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Editorial: Orden y Patria

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

La Constitución vigente, artículo 101, dispone que “las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que determinen sus respectivas leyes orgánicas”. Luego, precisa que, como cuerpo armado, Carabineros es esencialmente obediente y no deliberante”.

En el debate sobre el constitucionalismo moderno, existe consenso en cuanto a que una característica fundamental del Estado es que dispone de “imperio”, de autoridad, es decir de la capacidad indispensable para dar fuerza al Derecho, a la aplicación de las normas jurídicas ya sea por parte de la administración o por el adecuado y oportuno cumplimiento de las sentencias judiciales. En lo que se ha definido como “estado de derecho”, no debieran tener cabida ni la confrontación directa entre particulares (para resolver conflictos mediante la ley del más fuerte) ni la autotutela entendida como ejercicio de la justicia por mano propia.

Max Weber, relevante intelectual contemporáneo, ha precisado lo anterior en términos que se traducen en afirmar que en una sociedad determinada el Estado necesita disponer de la fuerza.  En sus palabras: “El Estado es una relación de dominación de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia legítima”. “Para subsistir necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en un momento dominan”.  Y, en ese contexto, un factor clave es en la mantención del orden público, conditio sine qua non para que un país funcione. Lo dicho es válido cualquiera que sea la orientación política de un gobierno.

El problema práctico radica en considerar que en un sistema político realmente democrático es indispensable que convivan las normas de autoridad y orden público con los derechos y libertades de las personas que, individual o colectivamente, exigen el acceso a tales derechos y libertades, cohabitación que debe ser salvaguardada por la institucionalidad.

En sus primeras cuatro décadas de vida, el Cuerpo de Carabineros consolidó un adecuado nivel de respetabilidad, ambiente en el cual los errores y abusos fueron mirados como casos individuales aun cuando no faltaron las acciones de ocultamiento de conductas indebidas. Sin embargo, el golpe de Estado de 1973, al integrar a la entidad a la institucionalidad de la dictadura la sustrajo de su papel de custodio del orden para transformarla de inmediato en un eficaz órgano represivo ya que, a diferencia de las Fuerzas Armadas, el largo brazo de la policía uniformada llegaba a todo el territorio nacional.

A partir del 11 de septiembre, con la autorización y la complicidad del mando, se inició una ola represiva difícil de dimensionar. Los fusilamientos ficticios y reales en la Prefectura de Concepción y en la desembocadura del Bío Bío, el lanzamiento al mar de los cuerpos de las víctimas, los ejecutados de Laja y de Lonquén, el degollamiento de los profesores Natino, Guerrero y Parada, el homicidio de José Randolph, constituyen solo algunos de los capítulos de un largo prontuario que socavó las bases morales de sustentación de la entidad.

En ese contexto, se entiende la degradación que en plena democracia afecta al ente policial. La gigantesca defraudación de fondos fiscales, el ocultamiento y la falsificación de pruebas en numerosas investigaciones en curso, la remoción de 35 generales, el enfrentamiento de más de 5.000 acusaciones por uso abusivo de la fuerza, las decenas de víctimas fatales y de lesionados graves e irrecuperables condenados unánimemente por los organismos internacionales de derechos humanos, ponen al descubierto una grave pérdida de la ética y la licuación de todo sentido de la responsabilidad. Más aún: en este momento, el tratamiento que las fuerzas especiales dan a las manifestaciones callejeras y camineras según sea su tendencia, constituye una inaceptable y vergonzosa forma de deliberación.

 Ahora, el Gobierno ha hecho público un dato grave y preocupante: las postulaciones de ingreso al cuerpo uniformado, han caído en un 71% en diez meses. El subsecretario de Interior ha atribuido esto a las bajas remuneraciones y a la carencia de una adecuada carrera funcionaria. La pueril explicación no considera la evidencia indesmentible del desprestigio institucional, por un lado, y la caracterización de la policía como una organización represora, factores que han llevado a que la población, pese a los numerosos ejemplos de actuaciones heroicas de su personal, les haya perdido el respeto que otrora fuera tradicional.

Abordar este problema no es un asunto de modernización sino de una renovación a fondo de sus estructuras y de la formación profesional de su contingente. Los ejemplos de importantes democracias europeas, como Alemania, Holanda, Suecia, entre otros, pueden constituir el punto de partida de una transformación radical. Las fuerzas de orden deben estar sometidas a un control civil efectivo, deben estar profundamente comprometidas con la sociedad civil, y con lo que constituyen los parámetros sustantivos de un orden democrático. La comunidad necesita imperiosamente recuperar a su policía y restaurar su confianza en ella.  

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