Editorial: En terreno minado

La explosión social que ha azotado a nuestro país a partir del pasado 18 de octubre, constituye un hecho de la mayor gravedad y merecería, sin duda, un estudio exhaustivo para tratar de precisar las causas y razones de un fenómeno que sorprendió no solo por la amplia generalidad de las demandas de los manifestantes sino por la violencia irracional de ciertos sectores que, apoderándose del masivo apoyo alcanzado por el movimiento, lograron marcarlo a fuego con una agresividad que se tradujo en significativos daños, incluso con resultado de muerte,  a las personas y  a bienes públicos y privados.

Como punto de partida, debe precisarse que está fuera de toda discusión el hecho de que el alza de $30.- en las tarifas del tren metropolitano de Santiago no fue sino el detonante que hizo arder una tensión larvada que se percibía en el ambiente y que se expresaba día a día en los altos niveles de agresividad que manifestaban las personas en los diversos aspectos de su vida cotidiana.

Entonces, cabe preguntarse: ¿Cuáles han sido los factores que han hecho posible que una amplia gama de quejas y demandas sociales (como las ha habido siempre en la historia de Chile y en la inmensa mayoría de las naciones del mundo) se degraden en pocos días y degeneren en un ciclo impresionante de violencia y destrucción?

Es claro que la gran mayoría del país urbano ha ido acumulando por décadas una carga de malestar y rabia que, hasta la fecha, no encontraba los cauces para expresarse. Aunque la manipulación informativa y comunicacional ha procurado formar la convicción de que este era un país que avanzaba a tranco firme y se encontraba a las puertas del desarrollo, la fractura social, económica, cultural, era de tal nivel que ni la ideología contumaz del consumismo podía borrarla.

En el inconsciente ciudadano, pese a la farándula, los festivales, los espectáculos de toda especie, el cotilleo sobre la vida sentimental y pecaminosa de nuestros sobrevalorados astros y estrellas de la TV, permanecía la convicción de que se vivía en una sociedad de injusticias, privilegios y abusos. Una larga lista de puntos negros hacía aflorar la realidad por sobre la imaginativa publicidad.

El financiamiento ilegal de la política, las colusiones sistemáticas para manipular el mercado y los precios; la corrupción legislativa y administrativa  en materia de pesca, construcción  y medio ambiente; la evasión y elusión tributarias cometidas metódicamente por las grandes fortunas del país; la exportación de capitales hacia los paraísos fiscales para especular libremente y no pagar los impuestos legales encabezada por la máxima autoridad del país;  la convicción de que se mantiene un sistema penal inicuo que atrapa al mosquito pero manda a clases de ética a los poderosos; la transformación de derechos básicos de las personas como la salud y la educación en objetos de lucro sin escrúpulos, son agresiones cotidianas que violentan, por supuesto, la dignidad más elemental de las personas.

Por supuesto, y sería de necios desconocerlo, la indignación social generalizada ha sido infiltrada por grupos delictuales e incluso ligados al narcotráfico, que han encontrado ahí el caldo de cultivo apropiado para actuar, circunstancia que han utilizado los grandes medios de comunicación para estigmatizar la actitud de rechazo y condena de la sociedad a un modelo que se asienta en el egoísmo individualista y que desprecia todo lo comunitario y solidario.

Siempre es útil (no olvidemos que la historia es la maestra de la vida) determinar responsabilidades.

Los sectores que pueden ser incluidos en el marco de la “derecha política” deben asumir que la implementación y defensa de un modelo de sociedad que hace trizas la esencia de una convivencia más humana, está en la base del problema y, por lo demás, así seguirá siendo pues, como en el cuento del escorpión, la búsqueda incesante del dinero “está en su naturaleza”.

Sin embargo, el amplio mundo que, con todos sus matices, puede ser definido como progresista, tiene indudablemente una responsabilidad mayor. La corrupción de sus elites dirigentes; el acomodo de sus cuadros a los privilegios y comodidades de una convivencia inequitativa; la paulatina adaptación de su pensamiento y conductas a los intereses dominantes; su indisimulado alejamiento del mundo real de los trabajadores, de los pobladores, de los emprendedores individuales y familiares, de los estudiantes, del mundo rural; lo han hecho extraviar el horizonte y perder “su deber ser”.

El país vive un momento crucial de su vida. Puede dejarse estar y tolerar el predominio de la fuerza, la brutalidad, el descontrol, por sobre la razón. Puede también elegir el camino de la convivencia y del trabajo colectivo, terreno en que los seres humanos definen sus propósitos y objetivos y trabajan creadoramente para lograrlos, superando sus apetitos individuales y abandonando el patrón de valores que nos han tratado de imponer.