Editorial: Por una democracia más democrática

Si se quisiera determinar un punto de partida para el proceso constituyente que, de seguro, se pondrá en marcha el próximo domingo 25 de octubre, bien podría afirmarse que fundamentalmente  el objetivo ideológico (aunque a muchos moleste esta palabra) es el alcanzar una mayor y una mejor democracia.

La Constitución de 1980 fue elaborada por un grupo de personas designadas a fines de 1973 por la Junta Militar de Gobierno surgida tras el golpe de Estado de ese año. La denominada Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile, tuvo entre sus integrantes a algunos académicos con credenciales democráticas quienes, al constatar que el prolongado proceso de elaboración constituyente estaba orientado a prolongar el accionar de una dictadura que se sentía con el derecho de gobernar sin límite alguno y a imponer un modelo socioeconómico, optaron por hacer dejación de estas funciones.

La historia escrita ha dejado constancia de que el propósito paladino era el de consolidar en lo político una democracia sometida a la “protección militar” y también un modelo de sociedad amarrado de tal manera que fuese inmodificable.

Si bien las reformas introducidas a la carta fundamental a partir de 1989 rompieron con diversos enclaves autoritarios lo que significó a todas luces un avance innegable, está fuera de toda discusión seria que aún se trata de un instrumento impuesto para posibilitar el ejercicio del poder por parte de ciertas elites que  tienden a perpetuarse en el tiempo.

Los grupos dominantes que se amparan en los privilegios que el actual ordenamiento les reconoce, saben perfectamente que por su propia naturaleza son matemáticamente minoritarios y su juego natural se orienta a transformar el régimen establecido en una “democracia de papel”.  

Así, el “voto voluntario”, la eliminación de toda acción pública tendiente a fomentar la educación y formación ciudadana, la farandulización  de la política, el financiamiento trucho de casi todos los partidos políticos, las normas restrictivas de las organizaciones sociales, las propuestas comunicacionales que a diario ofrece la prensa escrita tradicional y la televisión abierta claramente todas funcionales a los intereses de los dueños del poder, incluso el consumismo con su secuela de endeudamiento generalizado de la población, son algunas de  las piezas que hacen posible armar un rompecabezas que consagra una democracia alejada de los ciudadanos.

Cuando al elector se le enseña que su sufragio carece de toda incidencia en el devenir del país; cuando se le ilusiona con que algún día llegará el momento en que la riqueza de unos pocos chorreará hacia los sectores vulnerados; cuando se le forma en la convicción de que cosas tan básicas como la salud, la educación, las pensiones, no son derechos sino bienes de consumo a los que solo puede acceder en la medida que tenga dinero para comprarlos; y, además, se les cuenta el cuento de que quienes están en la cúspide de la pirámide social están ahí por sus méritos y no por lazos de familia, acciones especulativas y apropiación indebida de bienes públicos, simplemente hemos estado transformando el sistema democrático en un fraude.

Es necesario, por tanto, iniciar una nueva etapa en el caminar del país.

Es cierto que todo cambio profundo genera inquietud e inseguridad en la vida de las personas quienes, en muchos casos, prefieren permanecer en su actual estado de insatisfacciones y carencias que aventurarse en una senda cuyos hitos le parecen imprecisos y hasta oscuros.

Este clima de incertidumbre es alimentado por los defensores del actual orden de cosas que ven en el fomento de los temores y dudas un modo lícito de proceder para evitar que se trastoque una realidad que les es propicia.

De ahí la necesidad de que quienes reciban el llamado a ser conductores del cambio, a representar con fidelidad a sus mandantes, a asegurar la institucionalización de un ordenamiento que posibilite, además del ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos, la concreción de ideales de participación, justicia y solidaridad, lo hagan con plena responsabilidad.

Las redes sociales han demostrado ser útiles para cuestionar y hasta para demoler ciertos nudos críticos de la vida de la comunidad. Pero la obligada polarización de sus mensajes, simplificando la vida entre las opciones del bien y el mal, sin capacidad alguna para distinguir matices siempre presentes en las vidas personales, no necesariamente aporta a la construcción de un nuevo orden que sea debidamente apreciado por la mayoría ciudadana.

Los trancos que vienen serán cruciales y pondrán a prueba nuestra madurez para tejer un entramado que, por haber sido tejido por las manos de todos, nos asegure estabilidad dentro de un marco de valores fundamentales.