EDITORIAL. ¿Marcando el paso?

En un momento dado, hace ya cerca de tres años, la ciudadanía chilena se pronunció categóricamente en cuanto a que deseaba una nueva Constitución y, también, en cuanto a que ella fuese elaborada por personas ajenas a la desprestigiada “clase política”.

Los convencionales electos para este fin, leyeron y entendieron mal su mandato y pretendieron asumir que estaban facultados para fundar un nuevo país. En un juego irresponsable, se conjugaron diversas grupos identitarios para entregar un producto que estaba muy lejos del sentir ciudadano y que fue rechazado por una abrumadora e inesperada mayoría. Atribuir el resultado a un manejo comunicacional de los partidarios del rechazo o a una apabullante campaña de fakes news, implicó no tener la capacidad de interpretar el querer del pueblo chileno.

El triunfo del rechazo, lamentablemente pulverizó variados puntos que significaban avances importantes en cuanto a las aspiraciones de la gente y desprestigió causas justas que, sin duda, merecían ser reconocidas.

Curiosamente, terminó siendo la propia “clase política” la que asumió la responsabilidad de definir el camino a seguir levantando un alambicado tinglado sustituto que pretendía mezclar “la sabiduría“ de expertos designados a dedo (y que, sin duda, eran representantes del statu quo) con la representatividad atribuida a “consejeros”  de elección popular que, por el mecanismo empleado, estaban lejos de representar fielmente al electorado.

En definitiva, el camino determinado está funcionando formalmente, el texto propuesto por la Comisión Experta obedece a cierta racionalidad académica pero no está implicando un involucramiento sustantivo de la gente común. Todas las encuestas han coincidido en demostrar el desinterés de las personas existiendo una notoria desafección por lo que se ha definido como “una Constitución de escritorio”, elaborada entre cuatro paredes y muy distante del Chile real.

Algunos nudos no han sido resueltos. Siguen estando pendientes de afrontar temas tales como la provisión de los derechos sociales, la situación y derechos de los pueblos originarios, la paridad de género y la descentralización. La mayoría predominante en el Consejo ha procurado centrar el debate en aspectos puntuales de su interés, tales como la propiedad de las aguas, la propiedad de los fondos previsionales, el acceso a la educación, buscando establecer desde ya reglas constitucionales que en un tiempo futuro impidan avances legislativos.

La participación considerada es muy débil y lejana. El conjunto de las presentaciones ciudadanas apenas sobre pasa los 200.000 patrocinios, lo que significa apenas el 1% de los electores.

Como los plazos corren y el tiempo avanza, es imprescindible que el Consejo asuma sin temores ni resguardos exagerados un régimen de relación efectiva y afectiva con las grandes mayorías para lograr que estas se sientan partícipes del proceso y no  como meros sujetos pasivos.

El riesgo de que finalmente el proyecto que sea sometido a la consideración ciudadana sea rechazado, debe tenerse presente. Una escasa mayoría sería a todas luces un fracaso. Una nueva Carta Fundamental exige un respaldo significativo y, tal como estamos procediendo, nos encontramos muy lejos de ese objetivo.