EDITORIAL. Pasen a ver el circo…

En comentarios anteriores, hemos recordado que en la historia contemporánea de la América Latina, solo tres países (Chile, Uruguay y Costa Rica) pudieron mostrar una fe inquebrantable en la democracia representativa y una vivencia efectiva de su aplicación práctica.

El largo período de la dictadura en nuestro país – diecisiete años – nos hizo salir de esa tarima privilegiada y respetable, habiendo sido hasta ahora – treinta y cinco años ex post – bastante incompetentes como para ejercer con responsabilidad la función pública.

La diversidad del espectro político, reflejada preferentemente en el seno del Congreso Nacional, ha generado un clima carente de seriedad y respetabilidad que ha ido corrompiendo la indispensable confianza que los ciudadanos deben tener en sus representantes.

El espectáculo ofrecido semana a semana, en especial por los diputados y diputadas, raya en lo grotesco, en particular cuando se pretende formular propuestas políticas a través de frases prefabricadas expresadas en puntos de prensa debidamente programados o se pretende legislar por medio de la exhibición de letreros preparados por el personal de Secretaría financiado, por supuesto, por los contribuyentes.

El último número del show fue presentado en la oportunidad en que el Parlamento debía pronunciarse sobre el proyecto de ley que autorizaba la realización de las votaciones para alcaldes, concejales, consejeros y gobernadores regionales, en dos días. La iniciativa – naturalmente “de fácil despacho” – se complicó al resolverse aspectos marginales (irrenunciabilidad de los feriados respectivos, perjuicio del comercio establecido, venta de alcohol, facilidades de transporte) para deslizarse hacia puntos esenciales que fueron ya resueltos al modificarse la normativa vigente y establecer la obligatoriedad del sufragio.

Un sector del Congreso, conformado en su mayoría por los representantes del oficialismo, estimó que esta era la oportunidad precisa para borrar, de hecho, el “voto obligatorio” y transformarlo en “voto voluntario” mediante el artilugio ingenioso de suprimir toda sanción por la no concurrencia a sufragar. La larga discusión que abordó en su oportunidad este dilema, simplemente quedó atrás ante los inconfesados y oportunistas intereses electorales del grupo de legisladores autores de la iniciativa.

Pareciera claro que la democracia implica derechos pero, también, deberes y uno de estos últimos, ineludible, es el de participar en la decisiones que afectan a la comunidad. Si en las ciudades-estado de la civilización griega, eran denominados “idiotas” quienes eludían esta responsabilidad, en los tiempos modernos se ha llegado a establecer que todos los ciudadanos – cualquiera que sea su condición económico -social – deben pagar impuestos pues el deber de contribuir al sostenimiento de la comunidad genera una ligazón esencial.

La irresponsabilidad de los legisladores aludidos, es tácitamente aplaudida por los grupos de extrema derecha que ven en este comportamiento una afectación real a la respetabilidad del sistema democrático en beneficio de sus afanes populistas.

Bueno sería que los ciudadanos tomaran conciencia de la gravedad de lo planteado y, en un año más, cuando deban elegir a sus representantes, mediten adecuadamente sobre los alcances de sus decisiones y los costos que este juego banal tienen para la vida del país.