Editorial. Entre el presente y el futuro.

La Convención Constituyente tiene como misión principal la de delinear el futuro, es decir elaborar un molde que sirva de marco para el desenvolvimiento de la sociedad. Para cumplir tal tarea debe ser capaz de interpretar a cabalidad el sentir de una ciudadanía que, a primera vista, quiere vivir en un país plenamente democrático que sea capaz de superar el individualismo y construir las bases sobre las cuales pueda sustentarse una convivencia cívica equitativa y solidaria.

Lo dicho, que muchos pueden ver como una retahíla de lugares comunes, tiene una significación trascendente. El tránsito desde una democracia formal (la del depósito periódico de un papelito en una urna) a una democracia vital implica un cúmulo de derechos y deberes que se deben concretizarse efectivamente en la existencia cotidiana de las personas.

En teoría, está fuera de toda discusión la idea básica de que una verdadera democracia debe consagrar jurídicamente el reconocimiento de lo que se considera como derechos fundamentales y establecer los mecanismos adecuados para protegerlos de la agresión abierta o encubierta de quienes han sido mandatados para ejercer transitoriamente, en plazos prefijados y acotados, el poder. Desde el momento en que este principio es relativizado y solo se reconoce y acepta su importancia cuando favorece a un determinado grupo o sector del cual nos sentimos simpatizantes o afines, estamos fragilizando un valor esencial.

La construcción propiamente democrática debe reconocer y respetar los derechos de las minorías y estar siempre abierta a la posibilidad de que tales minorías puedan transformarse en mayoritarias por voluntad ciudadana. Cuando los secuaces de los totalitarismos pretenden clavar la rueda de la historia y asumen dogmáticamente que ellos son los poseedores de la verdad política y social indiscutida, están corrompiendo los cimientos del sistema.

La democracia es una forma de vida, una cultura en buenas cuentas, y ello implica aceptar – no solo tolerar – la existencia de un otro diferente, respetarlo, reconocer que sus derechos, sus valores, su ideología, sus convicciones religiosas, son tan valiosas como las propias y que, si bien él puede estar equivocado yo también puedo estarlo. Una democracia bien cultivada debe fomentar el diálogo y rechazar la violencia como método argumentativo. La denigración del adversario, las funas, la agresión física, son incompatibles con una convivencia sana. Como dice un viejo proverbio “la fuerza es el derecho de las bestias”.

El proceso constituyente viene a ser la prueba de fuego para la democracia chilena. En la medida en que los convencionales se amarran a lineamientos ideológicos, se niegan a dudar, no aceptan cuestionar sus propias convicciones, estamos simplemente cerrándonos a la opción de lograr un resultado que sea incluyente y aceptable. Existe el pleno derecho de la opinión pública a que le sean resueltas o aclaradas todas las dudas que le surgen al ciudadano común y corriente a partir de los textos en análisis y, por lo tanto, es inaceptable menospreciar todo cuestionamiento atribuyéndolo a falta de comprensión o a una inadecuada comunicación. Un ejemplo llamativo se ha dado en relación con las “acusaciones constitucionales” (cuyo campo se ha extendido inopinadamente) que en la eventualidad de ser presentadas y aprobadas por la “Cámara de las Diputadas y los Diputados” ( o el “Congreso de los Pueblos”) no serían ya resueltas por el Senado (órgano que sería eliminado) sino en una sesión plenaria conjunta de la misma Cámara acusadora con la Cámara de las Regiones, lo que constituye a todas luces una aberración ya que los mismos acusadores actuarían ex post como sentenciadores.

Así, los riesgos que plantea el propuesto sistema institucional no pueden ser minimizados y requieren ser aclarados y resueltos. Aun cuando se pretende mantener un presidencialismo morigerado, pareciera ser obvio que si la cámara política no está alineada con el Ejecutivo, el país se hará ingobernable. Por el contrario, si lo está, la posibilidad de que constituya un contrapeso eficaz termina diluyéndose con las consecuencias del caso.

En las próximas semanas, el proyecto constitucional deberá quedar afinado y resuelto. El período de análisis, discusión y debate, será extremadamente breve considerando tanto su extensión como la densidad y complejidad de su articulado. Será difícil allanar el camino si no hay un esfuerzo sincero por lograrlo.