EDITORIAL. En busca de la seguridad.

Si se pretendiera determinar cual fue el factor principal  que determinó el amplio triunfo de J.A. Kast en el balotaje presidencial, podríamos destacar que tal fue “la demanda generalizada de seguridad”. Su contraparte, sin duda, fue la generación de un clima de miedo y temor que llevó a la ciudadanía a optar  por la búsqueda de soluciones de fuerza, medidas extremistas, aunque ello no se ajustara a la esencia de una sociedad democrática, olvidando lo que fue la vivencia de una dictadura.

En Chile, al igual que en otros países del mundo, siempre ha habido espacio para fuerzas sociales centrifugas que rechazan la adecuada y necesaria convivencia, prefiriendo los intereses y afanes grupales por sobre el bien común. La institucionalidad establecida es vista como un instrumento de dominación de un sector sobre otro y, al recurrir a acciones rupturistas, objetivamente perjudican el desarrollo político y social promovido por movimientos progresistas. Estos últimos se han visto afectados por aventuras antisistema al no haber tenido el coraje de enfrentar y aislar a quienes socavan sus proyectos programáticos.

Resulta indispensable, en consecuencia, frenar todo atisbo de anarquía, pero sin olvidar algo fundamental: ¿Cómo evitamos que las personas que ponemos a cargo de nuestra seguridad, se extralimiten,  exponiéndonos al abuso y al atropello de los derechos fundamentales de las personas? El problema de fondo consiste en tratar de entender las razones por las que la ciudadanía en un momento de la historia prefiere proyectos autocráticos que eventualmente pueden afectar sus  libertades, por sobre iniciativas más democráticas y razonables.

La contestación es simple. Si una comunidad se ve atemorizada ante el incremento del delito y la multiplicación de las organizaciones criminales,  a tal extremo que siente que no puede desarrollar con tranquilidad su vida personal, social, deportiva o laboral, lo único que espera con ansias es una respuesta rápida y eficaz ante los hechos, y sanciones duras e inmediatas a los presuntos autores. Toda garantía de un debido juzgamiento es considerada ridícula hasta que se constata  que un padre, un hijo, un amigo, pueden ser víctimas de una persecución arbitraria. Se espera así que el Estado, a través de todo un aparataje represivo nos proteja.

El Estado es visto como “el vigilante” encargado de  cuidarnos pero, surge entonces una cuestión ineludible: ¿Quién nos protege frente a los abusos y arbitrariedades del vigilante?

En una sociedad democrática, el  equilibrio entre los diversos poderes – Ejecutivo, Legislativo y Judicial – nos garantiza esa seguridad, pero, al mismo tiempo nos obliga a comportarnos como una ciudadanía activa que es parte del control crítico  de las actuaciones de los actores institucionales del proceso, coadyuvando a un ejercicio  legítimo de la autoridad.

Hoy por  hoy, el desafío de la comunidad nacional (precisamente para cumplir su papel) es el de erradicar la violencia en el marco de nuestras vidas. Una acción sostenida, desarrollada a través de las diversas instancias de la vida comunitaria -escuelas, colegios, universidades, entidades religiosas y filosóficas, gremios y sindicatos, medios de comunicación, redes sociales, etc.- puede llevarnos a una reconsideración de nuestros valores y conductas, relevando la protección de la vida humana y de la integridad física, el respeto mutuo y la reconstrucción de una convivencia basada en la no violencia, a un papel esencial de nuestras vidas.