Editorial. En busca del tiempo perdido.

El plebiscito del 4 de septiembre cerró una etapa trascendente de la vida nacional contemporánea. Nuestro país había iniciado un proceso de profundas reformas tanto de la institucionalidad establecida, como de consagración de los derechos fundamentales de las personas y, asimismo, de los derechos de la sociedad, normando las relaciones mutuas entre sus integrantes y entre estos y la naturaleza.

A decir verdad, el resultado fue un fracaso y una decepción.

El país, de hecho, perdió más de dos años de su vida y, como apuntan algunos, una ingente cantidad de recursos en una tarea que simplemente no llegó a buen término.

Sería torpe desconocer que la propuesta constitucional contenía múltiples aspectos positivos que significaban un avance para el desarrollo de Chile, tan torpe como negar que la sobre-ideologización de diversos grupos de constituyentes hizo que la Convención misma perdiera el rumbo.

Lo concreto, es que el proceso constituyente terminó siendo un proceso fallido.

Muchas veces hemos insistido en la necesidad de diseñar un marco constitucional que, erradicando los nudos gruesos de la Constitución del 80, que fueron establecidos para dejar “el modelo” atado y bien atado, luego de desarrollar principios básicos de lo que hoy se define como un “estado social de Derecho”, se elaborase una nueva Carta Fundamental lo suficientemente amplia y flexible como para permitir que en la contingencia democrática se fuesen implementando, conforme a la realidad de los tiempos, las reformas estructurales indispensables que la ciudadanía reclamaba.

Sin embargo, se optó por otro camino, en un afán refundacional que claramente era cuestionado por importantes ámbitos de la sociedad. En medio de un clima adverso social y comunicacionalmente, alimentado por frases, hechos y actitudes de muchos convencionales, se llegó a una situación límite en que la mayor masa ciudadana de la historia del país se mostró refractaria a un texto que ofrecía milagros y que al mismo tiempo incubaba una múltiple gama de problemas futuros. Era claro que también la opción del “Apruebo” era portadora de cuestionamientos importantes (reelección presidencial, iniciativa parlamentaria de gasto, superposición de autonomías en la estructura territorial, degradación del Poder Judicial, establecimiento ambiguo de sistemas paralelos de Justicia, supresión de hecho de una segunda cámara, voto privilegiado de pueblos indígenas…) pero no hubo voluntad de ver y escuchar el sentimiento profundo que albergaba el corazón de la ciudadanía.

En el análisis del dilema planteado al país, todos pudieron cometer errores o equívocos, y, aunque cueste creerlo, la respuesta afirmativa se tradujo en un problema básico de confianza: Si triunfa el “apruebo” ¿habrá voluntad y disposición para corregir y enmendar el texto presentado?  

 Cerrada esta etapa del ciclo, la pelota ha quedado en la cancha del Congreso Nacional y, a su través, de los partidos políticos tradicionales. Sobre los hombros de este poder del Estado y de las colectividades mencionadas, recaerá la responsabilidad de crear mecanismos adecuados para acoger las innovaciones positivas del texto ya rechazado y, con amplia participación ciudadana, crear una institucionalidad moderna y eficiente que haga posible concretar lo que el Chile real quiere.

Paralelamente, en el Ejecutivo ha habido cambios importantes y, sobre la nueva Ministra de Interior y Seguridad Pública, recaerá la dura tarea de imponer orden y seguridad restableciendo una normalidad de vida que cierre espacios a la violencia, el narco terrorismo y la delincuencia. En el resultado de su gestión en esta materia, se juega el éxito del actual Gobierno.

Así, será posible que recuperemos la esperanza.