EDITORIAL. Nuevos aspectos de la libre competencia

Por lo general, la libre competencia se da en productos para el consumo diario del hogar o en materia de marcas, avances tecnológicos y precios de equipamiento electrónico. También se presenta en el área de los “intangibles” y así vemos como los periódicos y canales compiten por la primicia noticiosa al tiempo que buscan destacar aspectos que le den características particulares. Sin embargo, no siempre el funcionamiento de los mercados es perfecto ya que en no pocas ocasiones un medio pequeño “golpea” a los monstruos del periodismo o estos generosamente abandonan el combate optando por silenciar informaciones que parecían tener ribetes de escándalo.  

La comunicación social en Chile ha tenido en el último tiempo una agenda bastante nutrida.

A partir del escándalo de las platas municipales de Vitacura que mantiene hasta hoy en prisión preventiva al ex – alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), se ha destapado un torrente de situaciones, cada vez más graves, que terminan afectando la ya deteriorada imagen de las elites políticas perjudicando así la esencia misma de la democracia.

Al poco tiempo, fue cuestionada la alcaldesa comunista de Santiago, Iracy Hassler, por la oscura adquisición de una clínica sin que hasta ahora se hayan podido aclarar debidamente los dudosos antecedentes relativos a la tasación y sobreprecios del inmueble en cuestión.

Cuando las esquirlas del caso citado no terminaban de apagarse, estalló el llamado “caso Convenios”, constatándose la existencia de una verdadera red, organizada por militantes del Partido Revolución Democrática que, aprovechando la laxitud de la normativa legal relativa a la ejecución de tareas públicas a través de organizaciones de la sociedad civil, montaron un verdadero tinglado de fundaciones para sustraer dineros fiscales y utilizarlos con fines personales y partidarios totalmente ajenos a las necesidades y requerimientos de la comunidad.

En medio del fragor del escándalo descrito, que afectaba gravemente al propio gobierno del Presidente Boric, el centro de investigación periodística CIPER hizo pública la extensa grabación de una “reunión de trabajo” en que empresarios del sector financiero, con sus asesores jurídicos encabezados por el hasta entonces “prestigioso” abogado Luis Hermosilla, reconocían hechos delictuales  y se concertaban para  sobornar y cohechar a funcionarios públicos con el fin de evitar el pago de importantes sanciones.

Al poco tiempo, páginas y pantallas eran ocupadas por la etapa de formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (Independiente UDI). Investigada por amplias y constantes irregularidades (defraudación fiscal, malversación, falsificación de documentos y otras), la Fiscalía llegó a determinar, por ahora, un total de 31.000 millones de pesos cuestionados, al tiempo que el municipio dejaba sin pagar, por ejemplo, cuentas de luz por casi 7.000 millones.

Pero, entremedio, fluyeron los antecedentes (también develados por CIPER)  de las secretas comidas organizadas por el lobista Pablo Zalaquett para propiciar instancias de diálogo entre empresarios, grupos de interés y ministros de Estado.  Las tardías y rocambolescas explicaciones entregadas por las autoridades para justificar tan arcanos procederes, han causado de hecho un daño irreparable al Gobierno, al afectar las bases de confianza indispensables para el ejercicio de las responsabilidades públicas.

Pero el cuento aún no ha terminado. Están en carpeta los casos de los municipios de Algarrobo y Las Condes que bien pudieran ser catalogados como “noticias en desarrollo”.

La comunidad no puede permanecer indiferente ante esta sarta de problemas que, hasta ahora, parece no tener fecha de término. No se trata de una pueril competencia para determinar quien está comprometido en un escándalo mayor.

Los escándalos reseñados no solo comprometen la fe pública o los recursos fiscales que debieran ser ocupados estrictamente en subvenir las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Hay, en los casos, responsabilidades políticas mayores que deben ser asumidas.

La “comuna”, tal como lo dice su nombre, constituye la base a partir de la cual debe desarrollarse la vida en comunidad. Pretender utilizarla para corromper el sistema democrático o para satisfacer apetitos electorales personales o partidarios, implica un fraude condenable, que la ciudadanía no debe permitir.