , votar y votar bien, es nuestra responsabilidad.«

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Editorial: De cuarentenas y cincuentenas

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

La exitosa campaña de vacunación encabezada por el Ministerio de Salud, ha contribuido positivamente a cambiar el ánimo depresivo que reinaba hasta hace poco en gran parte de la población del país. La cifra oficial de 2.818.147 de personas vacunadas con primera dosis es alentadora más aun considerando que el 60% corresponde a adultos mayores catalogados correspondientes a categoría de alto riesgo.

Dos hechos, sin embargo, han contribuido a empañar esta gestión.

Uno, la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores anunciando la exclusión del proceso sanitario de los inmigrantes irregulares lo que fue de inmediato desmentido por las autoridades del sector ya que legalmente tales personas se entienden afiliadas a Fonasa y, lo que es evidente, que dejar a un sector de los habitantes sin esta elemental cobertura implicaba un riesgo franco de posibilitar un rebote de esta patología.

El otro, cuya investigación está en desarrollo, es que en las comunas de privilegio no se ha respetado la calendarización predeterminada y existiría una elevada cifra de individuos que habría sido priorizada para la vacunación en uso de contactos personales, políticos e incluso comunicacionales.  Conductas de este tipo, calificadas por la prensa como “vacunagates”, han generado importantes crisis políticas tanto en Perú como Argentina y resultaría inaceptable este tipo de abusos en comunas importantes de nuestro país.

Relativizadas las cuarentenas, se hace necesario tomar conciencia de que la ciudadanía se encuentra a solo cincuenta días de distancia del proceso electoral programado para el 11 de abril, instancia que presenta la novedad de convocar por vez primera a la elección de los Gobernadores Regionales y, en esta ocasión, de elegir a los convencionales constituyentes.

No resulta aceptable eludir un duro análisis crítico del trámite iniciado en noviembre de 2019 y que recibiera un categórico respaldo ciudadano en el plebiscito del 25 de octubre pasado.

Las definiciones adoptadas ese día dejaron muy en claro que Chile quería una nueva Carta Fundamental y que Chile no quería que en la redacción de este documento participaran los mismos de siempre.

Sin embargo, al momento de implementar las medidas legislativas necesarias para traducir en hechos la voluntad nacional todo se empezó a distorsionar.

Diversos parlamentarios optaron por renunciar a sus cargos y por postular como candidatos a convencionales constituyentes. Por otra parte, la normativa aprobada para regular el proceso implicó establecer una amplia serie de obstáculos para la participación de independientes a tal extremo que ahora, cuando las campañas correspondientes se han puesto en marcha, se ha descubierto que varios centenares de postulantes dispondrán de un segundo en la franja televisiva. O que aún no está resuelto el tema del financiamiento.

¿Es todo esto la consecuencia de una maquinación urdida por los “señores del poder” para obstaculizar los cambios que el país demanda? ¿O hay otros personajes responsables de lo que está sucediendo?

El temor ambiente en cuanto a que todas las esperanzas e ilusiones de la gente terminen diluyéndose, nos obliga a asegurar que, a la hora de cobrar las cuentas, las culpas deben ser determinadas.

Los grupos partidarios o extrapartidarios que han pretendido apropiarse de los frutos de la victoria de octubre, deben desde ya hacerse cargo de sus decisiones.

Su absoluta incapacidad para convenir “mínimos comunes”, tanto de procedimiento como de fondo, se ha traducido en una disgregación causada por el predominio de los intereses individuales o grupales, lo que hace hoy día previsible que las fuerzas del rechazo traduzcan su 20% en un 40% de convencionales solo como consecuencia de su unidad logrando una sobrerepresentación inusitada.

Pero, a todas luces el problema más grave tiene que ver con los indispensables acuerdos en materias de fondo. Efectivamente, si se quiere elaborar un marco institucional sólido que rija el funcionamiento de la comunidad nacional durante los próximos cincuenta años, es preciso tener claro que el objetivo del momento es el de remover todos los nudos y ataduras que obstaculizan la construcción de una sociedad realmente democrática regida por valores de justicia y solidaridad.

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